45 diputados del PP valenciano (el 85%) piden el indulto para el corrupto exalcalde de Torrevieja

Ezequiel Moltó. Alicante

Fue una rebelión soterrada, sin ruido. Un documento que el pasado miércoles circuló por la bancada del grupo parlamentario popular en las Cortes Valencianas solicitando el indulto para el exalcalde de Torrevieja (Alicante) y exdiputado autonómico Pedro Hernández Mateo, condenado a tres años de cárcel y siete de inhabilitación por los delitos de prevaricación y falsedad en documento público. Y la inmensa mayoría de los diputados —45 sobre 54— del PP lo firmaron sin ningún escrúpulo. El gesto representaba algo más que una muestra de solidaridad con un excompañero condenado. En la práctica era todo un desafío al presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, del que se apartaron la mayoría de los pesos pesados del PP valenciano, con la excepción del presidente del parlamento autonómico, Juan Cotino, y del presidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial, Alfonso Rus.

Fuentes de la dirección nacional del PP aseguran desconocer la iniciativa de los parlamentarios valencianos. Las mismas fuentes desvinculan al partido de esa iniciativa y aseguran que no le consta que haya petición de indulto, sino un escrito de apoyo al condenado.
Fabra lleva tiempo diciendo que ningún imputado formará parte de las próximas candidaturas del PP en las elecciones municipales y autonómicas de 2015 y en los escaños del PP se sientan hasta ocho diputados con problemas con la justicia; más otro, Rafael Blasco, que ahora forma parte del grupo de no adscritos tras su expulsión por un supuesto fraude de ayudas al tercer mundo en su época de consejero de Solidaridad y Ciudadanía.

Pero, además, la mayoría del grupo está conformado a imagen y semejanza del antiguo presidente, Francisco Camps, que dimitió poco antes de sentarse en el banquillo por su implicación en el caso de los trajes, una derivada de la trama Gürtel. La mayoría de esos diputados sabe que no va a seguir en la próxima legislatura. La firma a favor de Hernández Mateo y el desaire a Fabra les sale gratis.

Ocho imputados y otro más

En el grupo parlamentario del PP se sientan hasta ocho imputados. El noveno, Rafael Blasco, fue expulsado y ahora figura en el grupo de los no adscritos.

La alcaldesa de Alicante y el exalcalde de esa ciudad están siendo investigados por favorecer presuntamente a un promotor en el plan general de urbanismo.

Dos exconsejeras de Turismo, Milagrosa Martínez y Angélica Such, están implicadas por favorecer a la filial de la rama Gürtel en la adjudicación de los pabellones de la Comunidad Valenciana en Fitur.
Tres exaltos cargos orgánicos del PP, Ricardo Costa, David Serra y Yolanda García, están citados por la presunta financiación irregular del partido.

Vicente Rambla, exvicepresidente del Consell, se supone que actuaba como intermediario entre la administración autónomica y el PP para recaudar fondos.

Rafael Blasco, exconsejero de Solidaridad y Ciudadanía, ahora fuera del PP, está a la espera de juicio acusado de desviar fondos destinados a las ayudas al tercer mundo a unas ONG que se habrían quedado con el dinero.

Los ocho imputados forman un grupo variopinto. La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y el exalcalde de esa ciudad, Luis Díaz Alperi, están implicados en el caso Brugal, una supuesta trama para manipular el urbanismo de la localidad con el objetivo de favorecer al promotor Enrique Ortiz, con quien han compartido yate, regalos y vacaciones. Dos exconsejeras de Turismo, Milagrosa Martínez y Ángelica Such, se encuentran procesadas por favorecer presuntamente a Orange Market, terminal valenciana de Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel, en la adjudicación de los pabellones de la Comunidad Valenciana en Fitur. La fiscalía solicita para Martínez, conocida como La Perla, once años de cárcel y el embargo de sus bienes por un valor de 630.000 euros.

Tres exaltos responsables del PP en la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa, David Serra y Yolanda García, exsecretario general, exvicesecretario general y extesorera, respectivamente, de los populares valencianos, también tienen que responder ante la justicia por su presunta implicación en la financiación irregular del partido. A estos siete hay que añadir un exvicepresidente del Consell en la época de Camps, Vicente Rambla, que supuestamente actuó de intermediario entre la administración autonómica y el partido para facilitar la supuesta financiación irregular.

La división en el grupo parlamentario es de tal calibre que algunos dirigentes nacionales del PP estaban convencidos de que se iba a producir una fuga de votos cuando se planteó un proposición de Esquerra Unida sobre el mantenimiento de Canal 9 en las Cortes Valencianas. No fue así. El PP actuó como una falange, pese a que la votación era secreta. Pero ayer se abrieron todas las costuras con un tema muy sensible para los cargos públicos del PP.

Andrés Ballester, un diputado amigo de Hernández Mateo, impulsó la recogida de firmas con notable éxito. Salvo los miembros del Gobierno valenciano, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, el portavoz del grupo, Jorge Bellver, y un muy escaso número de diputados, el resto firmó un documento que pone en tela de juicio toda la política de líneas rojas establecida por el presidente Fabra.

El vicepresidente y portavoz del Gobierno valenciano, José Ciscar, intentó quitar hierro al asunto: “Los diputados que han pedido el indulto lo han hecho a título totalmente personal. Es legítimo y se suman a una iniciativa vecinal. Yo no la he firmado, ni me he planteado hacerlo”, dijo Ciscar.

El presidente de la Diputación de Valencia y el de las Cortes han firmado

“No me agrada que nadie vaya a la cárcel por cuestiones políticas”, explicó este viernes Ballester. “Ha firmado todo el mundo por su propia voluntad”, recalcó el diputado, quien explicó que su iniciativa es una muestra de apoyo a la de los hijos de Hernández Mateo, que intentan que la aceptación a trámite —por parte del Ministerio de Justicia— de la petición de indulto paralice el ingreso en prisión del exalcalde que también alega motivos de salud.

La dirección regional del PP guardó silencio, mientras la oposición exigió a Fabra la desautorización de la iniciativa.

Un político que acumula causas judiciales

El exregidor llegó al cargo con la ayuda de una tránsfuga socialista.

E. M. Alicante

Las causas judiciales a Perico, como llaman los amigos a Pedro Ángel Hernández Mateo, se le acumulan en los tribunales. El que fuera durante 20 años alcalde de Torrevieja, y que tuvo que dimitir de diputado autonómico al sentarse en el banquillo por la contrata de basuras, tiene varios juicios pendientes.

La Audiencia de Alicante ordenó en mayo de 2012 la reapertura de la causa contra el exalcalde por negarse a convocar diez plenos ordinarios durante los años 2005, 2006 y 2007. La decisión del exregidor propició una denuncia de Los Verdes por un supuesto delito de prevaricación y contra los derechos fundamentales en un Estado constitucional y democrático, que archivó el Juzgado de Instrucción número 4 de Torrevieja, y ahora se reabre.

Otro juzgado investiga si el entonces alcalde de Torrevieja presionó a su homólogo de Almoradí, Antonio Ángel Hurtado, ambos del PP, para que este recalificara una finca rústica propiedad del primero. La compraventa de ese terreno rústico le deparó, supuestamente, a Hernández Mateo una plusvalía de 5,2 millones de euros.

El que fuera todopoderoso alcalde de Torrevieja siempre se ha caracterizado por tener olfato político. Fiel aliado del expresidente valenciano Francisco Camps, fue uno de los primeros que le apoyó públicamente durante la lucha fratricida del PP que este libró contra los partidarios de su antecesor, Eduardo Zaplana, en la provincia de Alicante.

Cuando Hernández Mateo llegó a la alcaldía el pueblo tenía 20.000 habitantes y cuando la dejó superaba los 100.000. En 1988 desbancó a los socialistas con una moción de censura. Hernández Mateo, mancebo de farmacia, llegó al gobierno local merced al apoyo de una tránsfuga, la exalcaldesa del PSPV Rosa Mazón. En las cinco convocatorias municipales posteriores Hernández Mateo revalidó el cargo con mayoría absoluta.

El País