SÓLO EXISTEN TRES PLAZAS ASISTENCIALES PARA FACILITAR LA EXCARCELACIÓN DE LOS RECLUSOS. Colectivos sociales piden la creación de un centro especial para dar respuesta a los problemas de esta población.
DIARIO DE NOTICIAS DE ALAVA (CÉSAR MARTÍN).- Al menos 50 presos encarcelados en las prisiones vascas deberían estar en la calle al sufrir enfermedades terminales. Sin embargo, no lo están por falta de recursos con los que atender sus dolencias y circunstancias vitales.
Los datos, facilitados desde la Comisión Ciudadana Anti Sida de Álava, revelan la precariedad del sistema penitenciario y de las políticas de Bienestar Social de las diferentes administraciones locales, regionales y autonómicas a la hora de resolver situaciones y problemáticas como las descritas.
En ese sentido, son varias las voces que han surgido reivindicando la habilitación de un centro especializado para tutelar perfiles personales «complicados», como los que presentan algunos de los prisioneros que deberían beneficiarse de una excarcelación humanitaria tal y como dictamina la legislación vigente y que, no obstante, aún permanecen encerrados en alguno de los tres penales ubicados en la CAPV (Comunidad Autónoma del País Vasco) -Nanclares, Martutene y Basauri-.
La postura sobre la necesidad de un nuevo centro parece de sobra justificada. De hecho, en la actualidad, el penal de Nanclares de la Oca cuenta con una población de alrededor de 600 presos. De ellos, se estima que un 17% está infectado de VIH -Virus de Inmunodeficiencia Humana- y, de ellos, un 50% podría padecer el sida ya desarrollado. A ellos, habría que añadir a aquellos presos con otros problemas de salud mortales que deberían implicar la excarcelación del paciente.
No obstante, hasta la fecha, en Euskadi sólo existen tres plazas asistenciales en las que tratar a estas personas. Todas ellas se encuentran en Álava, en un recinto existente en el gasteiztarra barrio de Lakua-Arriaga.
Se trata de Besarkada Etxea, un servicio residencial gestionado por la referida asociación y que está dirigido a personas infectadas por VIH en un estado avanzado y que carecen de coberturas económica y socio-familiar suficientes para desarrollar su vida de forma independiente. «Esta solución es un parche, porque el recinto y sus 14 plazas no están preparadas para hacer frente al perfil humano complicado que tienden a presentar los presos que, junto a los evidentes problemas de salud, puede aparecer salpicado por taras sociales considerables», explica Miguel Ángel Ruiz, presidente de la Comisión Ciudadana Anti Sida.
60 USOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
Pese a la interinidad del servicio aportado desde Besarkada Etxea, este centro ha atendido en los últimos años a casi 60 presos, inquilinos habituales de la cárcel de Nanclares de la Oca, que fueron excarcelados por motivos de salud. Pero la realidad es caprichosa y no se puede esconder.
De hecho, el colectivo de presos excarcelables -por padecer patologías incurables y mortales- que requeriría un recurso asistencial especializado para su acogimiento sobrepasa con creces la oferta existente en la actualidad.
Sobre el particular, Miguel Ángel Ruiz es contundente. A su juicio, Euskadi necesita crear un centro específico para asistir y dar respuesta a personas «con muchos problemas que, en ocasiones, llevan cerca de 25 años en presidio, que padecen enfermedades como el sida y que tienen un comportamiento que puede rozar lo antisocial».
No obstante, la decisión de habilitar el centro para acoger a presos en estado terminal parte con poderosas razones en contra, al menos, de momento. De hecho, existen cuestiones competenciales que hacen que las diferentes administraciones eviten pronunciarse sobre la conveniencia de invertir en un complejo como el que se solicita.
Además, éste tendría que estar dotado con personal sanitario -Besarkada Etxea cuenta con un staff compuesto por un coordinador, una trabajadora social, un psicólogo, una enfermera, cinco educadores, una cocinera y una persona de limpieza, a todas luces, insuficiente- y con un presupuesto adecuado a las circunstancias, porque sería un recurso «caro», según Miguel Ángel Ruiz.
30.000 EUROS POR PRESO
Pese a ser conscientes de que un eventual recinto de las características del que se solicita sería costoso, desde la Comisión Ciudadana Anti Sida consideran que no lo sería más que lo que le cuesta al Estado mantener a los presos en prisión. De hecho, se estima que la manutención anual de un prisionero tipo alcanza los 30.000 euros anuales, cifra que se podría extrapolar a las necesidades del recinto reivindicado.
En cualquier caso, desde la Comisión Ciudadana Anti Sida son conscientes de que los presos son un «colectivo muy obligado, al que se destinan pocos recursos habitualmente. Es un grupo mal visto y que, encima, no puede votar. En general hay poca sensibilidad para con ellos».
Aún y todo, la estrategia de esta organización no desiste en su empeño. Por ello, ha mantenido «muchas conversaciones» con la Diputación, el Ayuntamiento y los departamentos implicados del Gobierno Vasco.
Lamentablemente, «tras los contactos, luego todo se para».