Perspectivas de la defensa tras el triunfo electoral del FMLN en El Salvador
Antonio Martínez-Uribe
Publicado en El Latino el 13 de Abril del 2009.
I. Importancia de la victoria electoral
Estamos viviendo un momento de gran importancia en el proceso político en El Salvador. El futuro de la izquierda y sus aliados dependerá no solamente de Mauricio Funes y Sánchez Cerén, Presidente y Vice Presidente electo, sino que del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que los propuso y catapultó, tiene una fuerte estructura organizativa y un programa de gobierno de consenso, de los aliados y la ciudadanía quienes jugaron un indiscutible papel. Se debe gobernar, hay que involucrarse de una u otra manera, con el mismo entusiasmo, con la misma o más voluntad e inteligencia con la que cada quien participó desde su trabajo y rol en el proceso de construcción de un nuevo país. El momento es capital. Creo que todavía no logramos valorar en toda su dimensión lo que ha significado este cambio. Y como he señalado, es un cambio que esperábamos desde hace mucho tiempo. Aunque en esto hay diferencias. Algunos dicen que tuvimos que esperar 500 años, desde la época de la conquista. Otros hablan insistentemente de que se trata de los últimos 20 años del gobierno de ARENA. En lo personal creo que la larga espera acompañada de una larga lucha, parte desde el momento de la independencia nacional en 1821, puesto que desde entonces la oligarquía ha estado controlando el aparato estatal salvadoreño y sus asuntos, como algo que solamente ellos consideraban que les ha competido hacer.
Cuando estoy diciendo oligarquía, no lo estoy haciendo utilizando un lenguaje despectivo o como opinan algunos, que es un lenguaje desfasado proveniente de la época de la guerra fría. Algunos “analistas” creen que la oligarquía es una mala palabra. Pues no. Se trata de un término para describir un grupo de poder. Es tan científico como hablar de élites del poder, democracia, imperio, imperialismo, dictadura, monarquía, burguesía, poliarquía, régimen y sistema político… Oligarquía no es un término peyorativo o insultante, forma parte de las categorías de las ciencias sociales para poder caracterizar el cuadro y el escenario del poder. En El Salvador tenemos una que ha venido mimetizándose y es ella la que ha sufrido una gran derrota electoral. Pero, sigue vivita y coleando como todos estos largos años.
Este triunfo es una cuestión de gran importancia política e histórica. No hay que mediatizarlo ni sobrestimarlo. Vemos las reacciones internacionales que se han dado y que siguen y seguirán dándose. No solamente hablamos de las llamadas a Funes de Obama, de Hillary Clinton o de la visita de Thomas Shanon, quien también visitó Honduras y Guatemala, inmediatamente después del triunfo de la izquierda. Sino que, aparte de esto, de todos los actores internacionales no menos destacados que están siguiendo con mucho interés la cuestión salvadoreña. De nuevo, desde la firma de los Acuerdos de Paz, o sea 17 años después, El Salvador vuelve a aparecer en la primera plana de prestigiosos periódicos mundiales, haciendo sus análisis. Existe entonces una gran expectativa. Que si Funes va alinearse con Lula o si con Chávez. Gazapos inventados por grandes centros de poder. Creo firmemente que no se trata de alinearse con nadie, sino de escoger lo positivo de los diferentes procesos de otros países y todo eso que pueda servir para nuestra gobernabilidad democrática, para construir seguridad ciudadana y desarrollo cultural, social y económico. Y visto así, tenemos muchas cosas que tomar en provecho propio. Una de las grandes enseñanzas de la experiencia japonesa es: seleccionar al mejor, imitar al mejor, superar al mejor.
Tendríamos que tomar bien en cuenta la creatividad del pueblo salvadoreño y sus liderazgos para reinventar nuestro país. Este es un momento sumamente serio en nuestra historia, deseamos convertirlo en un real punto de inflexión que nos vaya conduciendo paso a paso por una ruta independiente. Se trata de demostrar que muchas de las cosas que deben haberse hecho en nuestro país son cosas comprensibles, relativamente simples, aunque no superficiales, sino de grande y profundo contenido, que no se han hecho sencillamente porque los gobiernos pro oligárquicos y su corte no lo han querido.
Esta élite que ha sido la constante a lo largo de todos estos años, con algunas breves interrupciones: algún golpe de estado democratizante o la llegada de la democracia cristiana en los ochentas, han sido paréntesis muy breves en la historia de nuestro país. Schafik Jorge Handal explicaba que siempre históricamente la oligarquía con el apoyo de militares y civiles fascistas, conservadores, retomaron el poder y otra vez observábamos impávidos de cómo se reinstauraba la dictadura oligárquica en nuestro país. Claro, como ya lo están diciendo abiertamente, van a volver a intentar reconquistar el poder del Estado. Ergo: es vital consolidar y ampliar este éxito. Esperamos que bajo la dirección de Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, las cosas ya deban empezar a cambiar. 5 años de gobierno no es un plazo largo sino políticamente limitado.
II. Retos del nuevo gobierno. Importancia de la participación popular
Subrayan que, lamentablemente, el gobierno del FMLN con Mauricio Funes en su rol de Jefe de Estado, llega en el medio de una gran crisis internacional, dando a entender que es una victoria inoportuna. Queriendo decir que mejor sería que ARENA siguiera gobernando, porque el Frente con su candidato sube al ejecutivo en un momento nada bonancible sino extremadamente intrincado. Pues es de esto de lo que se trata: lidiar con la grave crisis nacional que ARENA nos hereda. Se trata de que los representantes de la izquierda a nivel de jefatura de Estado y gabinete, demuestren la capacidad para entrarle y empezar a resolver la crisis nacional e internacional del país. Si los factores estuvieran dóciles pues no habría mayores incertidumbres. Gran desafío es que el nuevo Gobierno como tal, le entre a la situación y empiece a demostrar voluntad e inteligencia, para resolver. Y eso no podrá hacerse sin la participación y acumulación social y política del FMLN, aliados y las organizaciones sociales y populares comprometidos con el programa de Gobierno de Mauricio Funes y el FMLN. No hay política que sea exitosa si no hay participación popular o no hay capital social, que ha sido uno de los graves problemas de ARENA de los que no padece tanto el FMLN. Las políticas de dolarización, privatización al ser impuestas e impopulares la gente las ha repudiado. Las nuevas políticas para encarar la crisis tienen que tener amplísimas consultas y participaciones de las organizaciones sociales y empresariales.
III. Defensa y seguridad pública
Cuestión prioritaria que tendría que hacer el nuevo gobierno es retomar los Acuerdos de Paz. Cuestión fundamental por su parte filosófica y contenido político. Y, claro está, la Constitución de la República. Hay que tener presente que los AdP condujeron a reformas a la Constitución. Primero se produjeron acuerdos o simultáneamente y luego se reformó la Constitución. De hecho, políticamente, se promulgó otra Constitución sin necesidad de una nueva Constituyente para refundar el Estado salvadoreño. Y es que la gran reforma constitucional que se hizo y fueron la razón de ser de los AdP y la gran concesión a la guerrilla, fue precisa: reformular el uso de la fuerza, central en la naturaleza de cualquier Estado, en el marco del régimen político salvadoreño. Es decir, la profunda reforma de sus instituciones armadas. A cambio de eso fue que el FMLN aceptó disolver su propia fuerza militar. De aquí entonces su trascendencia.
Eran los militares los que controlaban los cuerpos de la fuerza pública que eran varios, una parte importante integrados por civiles especialmente en el área rural, y por supuesto controlaban todo su aparato militar. La Fuerza Armada, como se sabe, gozaba de muchos privilegios, sin contar sus prerrogativas económicas, de una serie de atribuciones con rango constitucional. Ella era el Consejo Central de Elecciones, Corte Suprema de Justicia, Asamblea Nacional Legislativa, era la que velaba por la alternancia en el poder y además responsable de garantizar y defender el orden democrático. Era la hegemonía de la fuerza. Con el pacto con la guerrilla para lograr el cese de fuego y fin del enfrentamiento militar, todas esas funciones se distribuyeron en diferentes entes: CSJ, TSE, se creo una nueva Policía Nacional Civil (PNC) y una Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, entre otros planteamientos de reformas también considerables. Todo ello significó, aparte de profundas enmiendas al concepto de doctrina militar, depuración y reducción del tamaño de la fuerza, que los militares pasaban, planteado de una manera transparente, a hacerse cargo de la defensa nacional, entendida, según establecen los textos del pacto, como la defensa del país ante una amenaza militar externa.
Hay varias seguridades. Una es la seguridad nacional de la cual ellos y la oligarquía siguen hablando. Hemos tenido también oportunidad de darle un nuevo carácter al término y que ellos, en su momento, han aceptado. No tiene mucho que ver con aniquilar al enemigo interno dentro del país o sea todo aquel que desde la oposición luchaba legítimamente por llegar al poder político, cosa que, en aquella época, era públicamente considerado como anatema. Combatir la pobreza para esa idea de seguridad nacional significaba que uno era comunista, algo abominable que había que aniquilar por cualquier medio. Esa concepción de seguridad fue replanteada completamente por los AdP. Ahora vemos que la seguridad pública, el orden interno, es función de la PNC, creada para eso. No es sólo un problema policial, aunque cuando hablamos de seguridad empezamos a pensar en agentes armados. El tema de la seguridad pública tiene que ver mucho más con la institucionalidad civil que con la PNC. ¿Por qué? Porque la seguridad, la delincuencia, las pandillas juveniles, las maras, la violencia intrafamiliar, el narcotráfico, son problemas que ameritan que se involucren totalmente instituciones civiles que tienen que ver con la cultura, la educación, la salud, con el empleo, con el desarrollo económico y no solamente con el asunto represivo que juega su papel en última instancia No necesariamente se trata entonces de que la PNC debe tener más equipo, más armamento, más policías. Hay que fortalecerla pero también hay que demandar que el Estado en su conjunto, todo el aparato humano y recursos, se involucren en la política de prevención que ya hemos descubierto que es esa la gran salida para empezar a resolver esta cuestión.
Pero, ARENA ha comprometido a la Fuerza Armada en seguridad pública desde 1993, estando Alfredo Cristiani como Presidente. Ahora, 17 años, luego de haber firmado los AdP, parece algo habitual que los militares estén involucrados en algo que, por mandato de la Constitución, es excepcional.
La cuestión es que estas reformas se hicieron para instalar en El Salvador un régimen y sistema político democratizador, superar los graves problemas del pasado y empezar a construir y consolidar un Estado de Derecho.
Pero este Estado ha sido disfuncional para controlar la violencia, la delincuencia en toda sus formas, y garantizar seguridad ciudadana, que constituye prioridad uno a cumplir como Estado. Siendo así asoma la amenaza de involucrar de lleno a los militares para que pongan en orden una situación extrema. Y eso es algo sumamente peligroso para el régimen democrático. Los AdP establecen, también tiene rango constitucional, que la Fuerza Armada puede ser convocada a cumplir funciones de seguridad pública solamente en situaciones de emergencia, es decir excepcional. ¿Se trata entonces de que vivimos una situación de emergencia en el país desde 1993, tan sólo un año después de la firma de la paz? Mientras, la FAES se descuida de su tarea central y fundamental que es la defensa del país, la soberanía, el territorio ante una hipotética amenaza militar externa. Pero hay que hacer constar que, a pesar de esta ingerencia militar en la seguridad pública, dada la cada vez mayor incapacidad de la PNC y del resto de la institucionalidad pública para abordar eficazmente el problema, la delincuencia en El Salvador lejos de resolverse se ha agravado.
El Salvador desde 1992 tiene claramente definidos estos roles entre policías y militares, quizás como ningún otro país de America Latina. Oficiales militares latinoamericanos aprecian, desde entonces, el avance conceptual que se acordó para la FAES. Chile a quien se evalúa como el país más democrático de América Latina, tiene el mismo esquema que El Salvador tenía en la época antes y durante el enfrentamiento armado. Los militares chilenos, aparte de otras prerrogativas, controlan todos los aparatos armados e inteligencia del Estado e igual sucede en España. Y en Ecuador, por ejemplo, es en este momento que se discute este problema de definición de roles entre policías y militares, para no mencionar otros casos de nuestro continente. Y tal reforma en El Salvador, se dio no solamente para incorporar a la guerrilla a la vida legal, sino que la guerrilla demandó, propuso y aceptó las reformas para tener un escenario con mejores condiciones para continuar la lucha política y construir una democracia en El Salvador. Sin embargo, un elemento en este proceso democratizador, que va en la misma dirección de las reformas, como nombrar a un civil al frente de la cartera de defensa nunca, hasta la fecha, se ha puesto en práctica.
IV. La política de defensa es un tema de nación y de la sociedad civil
Con mucho respeto a la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), señalo un mito: Algunos creen que los únicos que saben de defensa son los militares y eso es una falsa afirmación. La defensa es un tema de interés nacional y es un problema de interés público. Es como el problema de la administración de la justicia, que es un bien público y nos interesa que funcione bien. No es un problema sólo de los magistrados de la CSJ. La administración de justicia debe ser impartida impecablemente. De la misma manera otras funciones pero refirámonos a la defensa que es algo amplio, haremos solamente algunas consideraciones.
A partir de otros artículos elaborados por expertos, es que el asunto se considera como algo secreto, que no debe de conocerse, que tiene que discutirse a puerta cerrada. Pero una cosa son los planes militares y otra cosa es la política de defensa que es algo muy relacionado también con la institucionalidad pública y que involucra a la sociedad civil y a entes privados. Por supuesto que no debemos revelar públicamente lo que son esos planes militares secretos si es que existen. Esto está clarísimo. Pero un estrato del componente civil sí debe estar al tanto, si no el control democrático no cumpliría su rol. Pero, Centroamérica cada vez reduce las posibilidades de amenazas militares dentro de la comunidad. Militares incluso así lo explican.
Por otra parte, se dice que la FAES necesita más recursos y eso lo dicen tantos voceros militares, y tanto ARENA como el FMLN. Más recursos. Pero no se dice en base a qué debemos asignar más recursos. ¿Aviones, helicópteros, misiles, carros blindados? Es imposible. Un autor español, Ignacio Cosidó, estudioso del asunto, propone digamos una fórmula y señala que esto de la asignación de recursos es una cuestión civil. La pregunta que él trata de responder es: ¿Cómo asignar los recursos para la defensa? Y la respuesta que propone es: combinar análisis de los factores internacionales, amenazas al país, Producto Interno Bruto, otras variables económicas, demanda de bienes sociales, las condiciones sociopolíticas del país y factores económicos y ambientales. Esta es digamos la ecuación de Cosidó que hay que responder para definir el como asignar recursos a la defensa y de que tipo.
Existen, claro está, otros criterios para resolver este problema. James Thomas Hill militar retirado como general de cuatro estrellas, fue Comandante del Comando Sur de los Estados Unidos del 2000 al 2004. Hill expresaba en el 2004, que los líderes civiles y militares deberían observar con honestidad qué es lo que necesitan sus fuerzas de seguridad, militares y civiles, para el Siglo XXI. Y lanzaba las siguientes preguntas: ¿Qué tipo y número de fuerzas? ¿Qué estructuras? ¿Cuáles son sus roles? ¿Cuánto pueden permitirse gastar?
Expertos del CHDS (Centro de Estudios Hemisféricos para la Defensa), sentencian, con muy buen tino que, en pleno tercer milenio, si su ejército no tiene armamento de última generación, lo que usted tiene no son unas fuerzas armadas modernas sino un museo militar. Como se dice, pensar en dotar de recursos a la FAES con armamento moderno constituye una ilusión. Sabemos que son casi nulas las posibilidades de nuestro país. Un avión de guerra usado de tecnología francesa, como un Mirage puede costar unos 600 mil dólares. Un helicóptero usamericano de última tecnología, como el Black Hawk (La señora Clinton en México ofreció recientemente préstamos para equipar con estos helicópteros al ejército mexicano en su lucha contra el narcotráfico.), cuesta unos 12 millones de dólares cada uno. O sea que para comprar un avión de guerra de segunda mano o helicópteros de estos, tendríamos que gastar casi todo el presupuesto de la defensa nacional que alcanza unos 120 millones de US dólares.
Según un estudio presentado reciente por el argentino Centro de Estudios Nueva Mayoría (CENM), Brasil es el 12º país en el mundo que más invierte en defensa, totalizando una inversión de US$ 20.700 millones en 2007, cantidad que representa más de la mitad (53%) del total utilizado por los 12 países que conforman la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) durante ese año. Datos preliminares muestran que para este año el gasto puede aumentar a US$ 27.500 millones. En diciembre pasado, el Ministerio de Defensa brasileño lanzó la Estrategia Nacional de Defensa, que prevé, como acción estratégica, “destinar, de forma continua, recursos específicos que hagan viable el desarrollo integrado y la conclusión de proyectos relacionados con la defensa nacional”, dando énfasis en el desarrollo de tecnología y fabricación de aviones de caza, submarinos, medios navales de superficie y armamento inteligente. En la región, después de Brasil, aparece Chile como el segundo país con más gasto en defensa (US$ 5.300 millones), seguido de Colombia (US$ 4.500 millones) y Venezuela (US$ 2.500 millones), según la revista America Economía (5 de Abril del 2009).
Y proponer aceptar ayuda internacional o donaciones en este particular y delicado dominio, debe resultar caro a nuestra dignidad e independencia nacional. Por otra parte, la demanda de bienes sociales es censurable: en materia de educación primaria más de 2.960 escuelas públicas carecen de agua, energía eléctrica, letrinas e infraestructura adecuada, una demanda de inversión social de unos 25 millones de dólares (EDH, domingo 5 de Abril del 2009)
También la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), y otros expertos latinoamericanos, han abordado a profundidad otro asunto de gran importancia en la cuestión: la transparencia del presupuesto militar conocido como Gasto Público Militar (GPM).
V. ¿Cómo se ha avanzado en la desmilitarización en El Salvador?
Debemos incidir en, como lo señalaba al principio, retomar los AdP que hablan de desmilitarización que algunos la consideran como equivalente a disolver la fuerza armada. No se trata de eso, como de ello se ha hecho gran alharaca durante el recién pasado período electoral. Se trata de que cada vez nos olvidemos del uso de la fuerza para solventar la conflictividad nacional e internacional. Sobre todo cuando, algunos sectores, no necesariamente militares, siguen pensando en que la fuerza vuelva a repetir el papel represivo contra su propio pueblo y sus demandas como lo hicieron en el pasado.
La gobernabilidad democrática entre más democrática sea, cada vez tendría que ver menos con la participación de los entes armados. Para ello es primordial entonces que cada vez se produzcan consensos entre los principales actores políticos del país. En la medida de que alcanzamos más consensos políticos en los temas prioritarios y estratégicos, que no en todos, el rol de las instituciones militares y policiales, es decir el rol de la fuerza, debería ser menor. Algunos creen que las protestas sociales son problemas que tiene que resolver la policía. Así pensamos. Cuando registramos que hay una manifestación popular, con demandas sociales, por el medio ambiente, por el agua, por la minería, por el ingreso, por la canasta básica, por el consumo, ¿En quien pensamos? En la policía o, peor aun, en los militares. Pareciera entonces que la protesta social es un asunto policial. Y esta mentalidad tenemos que combatirla y derrotarla. No puede ser que estemos pensando en más represión cuando nos damos cuenta de la protesta social que incluso es calificada de terrorista.
VI. Ministro de Defensa Civil
Se tiene una creencia de que no existen civiles capaces de asumir un rol en materia de defensa. En Washington, D.C., del CHDS, algo muy aparte de lo que hemos conocido como Escuela de las Américas, desde 1998 hasta 2008, ha graduado a un total de, entre otras nacionalidades del continente, 96 salvadoreños. De ellos 66 son civiles de entre de los cuales 30 son mujeres, el 45 por ciento de los civiles que han tomado el curso. Reciben capacitación de alto nivel en materia de logística, administración de la defensa, políticas de defensa, planificación de la defensa, relaciones públicas de la defensa,…un curso muy interesante. A él han asistido incluso ex comandantes del FMLN y también representantes de ARENA, diputados, centristas, independientes. El gran problema es que todas estas personas, no se han involucrado a esta materia o no han sido tomados en cuenta. Es el momento de actualizar esta información y utilizar este recurso humano para poder entrarle al tema/problema de la defensa en este nuevo período de gobierno de unidad nacional con fuerte peso específico del FMLN.
Sin irnos más allá de nuestro pasado, desde el pacto de 1992, El Salvador solamente ha tenido ministros de defensa militares aunque no existe impedimento legal alguno en los Acuerdos y en la Constitución para nombrar a un civil. Los militares nunca han mostrado oposición a ello.
El Ministro de Defensa debería de ser un civil. Al menos por dos razones. Primero por la necesidad de continuar democratizando el país, no solamente las fuerzas armadas y además porque autores reconocidos consideran que lo que le da mayor legitimidad a las fuerzas armadas en cualquier país del mundo, es el control civil electo democráticamente. Un civil quien debe tener suficiente formación y criterios para conceptualizar, implementar y evaluar una política de defensa en la que están incluidos, por supuesto, todos los planes militares como un componente de toda la política pública de defensa. Pero no tiene porque ser un experto en asuntos militares. La cuestión militar es competencia de los militares pero la guerra y la defensa nacional es un asunto civil.
Georges Clemenceau, estadista y pensador francés, sentenciaba a los inicios del Siglo XX: La guerre est une chose trop grave pour être confiée à des militaires. (La guerra es una cosa demasiado grave para confiársela a los militares). Debe, entonces, en el marco de un régimen democrático, haber un serio compromiso del poder civil electo democráticamente en este asunto.
Ante esta pregunta: ¿Cuáles pueden ser las novedades de la Política de Defensa en el nuevo gobierno de izquierda en El Salvador? Ó, ¿Qué es lo que puede haber de nuevo? Lo políticamente significativo en este dominio del cambio sería, para empezar, nombrar a un Ministro de Defensa Civil, ya sea hombre o mujer. Sería un gran paso.®
. Sociólogo Politólogo. Ex Director Académico del Colegio de Altos Estudios Estratégicos (CAEE) de la Fuerza Armada de El Salvador. Graduado del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa (CHDS). Miembro de Red de Seguridad y Defensa de América Latina (RESDAL). Catedrático Escuela de Relaciones Internacionales, Universidad de El Salvador.