La presunción

Andrés Castaño Pérez

El primer ministro Isaac Rabin tuvo que renunciar a presentarse a la reelección en 1977 cuando la prensa descubrió que su mujer mantenía operativa una cuenta con varios miles de dólares en Estados Unidos tras el paso de su marido por la embajada en Washington. Aquel escándalo, que hoy merecería una sonrisa condescendiente en la era de las transacciones virtuales, contradecía la legislación israelí de entonces y Rabin marchó al ostracismo hasta que en 1992 volvió a ocupar la Presidencia del gabinete tras una serie de escorzos y regurgitaciones que sólo pueden darse en la política israelí. En otro lugar, la carrera de Rabin hubiese languidecido irreversiblemente, con una somera rehabilitación tal vez y algún cargo destacado pero inoperante. Esa es al menos la tradición española respecto de los políticos colocados bajo sospecha: ésta nunca termina de desvanecerse y el afectado la sobrelleva como un estigma a perpetuidad.

No existe un criterio constante acerca del momento en que la presunción de inocencia cede ante la honorabilidad pública y esa indefinición convierte cualquier escándalo en un juego peligroso. Demetrio Madrid, el presidente de Castilla- León hace cinco lustros, dimitió por unos millones que se habían desperdigado en las proximidades. Aunque no había sido condenado, de hecho fue absuelto posteriormente, una concienzuda campaña de desprestigio dirigida por un tal José María Aznar bastó para que los intereses electorales del PSOE se impusieran al hecho incontrovertible de que Demetrio Madrid clamaba por su inocencia y ni siquiera había sido juzgado. La explicación moralizante de aquel episodio difuso era que la responsabilidad política tiene un ámbito más extenso que la jurídica. Como todas las bobadas pomposas, esta aparente sobredosis de ética ha terminado provocando el efecto contrario al previsto: se acude al juzgado como táctica, esperando que el indicio más irrelevante excite la diligencia judicial. Por ejemplo, una citación como imputado.

Los críticos lo llaman «judicializar la vida política», pero ocurre que los críticos lo son a tiempo parcial. Reservan su desdén para los casos que afectan a su tribu, mientras que exigen «luz y taquígrafos» cuando es el contrario quien debe pechar con las insinuaciones. Ahora le ha llegado el turno a Camps, el presidente de la Generalitat, por un cambalache de cuantía ínfima que en cualquier caso debería abochornarle por su mezquindad: ¿Bastan dos trajes para que te encarguen organizar una regata? La respuesta es tan furtiva como la que dio un seminarista al argumento ontológico de San Anselmo acerca de la existencia de Dios: «Y yo qué sé». Pero cunde lo político y no fatigosas categorías llamadas cohecho, tráfico de influencias y otros epígrafes del Código Penal. Por no hablar de las garantías procesales y media docena de artículos esculpidos en ese mamotreto inservible que es la Constitución.

La situación es tan delirante que Jorge Alarte ha exigido la dimisión de Camps debido a su imputación, con lo que implícitamente está exigiendo también la del alcalde de Elche. No teman: el PP de Elche exigió hace unas semanas la dimisión del alcalde y ardo en deseos de que convoque una rueda de prensa para explicar por qué se opone a que Camps le imite. No se trata de hacer justicia, sino política, y el hecho de haber asumido que los tribunales son otro elemento de la ecuación califica tanto a un juez servil como a un político sin escrúpulos. Otro político derrochador, el ministro británico Jack Straw, ha sido sorprendido con una dudosa nota de gastos y un periodista le ha preguntado cómo era posible que el contribuyente pagara la ropa interior de su señora. Adivinen su respuesta: y yo qué sé. Todo es muy ontológico y no crean que Camps o Soler serán más locuaces. La diferencia es que Straw ha hablado en el Parlamento y no en un juzgado.

Andrés Castaño Pérez es abogado

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