La clase política de medio mundo está aprovechando la oportunidad histórica que le ha brindado la crisis económica y financiera para justificar la intervención masiva del Estado en la esfera privada de los individuos y empresas a base de subvenciones, rescates públicos, planes de estímulo, proteccionismo comercial, nuevas y estrictas –que no mejores– regulaciones y trabas administrativas.
Todo un conjunto de medidas cuya factura será sufragada, íntegramente, por el bolsillo de los contribuyentes. Pero un trabajador que cobra 1.100 euros netos mensuales gana, en realidad, 1.870 euros. El problema es que la Seguridad Social se come 600 euros todos los meses, mientras que el IRPF retiene 170. No obstante, el contribuyente medio trabaja 129 días al año, que se dice pronto, en exclusiva y a jornada completa para Hacienda. “El Estado, por una u otra vía, se queda con el 40% del sueldo de un trabajador medio”.
Algunos dirán que ese dinero sirve para sufragar las prestaciones sociales. ¿En serio? En realidad, usted está pagando un servicio público de escasa calidad –atención sanitaria y educativa– a un precio de oro. La sanidad y la educación no son gratuitas, salen de su bolsillo, al igual que el subsidio del paro, los rescates bancarios, las ayudas a la compra de coches, las subvenciones agrícolas, el PER, las primas a las renovables o los préstamos blandos a empresarios amigos y promotores en quiebra. El Estado tan sólo redistribuye de forma arbitraria la riqueza que crean empresarios y trabajadores.
Ayer os decíamos que la situación económica no la levanta ni “La Masa”. Hoy queremos fijarnos también la situación de los ayuntamientos. El estado de las cuentas los ayuntamientos es todo un poemón. Como la forma de elegir alcaldes y concejales y cuyo poder es el mismo que obtiene un presidente de gobierno, quiere decirse que estamos ante un dictador en potencia, pues la ley así lo establece. Por eso en los años que mediaron entre el 2000 y el 2007, y como no tienen que dar cuentas a nadie de su gestión, se permitieron el lujo de pensar que los hiperingresos que estaban obteniendo por tasas y gravámenes derivados del boom de la construcción iban a ser eternos, que siempre iba a continuar construyéndose como se estaba construyendo. Por eso la cosa está clara. Del estado actual de las cuentas municipales sí hay culpables, y debería haber responsables. Aquí y ahora no nos debe valer aquello de ‘a toro pasado es muy fácil’, ni tampoco esa de que “nadie es culpable de la crisis que está llegando.”
En Economía se pueden cometer muchos errores, pero hay uno que se ha estado cometiendo con soltura y despreocupación: considerar como habituales ingresos que son extraordinarios, temporales, atípicos, ocasionales, aunque el tiempo durante el que se obtienen sea dilatado; y la inmensa mayoría de los ayuntamientos del reino se lanzaron a una dinámica de gastos absurda, suicida.
Y no sólo eso, sino que los amigos de gestionar el dinero ajeno se embarcaron en gastos cuya utilidad fue nula, es nula y seguirá siendo nula. Pura ineptitud, tanto de quienes gobernaban como de la oposición; y tanto desde la capital nacional como desde la regional. Y esto alguien lo tiene que pagar.
Los dineros derivados del boom del ladrillo a todo el mundo le fueron muy bien: al Gobierno central porque los regionales les pedían menos o no con tanta insistencia; a los Gobiernos regionales porque podían sacarse servicios de encima hacia los ayuntamientos y/o dilatar el pago de servicios realizados por los ayuntamientos que debían ser pagados por los Gobiernos regionales; a los Gobiernos municipales porque les permitía hacer cosas nunca antes soñadas, algunas ni siquiera deseadas. Y, bueno, se acabó el turrón. Y lo peor: No hay recambio. No sólo no existen otros ingresos en cartera para sustituir a los que se han ido y no van a volver, sino que ingresos que ahora existen van a reducirse: en una crisis la actividad económica cae, y en una crisis sistémica más; además, no va a haber la posibilidad de que los Gobiernos municipales pongan la mano para que los Gobiernos regionales depositen unas monedas: estos van a encontrarse igual: con sus ingresos a la baja: el Gobierno de España estará igual.
Ante una situación como la que se está viniendo encima, el camino es simple: aplicar el Presupuesto Cero: ya saben, definir aquellos gastos que son esenciales para funcionar; por lo que ya deberían ponerse a borrar de la lista los gastos innecesarios.Pero esto no lo harán, lo que harán es que, aun estando con el agua al cuello aumentarán su nivel de endeudamiento y como no tienen que dar explicaciones y menos a los indolentes votantes que los ponen ahí se regoderarán en el refrán: “¿No quieres caldo?, ¡pues toma dos tazas!”.
Y así se escribe la historia, unos deciden y otros pagan lo decidido. Luego dicen que esto es “vivir en democracia.” Asi que el contribuyente debe saber que habrá de trabajar más días al año ( ahora 129) para Hacienda. ¡Ale, a votar!