Esquerra pide que la Constitución no dé poder al Ejército para «invadir» Cataluña

D. M. Madrid- El artículo ocho de la Constitución española afirma que «las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional».

Este artículo fue ayer motivo de una breve pero intensa discusión en el Congreso. A ERC no le gusta la formulación constitucional de la misión de las Fuerzas Armadas, porque «da poderes [al Ejército] para invadir Cataluña en caso de que la mayoría de nuestro pueblo decidiera independizarse». Por eso, el portavoz adjunto de la formación independentista, Joan Tardá, instó ayer al Gobierno a «modificar en la próxima reforma constitucional el artículo ocho de la Constitución para no utilizar el Ejército contra un pueblo que democráticamente decide su destino». Lo que podría haber sido el origen de un nuevo debate y un enfrentamiento entre unos bancos y otros del Congreso fue zanjado contundentemente por el ministro de Defensa, José Bono. Tras pedirle la Constitución a su compañero de escaño, el titular de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, Bono subió a la tribuna de oradores y aseguró que «al ministro de Defensa no le incomoda» este artículo y después de afirmar que antes de modificar el citado texto cambiaría otros, recalcó que «no estoy dispuesto a promover su modificación».

El presidente del Congreso dio paso a posibles respuestas, pero el debate se zanjó con la afirmación del ministro. Decreto de indemnizaciones. Bono había acudido ayer a la carrera de San Jerónimo para la aprobación del Real Decreto de indemnizaciones a los participantes en operaciones internacionales de paz y seguridad. La norma, promovida a raíz del accidente del Yak 42 y de los fallecimientos en Iraq, incluye no sólo a militares sino también a diplomáticos, periodistas e incluso religiosos, un colectivo del que el ministro ha pedido una relación de fallecidos a la Conferencia Episcopal. El Real Decreto, aprobado ayer, beneficiará con indemnizaciones similares a las que reciben las víctimas de atentados terroristas a más de cien familias de víctimas de misiones en el exterior desde 1975: 90 militares, seis policías y guardias civiles, tres diplomáticos y siete periodistas. Las indemnizaciones ascienden a 140.000 euros por fallecimiento, 390.000 por gran invalidez, 96.000 por incapacidad absoluta, 48.000 por incapacidad total y 36.000 por incapacidad parcial.