A la Cañada le quedan 48 horas de vida
Una ley consensuada acabará con el mayor asentamiento ilegal de España .
DANIEL BORASTEROS / DANIEL VERDÚ – Madrid
Dos días de reflexión. Después de más de 50 años de existencia, las construcciones ilegales de la Cañada Real Galiana, una variada serpentina de 14,2 kilómetros y más de 40.000 habitantes, ya tienen fecha de caducidad. Este martes, la mesa especial constituida por el Gobierno regional, la Delegación del Gobierno y los ayuntamientos de Madrid, Rivas, San Fernando y Coslada se reunió por segunda y última vez. Se dieron 48 horas para presentar la ley general definitiva que regulará la vía pecuaria. Un articulado que, en resumen, convertirá un terreno público en uno propiedad de la Comunidad, que, a su vez, dejará a cada consistorio afectado decidir lo que hace con su tramo.
La norma permite la desafección de la Cañada, lo que significa que los terrenos se podrán vender, legalizar, construir, convertir en zona verde… Lo que quieran los ayuntamientos.
El único problema, el desacuerdo que retrasa un par de jornadas el desenlace, es una disposición adicional para que quede fijado en negro sobre blanco que, antes de hacer cualquier cosa, los afectados deben presentar un plan urbanístico y social que contemple qué sucederá con los actuales habitantes. Una petición cuyo sentido último, según fuentes de los asistentes a la reunión, es el de evitar el desorden que supondría un desalojo de esa magnitud en zonas conflictivas. La Delegación del Gobierno y Coslada han sido «la parte de la mesa», según uno de los presentes, que ha solicitado ver ese anexo por escrito antes de dar su aprobación.
Los ediles de Madrid y de Rivas «se fían de la Comunidad y han aceptado los términos en los que ya está redactada la ley». Uno de ellos reconoce que «debe ser un instrumento jurídicamente vago» el que garantice los realojos u otras soluciones que se den a los moradores de la vía. Ninguno de los actores participantes quiso hacer valoraciones oficiales, pidiendo que se aguarde a la solución final para emitir su opinión, aunque ya disponen del documento casi final.
La Delegación del Gobierno no quiso hacer valoraciones. «El modelo está cerrado. Nuestras propuestas se han aceptado. El Ayuntamiento de Rivas y de Madrid y la Comunidad de Madrid estamos de acuerdo. Tenemos que felicitarnos», explicó este martes la concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Pilar Martínez. Precisamente, el Consistorio madrileño presionó para que se incluyera en la disposición segunda de la ley el previo acuerdo social y urbanístico antes de que los terrenos puedan desafectarse. Y la Comunidad ha aceptado. El Ayuntamiento de Coslada y la Delegación del Gobierno quieren verlo por escrito.
Un portavoz de la Comunidad de Madrid confirmó este martes el principio de acuerdo alcanzado y previó el desenlace final dentro de unas 48 horas o, incluso, a principios de la semana que viene.
Pero la sustancia de lo discutido, lo más relevante del texto que regulará la zona por ley y que ya está redactado, es que la norma dará a los ayuntamientos «los instrumentos urbanísticos necesarios para solventar el problema específico de cada sector». Y lo hará porqué elimina el dominio patrimonial sobre el medieval camino de rebaños, ocupado por viviendas, grandes chalés y chabolas desde finales de los años cincuenta.
Sin embargo, aunque casi todos dan por concluidos los trabajos y consideran que esta es la norma definitiva, sus resultados no se podrán ver hasta dentro de al menos seis meses. La causa es que para que se cumpla con la obligación que marcará la ley de tener un proyecto urbanístico definido antes de hacer nada, se debe concluir el censo completo de la senda. Una tarea que ya comenzó hace algunos meses en colaboración con los técnicos de los municipios, pero que está lejos de concluir.
La complejidad de la norma también se debe a las diferencias que hay entre los tramos. Desde la zona de Coslada, en la que residen familias completamente normalizadas y hay hasta hoteles y restaurantes, hasta el extremo de Valdemingómez, donde está instalado desde 2006 el mayor supermercado de drogas de España, pasando por los sectores de Vicálvaro o Rivas, principalmente habitados por inmigrantes, sobre todo marroquíes.
Todos ellos tendrán que empezar a buscar soluciones.
Diario El País
Los políticos crean nueva legislación para que se pueda desalojar y especular con la Cañada Real Galiana (Madrid)
Por cierto, de flipar como acaban de dar la noticia en Antena 3. Según la cadena los vecinos están encantados de que se vaya a «normalizar» la situación. Información que aderezan con todo tipo de mensajes triunfalistas entre el que se les escapa algo así como «la comunidad de madrid se encargará de la parte social, realojando a las 40.000 personas, y los municipios de urbanizar la zona». O sea, que lo pinten todo lo rosa como lo quieran pintar la intención es el desalojo de toda esa gente. Del «realojo» me río y me descojono, de hecho la mayoría es gente sin papeles de nacionalidad y sin documentos de propiedad, a la que van a poder mangonear cuanto quieran.
Luego entrevistaron a cuatro o cinco personas que debieron ser las más cutres que encontraron, todas españolas, de las que solo dejaron declaraciones como «yo no pagué nada por meterme en esta casa, cuando llegué estaba abandonada», o «la pura miseria nos come por todas partes». Como punto final un reportaje de periodistas dentro del coche de la policía secreta filmando operaciones contra camellos y pequeños chorizos en la zona.
Después de ver eso ¿a quien no le va a parecer maravillosa la nueva legislación de los políticos? ¿Tendrá antena tres intereses urbanísticos en la zona?
Conclusión: los especuladores planifican jugosos negocios, los políticos (que llevan comisión) les legalizan en expolio, los medios de comunicación (participados por los especuladores) preparan a la opinión pública, los antidisturbios de la policía expulsan a la gente de sus casas a hostia limpia violando todo tipo de leyes y derechos, los medios de comunicación vuelven a entrar en acción para que la opinión pública se quede con una idea distorsionada (la gente del barrio son delincuentes y violentos, la policía ejerce fuerza proporcional), por último los especuladores reurbanizan, edifican, recogen los beneficios y se los llevan a paraísos fiscales.
La única solución a esto es la organización de la gente y luchar por cambiar este sistema hecho por «ellos» y organizado para «su» beneficio.
Viva el comunismo libertario.