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Movimiento campesino paraguayo anuncia asambleas populares para apoyar ola de movilizaciones y ocupaciones.
Las fuerzas represivas se lanzan a apresar cientos de campesinos que ocupan tierras, muchos de ellos son llevados sangrando a las cárceles.
Campesinos se preparan para volver a invadir la estancia «Carla María»
CORONEL OVIEDO.
Los integrantes de la Federación Nacional Campesina (FNC), desalojados el jueves de la propiedad de José Bogarín, están preparados para reinvadir el lugar. Unos 200 campesinos acamparon ayer en la cabecera de la estancia Carla María, en la zona de Vaquería.
El jefe de orden y seguridad, de la jefatura policial del departamento de Caaguazú, comisario principal Ramón Alcaraz Caballero, dijo que efectivamente los labriegos desalojados el jueves de la estancia Carla María volvieron ayer a acampar en una propiedad colindante a las tierras de Bogarín. Aclaró que no están dentro de la estancia, pero que existen amenazas de reocupar el sitio desalojado el jueves por la fuerza pública.
ESTAN ACAMPADOS EN EL LINDERO
Labriegos aguardan orden para retomar estancia «Carla María»
SAN JOAQUIN
Campesinos desalojados de la estancia Carla María, de José Bogarín, dijeron ayer que permanecerán en el lindero y que no volverán a ocupar la propiedad. El intendente de San Joaquín, Hernán Hellman, y el dueño del lote donde acampan los sintierras podrían ser imputados.
La comitiva judicial, policial y militar nuevamente se trasladó ayer hasta la estancia Carla María, para desalojar a unos 200 campesinos que amenazaban reocupar la tierra de Bogarín. Sin embargo, el operativo no se efectuó porque los sin tierras estaban acampados fuera de la propiedad.
Los fiscales Alfirio González, Alejandrino Rodríguez y Pedro Torales comunicaron a un dirigente de la FNC, Higinio Lesme, que iban a ser desalojados del lugar si volvían a ocupar la estancia.
Lesme aclaró que la intención de ellos es acampar en el lindero y están esperando «órdenes y respuestas de sus dirigentes de Asunción» para saber qué determinación tomar después. Reiteró que no entrarán en la propiedad, hasta tanto exista una comunicación con la conducción nacional de la FNC.
El propietario de la estancia, José Bogarín, lamentó la situación de incertidumbre y de zozobra que se crea nuevamente en el sector, y que la permanencia de los sin tierras en el lindero es una amenaza constante que está impidiendo realizar las tareas agrícolas y pecuarias normales.
Los Bogarín tienen 11 mil hectáreas de tierras; 2 mil Has. de soja, 4 mil de pastura, y más de 6 mil has. de reserva forestal ecológica, protegida mundialmente.
Federación Campesina anuncia que seguirá lucha por la tierra
La Federación Nacional Campesina (FNC) anunció a través de un comunicado que la lucha por la tierra continuará. La organización señala que sus adherentes se encuentran en un proceso de reagrupamiento y de atención a dirigentes heridos en operativos de desalojos.
Afirman también que las ocupaciones de tierra continuarán, aunque aclara que no hay «fecha ni hora» para nuevos operativos de esta naturaleza. La FNC reivindicó dos ocupaciones: Una propiedad de 11.000 hectáreas de José Bogarín, en Caaguazú, y una de más de 7.000 hectáreas perteneciente a Ricardo Sosa Gautier, en San Pedro.
Ambos casos se registraron en el transcurso de esta semana. Policías y militares procedieron al desalojo de ambos inmuebles, lo que dejó como consecuencia cientos de campesinos detenidos y heridos entre ocupantes y uniformados.
Dirigentes de la FNC se encuentran concentrados en la atención de los campesinos heridos, que se encuentran en varios centros asistenciales. En su comunicado denuncian que algunos de ellos no están recibiendo atención médica y que la Policía quiere apresarlos. El comunicado no brindó otros detalles al respecto.
Paralelamente, la entidad anuncia que las concentraciones de pequeños productores serán reforzadas en varios puntos del país, entre ellos: Concepción (Horqueta), San Pedro (Choré y Santaní), Canindeyú (Curuguaty), Caaguazú (Caaguazú), Caazapá (Caazapá), Guairá (Villarrica), Misiones (San Patricio) y Paraguarí (Carapeguá). En Capiatá (Central) se iniciará la movilización la semana que viene.
Estas reuniones, dice la FNC, se convertirán en asambleas populares para apoyar el proceso de ocupación reactivado luego de 4 años de pausa.
MIENTRAS ACAMPAN EN PLAZA Y CALLE EN SAN PEDRO
Campesinos amenazan con guerra a Nicanor si no atiende reclamo
GUAYAYBI, San Pedro
El presidente de la república tiene la última palabra: «tierra o guerra» amenazaron los campesinos apostados a un costado de la calle Chachí Segunda Línea, a unos kilómetros del inmueble donde se produjo el enfrentamiento entre policías y militares el 30 de noviembre pasado, en la propiedad de la familia Sosa Gautier.
«Nosotros seguiremos en la lucha, ahora con mayor convicción, las amenazas de Nicanor no nos amedrentarán», sostuvieron los miembros de la Federación Nacional Campesina. Por ahora la prioridad es liberar a sus compañeros recluidos y después seguir la lucha por la tierra, indicaron.
«Nosotros queremos tierra, pero por ahora el Gobierno nos está dando represión y finalmente él es quien definirá si nos da tierra o guerra», señaló Pedro Cañete, uno de los campesinos en calle Chachí.
Añadió que ellos no rehúyen a nada de lo que proponga el Gobierno. Dijo que la lucha que llevan adelante es por conquistar la tierra, pero si les ofrece guerra, igual estarán preparados.
Para Cañete, el presidente de la república no puede seguir diciendo que se le tenga más paciencia porque recién hace un año que está en el gobierno. Dijo que eso no justifica sus acciones y además es mentira, porque hace tiempo que forma parte del gobierno. Además, indicó que Nicanor es del Partido Colorado, que hace muchas décadas es gobierno, pero seguimos igual. No hay y no habrá cambio, señalaron los labriegos.
Al requerirle una evaluación de lo acontecido el 30 de noviembre, Cañete señaló que ellos sabían lo que sucedería y que pese a la gran cantidad de sus compañeros heridos y detenidos, consideran que por ahora están empatados con el gobierno. Pero de ahora en más nos prepararemos para ganar, y ya nos estamos entrenando para ello, expresó. El campesino no quiso profundizar lo que significa entrenarse para ganar, como indicó, pero sí reiteró que lo del 30 fue el primer tiempo que terminó en paridad y ahora la victoria final será de ellos.
Los ubicados en la calle Chachí sostuvieron que por ahora la prioridad es lograr sacar a sus compañeros recluidos en Concepción y después seguir con la lucha por la tierra, reiteraron en este aspecto que están en condiciones de aceptar otras y que no se aferran a las tierras de la familia Sosa Gautier.
Sobre el tema de la participación o no de la Iglesia en la lucha campesina, ellos manifestaron que nada se logra con la oración y las simples palabras de adhesión o de repudio. Dijeron que la jerarquía eclesial está en la misma línea que el gobierno y deben definirse con acciones y no solo con palabras y oraciones, señalaron.
En la calle Chachí Segunda Línea se mantienen encarpados al costado de la calle, mientras otro grupo de mayor cantidad sigue en la plaza central de la ciudad de San Estanislao.
LLEGAN A 638 LOS LABRIEGOS PRESOS
Campesinos abarrotan cárceles del interior
CONCEPCION
A los 346 campesinos sampedranos detenidos en el desalojo practicado en la estancia «Susana» del distrito de Guayaybí, San Pedro, recientemente remitidos a la cárcel regional de Concepción, se deben sumar los 65 ya existentes. Un alto porcentaje presenta heridas de consideración en la cabeza y cara.
El 10 de noviembre pasado llegaba el primer contingente de campesinos desalojados de diversas estancias de San Pedro, con 65 detenidos; el 2 diciembre, se sumaban otros 346 detenidos, llegando a 411 la población de reclusos, provenientes exclusivamente del segundo departamento, acusados de invasión de propiedad privada.
Del nuevo grupo de campesinos, 56 se encuentran con heridas diversas que van con cortes en la cara, cabeza y parte del cuerpo, supuestamente provocadas por militares y policías durante los últimos desalojos.
EN VILLARRICA
VILLARRICA
Hasta el momento, 55 campesinos siguen detenidos en la cárcel regional de esta ciudad, bajo cargos de invasión de propiedad privada, asociación criminal y perturbación de la paz pública, entre otros. Solo dos labriegos pudieron recuperar su libertad, mientras que más de 70 continúan prófugos.
La mayoría de los trabajadores rurales privados de su libertad son militantes de la Federación Nacional Campesina.
La última masiva detención de los campesinos se produjo el pasado lunes cuando 240 efectivos del Ejército y de la Policía lograron atrapar a 48 sospechosos de haber participado en el atraco contra la sede de la comisaría de San Juan Nepomuceno, hace ocho días.
EN ITAPUA
ENCARNACION
Unos 19 campesinos, de diferentes asentamientos y detenidos en distintos procedimientos, guardan reclusión en la penitenciaría regional y en la comisaría primera de esta ciudad. Tres fueron detenidos en el marco de las investigaciones del asesinato del policía Arnaldo Paiva, ocurrido el martes en el distrito de Itapúa Poty. Los restantes 16 están recluidos en la penitenciaría regional; 14 de ellos fueron detenidos en el interior de la empresa agropecuaria Parex SA.
Faltan colchones y alimentos para detenidos
Durante un recorrido realizado el jueves por el defensor del pueblo Manuel María Páez por el interior comprobó la falta de alimentos y colchones en las cárceles que están superpobladas con las últimas detenciones de los campesinos.
Según informó, como un paliativo, la defensoría solicitó ayuda al Comité de Emergencia Nacional, «conseguimos alimentos para una semana», indicó dando a entender que en poco tiempo pasarán hambre los detenidos. Recordó que es una responsabilidad del Estado proveer de alimentos y un espacio mínimo de comodidad a las personas privadas de su libertad.
Adelantó que conversará con las autoridades nacionales para buscar solución a este problema colateral que se produce a consecuencia de las detenciones masivas que realizan últimamente fuerzas conjuntas en las fincas ocupadas.
Gobierno está haciendo resurgir cultura del miedo
GUAYAYBI, San Pedro
El gobierno de Nicanor Duarte Frutos «está haciendo resurgir la cultura del miedo y cree que con descabezar las organizaciones sociales campesinas, logrará amedrentarlas», sostuvo el senador José Nicolás Morínigo, PPS.
Morínigo estuvo acompañado de Estanislao Martínez de Patria Querida y la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Ana María Mendoza. Los parlamentarios visitaron a los campesinos heridos e internados en el IPS y el hospital distrital de San Estanislao. Posteriormente se trasladaron hasta el lugar donde se produjo el enfrentamiento entre policías, militares y campesinos, el pasado martes 30 de noviembre.
Para los parlamentarios el hecho fue más bien una violenta represión de las fuerzas del orden público, y que según las heridas de más de 20 campesinos, evidentemente fue una desproporcional lucha, porque de lo contrario no se explica que solamente los campesinos hayan resultado los más afectados.
La comitiva parlamentaria ya en el campo donde se produjo el conflicto, recogió vainillas de proyectiles de fusiles y escopetas y presumiblemente pistola o revólver. Según señalaron, estos elementos presentarán al pleno de los senadores como a la justicia ordinaria como prueba de la forma que actúan últimamente las fuerzas de seguridad.
Añadieron que el gobierno se está equivocando de camino. «Está muy claro que Nicanor pretende reimponer la cultura del miedo en la sociedad paraguaya, arma que fue muy bien utilizada por el gobierno del dictador Alfredo Stroessner, pero que ahora no tendrá el mismo efecto, porque la sociedad está preparada y además de nada servirá descabezar las organizaciones, porque no se trata de organizaciones que dependan exclusivamente de sus líderes. Estas se caracterizan por su gran solidaridad entre las organizaciones y las mismas comunidades», apuntó Morínigo.
El legislador criticó lo que llamó «supina ignorancia del ministro del Interior», y dijo que es muy grave que se pretenda calificar de delincuente a los dirigentes sociales.
Dan trámite a hábeas corpus de campesinos
El juez Carlos Ortiz Barrios pidió informes al Ministerio Público, a la sección estadística criminal del Poder Judicial, para que informen si los dirigentes de la Federación Nacional Campesina (FNC) Marcial Gómez Giménez, Sixto Portillo, Adrián Vázquez Valdez y Felipe Aveiro Colmán cuentan con antecedentes sobre hechos punibles. Fue ayer al dar trámite al hábeas corpus preventivo presentado a favor de los líderes campesinos, quienes aseguran que ven amenazada su libertad física.
El magistrado también ofició a la Comandancia de la Policía Nacional para que informe si en poder de dicha dependencia existe alguna orden restrictiva de libertad contra Gómez, Portillo, Vázquez y Aveiro.
El hábeas corpus preventivo es una garantía constitucional en virtud de la cual toda persona en trance inminente de ser privada ilegalmente de su libertad física puede pedir el examen de la legitimidad de las circunstancias que, a criterio del afectado, amenacen su libertad, así como una orden de cesación de dichas restricciones.
Los dirigentes de la FNC señalan que la agrupación que los nuclea solo busca justicia social y la reivindicación de legítimos reclamos y derechos de la clase campesina del país.
Argumentaron que pese a los esfuerzos realizados, no tienen hasta ahora ninguna respuesta positiva del Estado, que en reiteradas ocasiones ha prometido soluciones al problema campesino. «Como si fuera poco, nos califican -como es de conocimiento público- de criminales comunes que perturban la paz pública, amenazan e incitan a la comisión de hechos punibles, amén de otros supuestos injuriosos delitos», refería parte del escrito elevado a la justicia.
Campaña de desprestigio de la lucha campesina, vea como operan los diarios burgueses para aislar las ocupaciones de tierras:
ORGANIZACION Y MOVILIZACION DE LA FEDERACION CAMPESINA NO ES CASUAL (2) (Diario ABC Color, Asunción, Paraguay)
Intervención de Fuerzas Armadas en conflictos sociales no es aconsejable
La Federación Nacional Campesina (FNC) ejerce una resistencia activa en las ocupaciones que promueve en propiedades privadas. Sus cuadros se organizan para enfrentar a las fuerzas de seguridad del Estado. Esta determinación tiene su raíz en una ideología que se fundamenta en la lucha. Luchar contra el Ejército, morir combatiendo es el ideal de todo revolucionario, por eso el Poder Ejecutivo debe administrar la actual situación de coyuntura, antes que arrastre a la República al abismo. Emplear las FF.AA. pudo ser muy apresurado.
Las organizaciones campesinas y las fuerzas de seguridad del Estado sostienen un enfrentamiento de baja intensidad. En estas escaramuzas fue un error introducir a las Fuerzas Armadas.
El Dr. Nicanor Duarte Frutos expresó el pasado 3 de noviembre que «se acabó su paciencia con los dirigentes campesinos». Hay que reconocer que negociar con la dirigencia campesina no es fácil, requiere una dosis extraordinaria de paciencia y absoluta claridad de objetivos.
Un ejemplo claro se tiene en torno a negociaciones por la compra de tierras: solo quieren el lote ocupado y no otro, aunque sea de mejor calidad la tierra o se pueda comprar con mayor facilidad. Al final, la negociación es supuesta, porque se termina asistiendo a un chantaje con ropaje de diálogo.
Volviendo a la paciencia de Nicanor Duarte Frutos, el titular del Poder Ejecutivo trató de haraganes a los dirigentes campesinos y advirtió que los enviará a la cárcel.
Sus expresiones fueron un desatino. No puede perder la paciencia con tanta rapidez con personas que están mendigando la atención del Estado paraguayo, en procura de abandonar la miseria en que viven.
El Presidente de la República tiene que perder la paciencia con los funcionarios públicos corruptos, con los dirigentes de su propio partido que viven del dinero público sin hacer nada útil por el país.
Es probable que los dirigentes campesinos sean haraganes, pero la legión de funcionarios públicos está compuesta por un número mucho mayor de holgazanes. Esto sin olvidar que la supuesta haraganería de la dirigencia campesina no le cuesta un centavo al Estado paraguayo, al contrario de los funcionarios que se mantienen por clientelismo político.
Resultado de su advertencia de enviar a la cárcel a dirigentes campesinos es la orden de captura de Odilón Espínola, secretario general de la Federación Nacional Campesina. Esta decisión apresurada logró convertirlo en perseguido político y héroe del campesinado. El agravante es que, de todos modos, mañana el Gobierno se verá obligado a negociar la salida de esta crisis con Odilón.
Nicanor amenazó con utilizar la fuerza pública contra los ocupantes de tierra. Está cumpliendo su palabra y los desalojos se llevan a cabo con una celeridad que hasta hace un mes atrás no se conocía. Sorpresivamente la Policía Nacional está dando cumplimiento a las órdenes emitidas por agentes del Ministerio Público, liberando propiedades privadas de ocupantes ilegales.
El Poder Ejecutivo tomó una decisión de importancia, al ordenar la participación de las Fuerzas Armadas en los desalojos, en apoyo a la Policía Nacional. Esta determinación expone a la institución militar al desgaste que significa enfrentar una crisis social.
Las Fuerzas Armadas lograron salir bastante bien paradas de la prolongada dictadura de Alfredo Stroessner, a diferencia de otras instituciones de seguridad del Estado. En el proceso de transición democrática, los militares fueron los primeros en adaptarse a nuevas normas de convivencia, con el sector civil imponiendo reglas.
No fue prudente la decisión de emplear a las Fuerzas Armadas en estas primeras escaramuzas con la Federación Nacional Campesina. Una de las pocas instituciones que aún gozan del respaldo y simpatía de la ciudadanía es la milicia, de allí que ordenar la intervención de sus efectivos en esta crisis fue una determinación apresurada.
En este momento es vital bajar la intensidad de las amenazas y acusaciones. El Presidente de la República goza del pleno respaldo que le otorgan las instituciones del Estado y no es aconsejable que su nivel de diálogo sea equiparable al que utilizan dirigentes campesinos radicalizados.
Sí resulta positivo observar que el estado de derecho se mantiene intacto: los desalojos tienen lugar con participación del Ministerio Público, los detenidos son llevados a cárceles públicas en libre comunicación y las declaraciones se toman en presencia de autoridad competente.
No se puede alegar violación a los derechos humanos porque existan campesinos heridos o golpeados. La invasión de una propiedad privada es delito, así como la resistencia a las autoridades. La decisión de no abandonar una ocupación, ante intimación judicial, obliga a la fuerza pública a intervenir.
No hay que olvidar que los campesinos ejercen una resistencia activa, lo que lleva a un enfrentamiento entre ambos bandos en pugna. Así como los campesinos, también los policías lloran a sus camaradas.
La Federación Nacional Campesina (FNC) tiene una estructura paramilitar y sus cuadros se preparan para enfrentar a la Policía. El resultado de esta resistencia activa son los heridos en ambos bandos.
La organización campesina cuenta con una estructura paramilitar organizada, preparada y entrenada para sostener enfrentamientos con la Policía Nacional. Aunque se emplean medios rudimentarios, las ocupaciones son montadas teniendo como base un plan operativo que incluye un choque con las fuerzas de seguridad.
Es una locura utilizar una hondita frente a policías del Grupo Especial de Operaciones, por ejemplo. Pero esa supuesta locura tiene su raíz en una ideología que se fundamenta en la lucha como medio para alcanzar objetivos políticos.
Pelear con la Policía, luchar contra el Ejército, morir combatiendo es el ideal de todo revolucionario. De allí la necesidad de extrema prudencia por parte del Poder Ejecutivo, para administrar una coyuntura que puede arrastrar al abismo a nuestra República.
> Tierra o guerra: movilizaciones campesinas en Paraguay
solo den una oportunidad a estos campesinos humildes de san joaquin