Alakrana, relato de un chapuza
Lluís Foix
El relato del secuestro del atunero Alakrana tiene tanto de absurdo como de real. Estamos ante una chapucería política, militar y diplomática. En estas horas del domingo por la noche se desconoce lo principal que son los hechos. No sabemos si la Audiencia Nacional está en condiciones de soltar a los dos secuestradores que fueron apresados por la flota española en aguas del Índico pensando que así obligarían a los piratas a poner en libertad a 36 rehenes.
Qué desconocimiento de cómo se las gastan los piratas en las costa de Somalia, un país roto y destruido en el que no se sabe quién manda. Tampoco sabemos si los tres tripulantes que fueron trasladados a tierra firme siguen en manos de la policía y de las familias de los detenidos en la Audiencia Nacional.
Pero, vamos a ver, a quién se le ocurre detener a dos piratas que habían participado en el secuestro sabiendo que la vida de 36 tripulantes españoles está en juego. ¿No tenemos un servicio de inteligencia mínimamente competente para advertir a la ministra Carme Chacón que apresar a dos piratas ponía en un serio peligro a la tripulación secuestrada a bordo del Alakrana?
Más despropósitos de la ministra Carme Chacón al aparecer en público para calmar a las familias de los tripulantes diciéndoles que el gobierno estaba trabajando en todos los frentes y que se llegaría a una pronta solución. Ante la fragilidad estratégica de la ministra Chacón, apareció el ministro Miguel Ángel Moratinos para movilizar a la diplomacia española y, sobre todo, trasladar a Kenia la magnitud del peligro.
Kenia tiene la facultad otorgada por Naciones Unidas para tratar todas las cuestiones de piratería que se registran en las costas del Índico. Pero por si no había ya suficientes enredos, surge la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega como la coordinadora del conflicto del Alakrana. Pero la señora vicepresidenta se encuentra en Argentina y está despachando desde Buenos Aires y por video conferencia las acciones a tomar.
Mientras tanto, los secuestrados hablan con periodistas, emisoras de radio y cadenas de televisión dando cuenta inmediata de lo que está ocurriendo a bordo del atunero secuestrado. Los familiares presionan al gobierno y hablan de la falta de coordinación. Que se devuelvan a los dos secuestradores en custodia de la Audiencia Nacional y que se liberen a sus familiares más próximos.
La última secuencia es la entrada en liza del propio presidente Zapatero que, al parecer, ha comunicado al patrón del atunero que los dos secuestrados serán devueltos a Somalia.
Contradicciones, confusión, falta de coordinación y una política de comunicación que ha añadido más inestabilidad emocional a los familiares, a los españoles y a la opinión pública internacional. Es de desear que todo termine pronto y bien. Pero no será por la pericia y profesionalidad de quienes han gestionado esta crisis que dura ya 39 días y en la que está en peligro la vida de 36 tripulantes del Alakrana.
España necesita mejorar como actor internacional. Lo peor no es haberlo hecho mal sino no saber cómo hay que actuar en estos delicados casos en los que los piratas no son diplomáticos versallescos sino granujas sin escrúpulos.
Malpensando
Jose A. Pérez
Por un puñado de atunes
Érase una vez unos pescadores que no tenían donde pescar porque, durante décadas, habían expoliado las aguas más próximas hasta despoblarlas. Las empresas pesqueras, empujadas por el hambre insaciable del libre mercado, decidieron faenar en aguas hostiles, en la frontera de un país sin gobierno ni esperanza. Penetraron en el corazón de las tinieblas con la maximización de beneficios por bandera y la bendición de la Unión Europea.
La situación de los 36 tripulantes del Alakrana es cada día más angustiosa, y el desenlace no parece próximo ni sencillo. Los alcaldes de Bermeo, Mundaka y Santurtzi han pedido al Gobierno que “sea práctico” y entregue a los piratas detenidos. Y los partidos políticos, tras criticar al Gobierno durante días por negociar tan mal con los chantajistas, muestran ahora su apoyo incondicional al Ejecutivo. Es lo que en dramaturgia política se llama “escenificación de unidad”.
La principal obligación del Estado de Derecho es garantizar la seguridad de sus ciudadanos, incluso cuando se meten en problemas por correr riesgos indebidos. Lo que no debe hacer el Estado de Derecho es financiar esos riesgos ni apoyarlos en ningún caso. Ésta, sin embargo, es una práctica habitual que tiende a pasar inadvertida a la opinión pública hasta que una primera plana nos explota en la manos.
La polémica de la seguridad a bordo y el secuestro del Alakrana han arrinconado la verdadera pregunta: ¿a quién compensa esta situación? Los atunes no son la base de la economía española, ni de la vasca. Y sin embargo, cada cierto tiempo, decenas de hombres se embarcan en botes ultratecnológicos rumbo a un país con 8 millones de desesperados sólo para alargar la agonía de un sector en fase terminal, un modelo de negocio sin futuro alguno. Por supuesto que hay familias que viven de esa pesca, como las hay que viven de todos los sectores en decadencia, y siempre resulta dramático. Biólogos y ecologistas llevan décadas advirtiendo a voz en grito del peligro medioambiental y económico de sobreexplotar nuestros mares sin que nadie, ni empresarios ni instituciones les hayan tomado en serio.
Salvemos a esos marineros haciendo uso de todas las herramientas de que disponemos. Y, cuando estén por fin en casa, abramos un debate sobre la legitimidad de mandar hombres al abismo por el beneficio económico de unas pocas empresas. Si realmente queremos ayudar a los pescadores, invirtamos las subvenciones en reciclar a quienes no tiene más remedio que jugarse la vida por un puñado de atunes.
Periodistas de medio ambiente somalíes dan su versión sobre los piratas y los secuestros
La Asociación Nacional de Periodistas de Ciencia y Medio Ambiente de Somalia acaba de publicar este artículo en el que explican cómo los pescadores somalíes, al ver su flota pesquera esquilmada por pescadores de Corea del Sur, Japón y España, mientras la comunidad internacional no dice nada, pescan de forma ilegal, con banderas de conveniencia, se deciden a echarse a la mar y defender sus recursos naturales. No defienden los secuestros pero dejan claro que la comunidad internacional debe poner freno a la pesca ilegal y los vertidos en sus aguas.
Realidad y ficción en el caso del Alakrana
Todos los análisis sobre Somalia indican que no existe en ese país un Gobierno o un Estado que merezca ese nombre desde principios de los noventa. Sin embargo, el Gobierno español realiza declaraciones que parten de una idea muy diferente. No digo que estén intentando engañar a la gente, pero tanto a la hora de valorar sus gestiones en relación al secuestro del buque pesquero Alakrana como al tener en cuenta las tremendas dificultades del caso hay que recordar que están partiendo de una ficción.
Puede quedar muy bien que el ministro de Exteriores diga en una conferencia de prensa que han pedido al Gobierno somalí que se comprometa a garantizar la seguridad de los pescadores. En realidad, ese Gobierno no puede garantizar la seguridad de ningún somalí, mucho menos de unos extranjeros secuestrados. Eso no quiere decir que no haya ninguna salida. En este tipo de negociaciones, se trabaja con los interlocutores disponibles, tengan o no mucho poder, con la esperanza de que alguno de ellos esté en condiciones de cumplir lo que promete.
Ahora se están llevando a cabo auténticos malabares jurídicos para que la detención de los dos piratas enviados a España no ponga en peligro la vida de los pescadores. Es una forma de intentar solventar sobre la marcha la inmensa estupidez que se cometió cuando la Audiencia Nacional reclamó la custodia de los piratas. Los jueces suelen decir que justicia rápida es a veces sinónimo de injusticia. La urgencia repentina por procesar a los detenidos antes de que concluyera la crisis fue una completa irresponsabilidad.
¿Qué es más importante? ¿Aplicar el Código Penal a dos delincuentes de nivel ínfimo o salvar la vida de los pescadores? El Gobierno y los tribunales no están obligados a pagar un rescate, pero sí a no agravar aún más su situación.
El ministro de Justicia estudia ahora si se puede juzgar a los piratas en España y luego enviarlos a su país a cumplir la pena. Nos recuerda que no hay firmado ningún convenio de extradición con Somalia, y uno ya no sabe si reír o llorar. Dice que los jueces españoles deberían poder supervisar el juicio, si se tuviera que celebrar allí, y ya no hay duda de que estamos ante gente que no sabe de lo que está hablando. No ha habido en 20 años una autoridad política que pudiera firmar tratados en nombre de un Estado inexistente y los únicos tribunales de justicia que han funcionado son los que organizaron las milicias islamistas, un ejemplo no muy edificante desde el punto de vista occidental.
La ironía es devastadora. Nos hemos beneficiado durante años del caos de Somalia (al menos, los armadores de los pesqueros lo han hecho) y ahora nos preocupamos de si hay o no instrumentos jurídicos propios de un Estado de derecho para tramitar una extradición.