La campaña por la abolición de la deuda externa ¿Quién debe a quién? [1], en la que participa Ecologistas en Acción, denuncia que la propuesta del Gobierno para la reforma de FAD y CESCE es inaceptable, ya que no se ha contado con la sociedad civil en su participación y pone en peligro la garantía de los derechos humanos.
Después de casi dos años de incumplimientos en los plazos de presentación de la reforma de los créditos FAD y los seguros por cuenta del Estado de CESCE, el Consejo de Ministros aprobará hoy la tramitación de las leyes de creación de dos nuevos instrumentos que vendrán a sustituir el antiguo Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD). Con los anteproyectos de ley del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) y de Reforma del Sistema de Apoyo Financiero a la Internacionalización (FIEM), el Gobierno responde, tarde y mal, a una vieja demanda de la sociedad civil.
Desde hace décadas las organizaciones de la sociedad civil vienen denunciando los créditos FAD y los seguros CESCE como mecanismos de generación de deudas ilegítimas. Los anteproyectos de ley que se tramitarán hoy desde el Consejo de Ministros al Parlamento español no responden en absoluto a dicha denuncia.
Según Dani Gómez-Olivé, investigador del Observatorio de la Deuda en la Globalización y miembro de ¿Quién debe a Quién?, “esta reforma no garantiza que no se siga generando deuda ilegítima, más bien al contrario, abre la puerta a atorgar créditos sin supervisión alguna”. Para Gómez-Olivé, en los textos presentados por el ejecutivo español no se desarrollan mecanismos de control, evaluación ni rendición de cuentas para evitar que fondos públicos se destinen a proyectos con impactos negativos sobre los derechos humanos, el medioambiente o el desarrollo humano y sostenible en los países del Sur. Esta cuestión es especialmente grave cuando la totalidad del FONPRODE y parte del FIEM se prevé que contabilice como Ayuda Oficial al Desarrollo. En este sentido, y según el Observatorio DESC, “el Gobierno incumpliría con los pactos internacionales de derechos humanos y con las recomendaciones de la OCDE, al permitir que se beneficien de fondos públicos empresas que no respetan los derechos humanos y mantener la ayuda ligada, especialmente en operaciones de ayuda humanitaria y de emergencia”.
Los textos de creación de FONPRODE y FIEM se han mantenido en el más absoluto secreto hasta ayer tarde, cuando se solicitó, con tan sólo unas horas de antelación, un dictamen al Consejo de Cooperación. Dicha petición responde a la necesidad del Gobierno de maquillar la absoluta falta de transparencia y participación de la sociedad civil en el proceso de elaboración de dichas propuestas. “Es evidente, sin embargo, entrever la mano del sector empresarial español en el texto de los dos anteproyectos”, según afirma Tom Kucharz, de Ecologistas en Acción y ¿Quién debe a Quién?. La propuesta del nuevo FIEM parece responder plenamente a las necesidades de la Cámara de Comercio, el Club de Exportadores e Inversores y la Asociación de Marcas Renombradas que, en época de crisis, buscan todavía más apoyo del Estado para ampliar sus mercados internacionales
Sin embargo no debemos olvidar que esta crisis global está afectando con especial dureza a los países del Sur, que necesitan más que nunca una solución definitiva al problema del endeudamiento. “No se puede permitir que, para que las empresas españolas salgan de la crisis, se genere nueva deuda ilegítima, nuestra recuperación no puede basarse en un mayor empobrecimiento de los países del Sur”, afirmaba Gemma Tarafa, activista de ¿Quién debe a Quién?
Para ¿Quién debe a Quién?, con estas propuestas el Gobierno español revive la peor versión del FAD, la de la década de los 70, en la que se maquilla como AOD créditos que, además de generar deuda ilegítima en los países empobrecidos, responden únicamente a intereses comerciales de las empresas españolas. En este sentido, desde ¿Quién debe a quién? se exige al Gobierno español que, con el objetivo de hacer respetar los derechos humanos, ambientales, económicos, culturales y sociales en los países del Sur, asegure que tanto en el proceso de tramitación y discusión de los proyectos de ley, como en la futura gestión y seguimiento de los mecanismos generadores de deuda, se asegure la transparencia y la participación real de la sociedad civil.
[1] La Campaña “¿Quién debe a Quién?” la conforman los siguientes colectivos: Agermanament sense fronteres, ACSUR-Las Segovias, Àgora Nord – Sud, Amigos de la Tierra España, ARA – l’Assemblea Revolucionària d’Artés, Associació de Cooperació per la Pau, Associació Castellví Solidari, Associació per el Desenvolupapment i la Integració Beni Snasen de Catalunya -ADIB-, Attac-Catalunya, Attac-Madrid, Comitè de Suport al MST de Barcelona (Comité de Apoyo al Movimiento Sin Tierra (Brasil) de Barcelona), Consell de la Joventut de Barcelona, Coordinadora Un Altre Món És Possible de Sabadell, Coordinadora d’ONGs de Tarragona, Cristianos de Base de Madrid, Derechos para Tod@s, Dones x Dones, Ecologistas en Acción, Educació Sense Fronteres, Enginyeria sense Fronteres, Entrepobles / Entrepueblos / Entrepobos, Espacio Alternativo, Espacio Horizontal contra la Guerra, Federación Asturiana de ONGs para el Desarrollo, Federació Catalana d’ONGs pel Desenvolupament, IEPALA (Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África), Intersindical Alternatica de Catalaunya (IAC), IU, Justicia i Paz, Mans Unides (Barcelona), Minyons Escoltes Guies Sant Jordi de Catalunya, Mon3, Observatori del Deute en la Globalització, Observatori DESC, OCSI (Organización de Cooperación y Solidaridad Internacional), ONU Veto NO, Paz con Dignidad, Partit Humanista, Proyecto Cultura y Solidaridad, Red África Europa, Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa (RCADE Madrid, XCADE Barcelona, RCADE Ciudad Real, RCADE Córdoba, RCADE Badajoz, RCADE Vigo, RCADE Cartagena, RCADE Palencia), Rubi Solidari, Servei Civil Internacional- Catalunya, SETEM-Catalunya, Sitges Solidari, Solidaritat, Educació, Desenvolupament (SED), Veterinarios sin Fronteras.