CASTILLA-LA MANCHA | EL ROBO DE AGUA PARA REGADÍO, ENTRE LAS CAUSAS

La Comisión Europea inició en octubre un expediente al Estado español por la situación en la que se encuentra el Parque Nacional de Tablas de Daimiel.

Sara Plaza. Redacción

CRÍTICAS. Los ecologistas critican la gestión de la Comunidad y el Ministerio.

En el año 1973, un humedal de aproximadamente 2.000 hectáreas ubicado en la cuenca alta del Guadiana, lugar de cobijo para importantes colonias de aves migratorias, fue declarado Parque Nacional bajo el nombre de Las Tablas de Daimiel. Éste fue el primer intento para salvar el espacio, que ya había sufrido los excesos de un consumo de agua desaforado por parte de la agricultura de regadío. Este sobreconsumo acabó por agotar el acuífero subterráneo y provocó, a finales de los ‘60, un desastre ecológico de graves consecuencias: la desecación del humedal y el incendio de la turba, la materia orgánica que residía en el interior de las lagunas, avivado por las llamas que se sucedían en terrenos colindantes. Hoy, después de casi 30 años intentando salvar el espacio incluso mediante el bombeo de agua artificial, las autoridades gestoras del Parque Nacional lidian con un nuevo incendio de turba, provocado esta vez únicamente por la desecación de las lagunas, que, según los grupos ecologistas, se encuentran al 1% de capacidad. Además de Parque Nacional, el espacio, junto con otras 7.000 hectáreas de humedales circundantes que se conocen como La Mancha Húmeda, fueron declarados Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1982. Sin embargo, la organización internacional ya ha advertido de la posibilidad de retirar dicha calificación, mientras que la Comisión Europea, el pasado mes de octubre, abrió un expediente a España por la situación en la que se encuentra el espacio natural.

“Ni siquiera la máxima figura de protección ambiental de nuestro país ha servido para frenar el robo de agua que se sucede en el Alto Guadiana”, relata a DIAGONAL Julio Barea, portavoz de Greenpeace. “Dos tercios de las extracciones que sufre el acuífero 23, uno de los más extensos de España y el principal sustento de las Tablas de Daimiel, son ilegales, llegándose a extraer 3.000 hectómetros cúbicos de agua de más de 60.000 pozos ilegales”, explica Barea, quien considera que el expolio que está sufriendo el acuífero, derivado de los altos consumos hídricos de la agricultura de regadío es lo que ha conducido a la desecación del humedal. La Asociación conservacionista Adena criticaba en un informe de junio la política agraria de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que, según afirman, en las últimas décadas ha incentivado el regadío con aguas subterráneas, llegando a crear un déficit de 3.000 millones de metros cúbicos en la zona de Daimiel, consolidando un grave proceso de desertificación que se ha iniciado con la desaparición de más del 60% de la superficie de humedales de la Reserva de la Biosfera de la Mancha húmeda. Pero, ¿cómo la desecación de un humedal puede desembocar en un incendio?

Según explica el portavoz de Greenpeace, la materia orgánica que residía en el fondo del humedal, también conocida como turba, esta habituada a sobrevivir en condiciones anaerobias (sin oxígeno). Cuando la lámina de agua se deseca, la turba se deseca también y se contrae, formándose grietas por las que se infiltra el oxígeno atmosférico, que combustiona con la materia orgánica y se genera “un incendio sin llamas”. Las personas expertas consideran que este tipo de incendios son muy difíciles de sofocar, lo que explica que este fenómeno se detectara en agosto y que aún hoy no haya sido posible frenarlo. “La verdad es que las autoridades sí se han preocupado en intentar controlar el incendio, pero es imposible. De hecho, nosotros hemos mantenido dos reuniones con el Secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, pero es bastante complicado alcanzar la solución correcta”, explica Barea, quien opina que, de momento, la propuesta para paliar el problema no es la adecuada. A mediados de octubre el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) proponía la creación de una tubería para suministrar agua desde el Tajo, en lo que supondría desviar el 15% del agua destinada al transvase Tajo- Segura. “En vez de atajar el robo de agua, se propone construir una tubería antes de enero. Esta medida generará polémica, sobre todo entre los regantes del levante, que dispondrán de menos recursos”, alerta Barea. Finalmente, el 6 de noviembre el Gobierno aprobaba el transvase de un máximo de 20 hectómetros cúbicos.

La solución no ha gustado a las organizaciones ecologistas, que, a través de un comunicado, manifestaron su rotunda oposición a que se trasvase agua del Tajo a las Tablas de Daimiel por considerarlo contraproducente para el futuro del Parque Nacional y por existir alternativas viables en la propia cuenca del Guadiana. “Como principio global, los trasvases son incompatibles con la condición de Parque Nacional”, declaraban en el comunicado. “La aportación de agua a través de la tubería de abastecimiento a la llanura manchega generaría una expectativa futura de aportación de agua al humedal desde el Tajo, y separaría definitivamente la solución a la degradación del Parque Nacional de la recuperación del sobreexplotado acuífero 23, debido a una agricultura insostenible de regadío. Esta desvinculación entre el Parque Nacional y su sistema hídrico supondría firmar el certificado de defunción del propio Parque Nacional”.

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