Violencia estructural: negar el empadronamiento

Hasta ahora dos ayuntamientos han alardeado de su política de criminalización a los inmigrantes irregulares. Al parecer el Ayuntamiento de Vic se propone negar el empadronamiento a los inmigrantes en situación administrativa irregular y el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ya viene practicando una política similar desde hace un par de meses (concretamente la revista municipal de este último ayuntamiento se ufana en ofrecer como cifra de sus logros el haber impedido el empadronamiento al 52% de personas respecto del año pasado).
El empadronamiento sirve en el Estado como puerta de acceso a los servicios sociales básicos: sanitarios, educación y escolarización, servicios sociales, etc. Quien no está empadronado no puede obtener ni tarjeta sanitaria, ni escolarizar los hijos, ni otros muchos servicios.
Hasta ahora se ha enfocado la crítica de las organizaciones sociales desde el punto de vista del derecho, centrando la discusión en una materia de si se tiene derecho o no, o si se viola un derecho humano, y en el discurso xenófobo y criminalizador que penetra con este tipo de medidas.

Sin negar estas críticas de índole ética, jurídica y discursiva, y apoyando la rotundidad a la condena de estos actos con que se han mostrado tantas organizaciones ya, creemos que podemos aportar otro enfoque más a la cuestión, tratando el tema desde el punto de vista de la violencia. Creemos que difundir pedagógicamente este enfoque tal vez sea más movilizador que quedarnos en el discurso cultural o en la confrontación de valores y de normas jurídicas.

Hablamos de una violencia institucional y estructural que se ejerce sobre los inmigrantes afectados en primer lugar, pero sobre el conjunto de la sociedad en segundo término, porque este tipo de medidas, lejos de ir destinadas a «echar” a los inmigrantes (qué más quisieran los racistas que poder cumplir una aspiración tan incumplible) viene destinada a consolidar un ingente grupo de personas empobrecidas (inmigrantes y autóctonos) como segundo plato, en engranaje de un sistema de dominaciones y de explotación.

Una persona no empadronada no deja de existir ni de vivir en el municipio donde se encuentra. Únicamente deja de tener acceso a oportunidades sociales que el sistema arbitra: Sigue viviendo en su casa pero no puede acceder al médico, con lo que deteriora su salud y la de su familia; no puede escolarizar a los hijos , con los que estos pasan a integrar el ingente número de desescolarizados y a ser carne de cañón hacia el futuro; no puede ir a cursos formativos, de reciclaje o similar, con lo que sólo pueden aspirar a empleos de bajo valor e ínfimo pago. No puede abrir una cartilla en un banco. No puede inscribirse en una organización de consumo, o vecinal, ni demandar ayudas sociales, ni puede acreditar «arraigo” social para instar la regularización de su situación administrativa y así obtener papeles legales, o ejercer los derechos de la ley de dependencia y así un largo etcétera.

Con ello, estas gentes no sólo viven de forma frágil porque no tiene coberturas, sino también vulnerable, porque son carne de cañón para someterse a cualquier chantaje personal, institucional o social (por ejemplo del casero para que pague más por miedo a la denuncia, o del empleador para permitir mejor su explotación, o de los vecinos y vecinas y así un largo etcétera).

Creemos que estos políticos tan listillos no son inocentes en su enfoque, sino que buscan directamente mantener un ejército de reserva (tanto de inmigrantes como de autóctonos en peores condiciones sociales) al servicio de la explotación social, mantener una economía sumergida que beneficia a los empresarios explotadores y a las familias insolidarias (muchas de ellas con inmigrantes en el llamado servicio doméstico irregular y en condiciones injustas soportando el bienestar a bajo coste de tantas familias españolas), sustraer parte de la riqueza de los tributos y de la contribución a los gastos sociales, asustar a la sociedad en su conjunto con la amenaza de caer en la peor de las situaciones y la aspiración de vivir en el mejor de los mundos posibles y perpetuar un modelo social injusto como es el español de siempre.

Todo esto forma parte de un programa oculto, asumido hoy en día tanto por el PP como por el PSOE y por el resto de los partidos y corporaciones que forman el status quo político, económico y social. Un programa oculto que persigue construir una sociedad cada vez más escindida donde inmigrantes y no inmigrantes de las clases más bajas (algunos de ellos se comprenden a sí mismos como clases medias sin tener en cuenta factores como la diferencia de poder, riqueza, salud u otros rasgos que definen a las clases medias respecto de las bajas) se someten a las reglas de juego del sistema y viven con fatalidad este estado de cosas.

Ello también erosiona los servicios sociales porque, bajo la prédica ficticia de que hay menos demandantes, se hace «ahorro” del gasto y se dejan de prestar servicios necesarios, a la vez que se sigue profundizando en la creciente privatización tan lucrativa de todo tipo de servicios. el debate no es si hay poco gasto social, sino que los servicios existentes los ocupa gente indeseable que compite a los «legítimos” destinatarios de los mismos.

También genera una «necesaria” bolsa de fracaso, exclusión y conflictividad social larvada (y a veces no tan larvada) que, a su vez, justifica los medios de seguridad, «defensa” y reprersión de la «inseguridad/criminalidad” en beneficio de aquellos que precisamente atizaron este fuego.

Estas políticas, en suma, no aspiran a cumplir su propósito de expulsión (no buscan eso), sino a consolidar un interés violento de esclavismo, de sometimiento, de explotación social y de dominación, de un sector de personas que tienen la desgracia de no pintar nada en nuestra sociedad y de haber caído en un país culturalmente racista que legitima y aplaude este estado de cosas.

A su vez los inmigrantes «irregulares” y los pobres caen en una cadena de vulnerabilidades personales, sociales y culturales que van desde la enfermedad física a la estigmatización pasando por todo tipo de estados de fragilización social.

Frente a los que ponen el acento de la defensa en la existencia de «enemigos” externos que nos obligan a mandar soldados al exterior, o que nos imponen medidas cada vez más absurdas de control de la vida personal o de la capacidad de deambular por el mundo, con las políticas explotadoras que estamos señalando, asistimos a una verdadera agresión violenta a los intereses de todos y de un enemigo al que hay que combatir.

Todo ello son signos evidente de una violencia estructural que necesita ser enfrentada y abolida. Pero el grave problema es que los protagonistas que pueden reivindicar esta abolición (los propios perjudicados de la misma y el resto de la sociedad que piensa que los inmigrantes les compiten socialmente) están en otra cosa, atomizados y sin instrumentos para enfrentar este interesado modo de enfocar la convivencia social que tienen los que mandan.

Creemos que el abordaje de esta situación desde el punto de vista de la violencia estructural justifica la promoción de un movimiento de reivindicación y lucha social para boicotear e impedir estas actuaciones.

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