La operación ha tenido un coste para las arcas públicas de 1.550 millones de euros; 365 sólo en el último año. Estas cifras superan con mucho a las que nuestro país dedica a ayuda al desarrollo en este Estado: 210 millones en el periodo 2006-2012, de los que ya se llevan ejecutados unos 130.
Antonio Sarrión, para El Siglo
El próximo 28 de enero tendrá lugar la Conferencia Internacional sobre el futuro de Afganistán, en Londres, y en la que también, vistos los últimos acontecimientos, se podría dedicar un amplio espacio al debate sobre la situación en Yemen.
Apenas dos meses antes de este evento, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pronunciaba un estratégico discurso en la academia militar de West Point, en el que exponía con detalle la nueva estrategia para Afganistán, donde las tropas norteamericanas –en su inmensa mayoría–, y de otros 40 países llevan una década sin conseguir el más mínimo avance, en una situación que recuerda lo que le sucedió al ejército soviético en la década de los 80, en el mismo escenario.
Obama parece dispuesto a poner fin a la situación, en primer lugar, estableciendo una fecha límite para el traspaso de responsabilidades a las propias fuerzas armadas afganas, y para la retirada del contingente internacional del país: julio de 2011. Sin embargo, parece convencido de la posibilidad de una victoria militar, pese a los magros resultados que, hasta la fecha, ha producido la ocupación. Por ello, en la exposición de la denominada ‘nueva estrategia’, y que ha sido debatida con el Alto Mando de su ejército, el inquilino de la Casa Blanca ha comprometido el incremento de sus efectivos en la zona en otros 30.000 soldados, contando también con otros 10.000 más que sus aliados se han comprometido a aportar.
No obstante, en el discurso presidencial se encontraban algunos ‘avisos’ importantes. Uno, para el presidente –bajo permanente sospecha- afgano, Hamid Karzai, cuando advertía que se había “acabado el tiempo de los cheques en blanco”. Otro, para la propia población estadounidense y el entramado de intereses que se concentran en esta zona del mundo: “Tiene que quedar claro que los afganos tienen que asumir la responsabilidad de su propia seguridad y que Estados Unidos no tiene interés en luchar una guerra interminable en Afganistán”.
Para financiar esta nueva fase de la guerra, Obama ha solicitado al Congreso otros 30.000 millones de dólares, y para su plan cuenta con el absoluto respaldo de su cúpula militar, “me siento alentado por el compromiso demostrado en el discurso del presidente. Hay ahora una concentración en Afganistán que nunca ha habido antes”, afirmaba la pasada semana el general Stanley McChrystal, que dirige a las tropas de la coalición internacional en suelo afgano, y al que muchos consideran el autor en la sombra de esa nueva estrategia.
Como se comentaba en estas líneas, el resto de los países que participan en la invasión han comprometido otros 10.000 efectivos, de los que 511 serán proporcionados por España. El pasado 17 de diciembre, la ministra de Defensa, Carme Chacón, hacía este anuncio en el Congreso de los Diputados, algo que el propio Obama le agradecía en persona a José Luis Rodríguez Zapatero un día después, en Copenhague, cuando ambos asistían a la fracasada Cumbre sobre el Clima.
En fuentes gubernamentales explican esta decisión, más allá de las afinidades entre ambos presidentes, en la coincidencia con aspectos fundamentales de la ‘nueva estrategia’, como son la fecha límite para la retirada de las tropas, el compromiso de procurar que las autoridades locales vayan asumiendo paulatinamente la responsabilidad sobre la seguridad del país, el fin de los bombardeos indiscriminados que producen cientos de víctimas inocentes entre la población civil, y la implicación de otros países de la región, especialmente de Pakistán, en la resolución del conflicto.
De todos modos, el envío de estos 511 soldados adicionales se someterá a la aprobación del Congreso (lo que parece garantizado con los votos de PSOE, PP, CiU y, probablemente, PNV) el próximo mes de febrero.
En la actualidad hay 1.070 soldados españoles en el país, donde nuestro ejército permanece desde hace ocho años. En este tiempo, se han producido 88 bajas entre nuestros compatriotas, y la operación ha tenido un coste para las arcas públicas de 1.550 millones de euros; 365 sólo en el último año. Estas cifras superan con mucho a las que nuestro país dedica a ayuda al desarrollo en este Estado: 210 millones en el periodo 2006-2012, de los que ya se llevan ejecutados unos 130.
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