Corrupción de la Justicia en la Patagonia

BOLETÍN A.P.C.C.

Asociación Patagónica Contra la Corrupción

patagonicoscontralacorrupcion@yahoo.com.ar

Año I, Número 2

Neuquén, diciembre de 2004

ACTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN

Conferencia del Dr. Beinusz Szmukler

Invitado por nuestra Asociación, el día 3 de diciembre disertó en el Salón
Verde del Concejo Deliberante de Neuquén el distinguido jurista Beinusz Szmukler
sobre el tema «Crisis de la Justicia». A continuación transcribimos la
entrevista que le hiciera el Diario Río Negro:

«El abogado Beinusz Szmukler cambió el enfoque al antiguo debate sobre la
independencia del poder judicial, poniendo la responsabilidad sobre los
magistrados que no cumplen su tarea. El especialista, integrante del Consejo de
la Magistratura nacional, presidente del Consejo Consultivo Continental y
directo de la revista de la Asociación Americana de Juristas, visitó Neuquén
invitado por la Asociación Patagónica contra la Corrupción. Esta es la síntesis
de un diálogo que sostuvo con ‘Rio Negro’:

«¿El mecanismo de selección de los jueces es el primer paso para garantizar la
independencia judicial?

«Si, es fundamental que no lleguen al cargo como consecuencia del compromiso
con un partido o con sectores económicos.

«¿Usted recomienda el mecanismo de consejo de la Magistratura…?

«Es recomendable. Quizá deba analizarse la integración; tiene que haber
representación más significativa de la sociedad. Se puede decir que como hay
temas jurídicos en debate, es importante que sean abogados, pero lo más
importante es que el juez tenga conocimiento de la realidad social sobre la que
actúa, y esto lo puede valorar mucho más un representante de una organización
social que un académico. Además, la integración incluye otro aspecto a
considerar: todos tienen amigos. Si lo componen ocho legisladores, uno del
Ejecutivo y cuatro jueces con espíritu corporativo, ¿Cómo hace usted para
conseguir dos tercios para una remoción de alguien que es un amigo que me debe
un favor o le debo un favor? Estas son las cosas que hay que cambiar.

«¿Cómo se logra mayor participación de la sociedad»

«A través de organizaciones no gubernamentales. También hay que destacar que
casi nunca recibimos impugnaciones de la sociedad hacia un candidato. Hay una
contradicción entre el reclamo de justicia que tiene la gente y la desconfianza
que tiene hacia la justicia, que tradicionalmente ha sido la expresión de los
intereses de la clase dominante.

«¿A los candidatos les toman exámenes anónimos, hay oposición y
antecedentes…

«Sí, pero no es tan importante tener un experto jurídico que se sabe de
memoria las leyes, sino conocer cuales son sus criterios y capacidad de
decisión. Hay que ver con que fuerza e independencia va a resolver una
cuestión. Lo otro está en los libros. Por eso es importante la entrevista
personal, en la que se puede palpar su personalidad. Ahí vemos, por ejemplo, si
el candidato toma como si fuera la Biblia las decisiones del Tribunal Superior,
si es un sometido a las decisiones de instancias superiores.

«Históricamente, todos los gobiernos intentaron tener una Corte adicta ¿Este
gobierno también?

«El problema no es que los gobiernos pretendan orientar, controlar o dirigir a
la Corte. Eso es inevitable. Por bueno que sea el gobierno, prefiere tener un
juez amigo. Es bastante lógico porque en definitiva está en juego su política,
entonces le interesa un juez que la convalide y no un juez que la observe. El
problema no pasa por el gobierno sino por los jueces, por si el juez es
permeable o no. El juez no puede estar en contra del sistema. Tiene que defender
las bases del sistema, que son las que están en la Constitución. A veces por
defender la política de un gobierno, lo que se hace es violar la Constitución.
Uno puede querer cambiar el sistema, es legítimo, pero si uno actúa dentro del
sistema tiene que saber que hay reglas de juego que debe respetar. Lo que tiene
que entender nuestra denominada clase política es que lo que tiene que defender
son las bases del sistema».

Tomado del Diario «Río Negro», 6 de diciembre de 2004, pg. 10

Agregamos el texto de la entrevista que le hiciera Ulises Gorini para Acción
Digital en el año 2002, cuando el Dr. Szmukler recién se incorporaba al Consejo
de la Magistratura y en el Congreso se impedía el juicio político a la Suprema
Corte de Justicia:

Corte y confección

Ulises Gorini. Entrevista a Beinuz Szmukler.

Acción Digital, 2002

«Si continúan los condicionamientos económicos a la Argentina, si seguimos
supeditados
al FMI y al pago de la deuda externa, no hay solución para el poder judicial
ni para nada.»

La clausura del juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación le
cayó como un balde de agua fría. No es que no sospechara ese final, dice, sobre
todo después de los tejes y manejes del oficialismo para garantizar la impunidad
de los nueve miembros del más alto tribunal del país. Al fin y al cabo, no
hicieron nada más que garantizar jurídicamente las políticas neoliberales que
ejecutaron desde los sucesivos gobiernos radicales y justicialistas. Pero sabe
que ahora su tarea como flamante miembro del Consejo de la Magistratura, un
organismo encargado de seleccionar a los candidatos a jueces federales, será
mucho más difícil que antes. «La remoción de la Corte era y sigue siendo» -afirma-, «un paso decisivo para un nuevo diseño del Poder Judicial, que permita
superar el actual desprestigio y la crisis profunda que lo afecta». A pesar del
cierre del proceso parlamentario, dice, continuará yendo cada jueves al mediodía
a las escalinatas del porteño Palacio de Tribunales para exigir que se vayan
todos.

-¿Por qué tanto empeño?

-Porque la actuación de la Corte en el sentido de respaldar todas estas
políticas a despecho de la Constitución y de los principios más elementales del
derecho la convierte en una de los principales responsables de la trágica
situación que estamos viviendo los argentinos. Entonces, si queremos no sólo
castigar a los culpables de la crisis sino, sobre todo, superarla, debemos ser
capaces de remover a estos ministros y reemplazarlos por otros, a través de las
vías adecuadas y con jueces democráticos, con sensibilidad social,
transparentes, capaces.

-Pero la vía adecuada, para usar sus propias palabras, acaba de cerrarse.
Entonces ¿qué?

-Lo que se cerró es una instancia. No la voy a subestimar, porque en su
momento valoré mucho la apertura de este juicio político que, además, contaba
con una acusación muy sólida, elaborada por la Comisión de Juicio Político.
Ahora funcionó el pacto de impunidad, pero no está dicha la última palabra.
Porque vendrán nuevas oportunidades, probablemente a partir de una renovación
legislativa, que cambie la composición del Congreso, y porque persiste lo
fundamental, es decir, las causas, los argumentos que se sostuvieron en la
acusación, y muchos otros que no fueron recogidos en esta ocasión, como es el
tema del aval a las leyes de punto final y obediencia debida.

-En consecuencia usted cree que las causas que el Parlamento acaba de
desestimar podrían volverse a plantear en un nuevo juicio político, es decir,
esa desestimación no constituye una especie de cosa juzgada.

-No, no hace cosa juzgada. Porque además eso sería quedarse en los aspectos
formales cuando, en realidad, este proceso parlamentario estuvo viciado por el
chantaje al que la Corte sometió a la sociedad, sobre que fallaría de un modo u
otro, si se mantenía el juicio político, y estuvo viciado también por el
chantaje del Fondo Monetario que exigía, también, que se cerrara el tema para
dar algún oxígeno financiero a la Argentina. Entonces, bajo estas condiciones,
no hay cosa juzgada. Eso sería lo mismo que admitir que un acto es válido cuando
uno lo hace con una pistola apuntándolo.

-¿La crisis de la justicia se resuelve con reemplazar a esta Corte?

-No sería poco reemplazar a los miembros de la Corte, pero claro, no, no se
resuelve sólo con eso. En primer lugar no se puede pensar en la justicia como un
tema separado de otros. En medio de esta crisis general es muy difícil concebir
que se pueda modificar la situación de la justicia. Si continúan los
condicionamientos económicos a la Argentina, si seguimos supeditados a los
planes del Fondo Monetario -que en definitiva son los planes de Estados Unidos-,
y al pago de la deuda externa, no hay solución para el poder judicial ni para
nada. Esto está en el marco de una transformación general de la Argentina. De lo
contrario podemos hacer parchecitos, nada más que gestionar la miseria. Pero no
un verdadero cambio como el que se necesita. A pesar de todo, la remoción de
esta Corte no hubiese sido solo un parchecito, en particular si a la vez
garantizábamos la elección democrática de nuevos ministros que cumplieran, por
su parte, con determinados requisitos.

-¿Cuáles?

-Básicamente los mismos que para cualquier juez, tema que tengo muy claro en
función del lugar que voy a ocupar en el Consejo de la Magistratura. El primer
examen que tienen que pasar los jueces es el de su adhesión a los principios
fundamentales de la Constitución argentina y de los pactos internacionales que
están incorporados a ella, y, en segundo lugar, el de la capacidad y el
conocimiento del derecho.

-Un sindicato de empleados judiciales sostiene que habría que dictar una ley
donde se exigiera, por ejemplo, que para ser juez de la Nación el abogado que se
postula nunca haya patrocinado a las empresas producto de las privatizaciones y,
en sentido positivo, que se valore como un antecedente importante haber
patrocinado a un organismo de derechos humanos. ¿Qué opina de esto?

-Estoy totalmente de acuerdo. Creo que no hay asepsia y la Constitución no es
aséptica. No vamos a encontrar un abogado que, de alguna manera, no haya estado
de un lado o de otro en su vida profesional. Y hay que definir de qué lado
queremos que estén los jueces. Porque un abogado de las privatizadas en algún
momento tuvo que argumentar en contra de lo que dice la Constitución, es decir,
tuvo que haber avalado la violación de derechos constitucionales.

-Con estos criterios de selección, va a quedar siempre en minoría dentro del
Consejo.

-No voy a buscar la diferenciación dentro del Consejo por la diferenciación
misma. Veremos cómo se dan las cosas. En todo caso estoy acostumbrado a ser
minoría. Pero le digo algo: estaré en minoría en el Consejo, pero estaré con la
mayoría de la sociedad, que exige un cambio en la justicia. Cuando iniciamos
esta campaña para integrar este organismo me dije que debía ser allí la voz de
la sociedad. Para ello actuaré en contacto con la comunidad, con los abogados,
pero también con todas las organizaciones sociales comprometidas con el problema
de la justicia. De allí saldrá esa voz. Y esa voz exige un cambio profundo.
Exige que se adopten criterios de selección de jueces como los que expuse. Exige
además transparencia y honestidad. Y ese es otro aspecto de mi función, porque
así como haré lo posible por ser la voz, también estoy comprometido a observar
atentamente la labor del Consejo y decirle a la sociedad lo que pasa allí.

«DESCIFRANDO LA CORRUPCIÓN»

Es el título de un libro que acaba de publicar (octubre de 2004) la
organización centroamericana PROBIDAD, con el apoyo del Programa de Dinamarca
Pro Derechos Humanos para Centroamérica (PRODECA), del que hemos tomado algunos
conceptos correspondientes al capítulo primero «El problema de la corrupción»:

1.1- Espacios colectivos

Las sociedades e instituciones que funcionan con el esquema de sistemas
democráticos se fundamentan en la premisa de los «espacios colectivos».

Los espacios colectivos son las áreas, tangibles o intangibles, en las que se
relacionan los miembros de la sociedad o sus instituciones.

Algunos ejemplos de espacios colectivos son las carreteras, parques, los
mercados, el gobierno, las municipalidades, el espacio aéreo y marítimo, etc.
En los sistemas democráticos, todos los miembros de una sociedad o institución
tienen el derecho equitativo de acceder a los espacios colectivos, de realizar
actividades en ellos y de obtener beneficios según sus capacidades.

1.2-Relaciones democráticas

En las sociedades e instituciones democráticas, sus miembros delegan
responsabilidades en determinadas personas o grupos, en forma directa o
indirecta, para que actúen en su representación.

Las personas que delegan las responsabilidades son los representados y quienes
reciben las responsabilidades son los representantes.

Las responsabilidades delegadas consisten en atribuciones para decidir sobre
ciertos asuntos y realizar determinadas actividades y recursos para llevar
adelante la función de los representantes.

A cambio, los representantes adquieren el deber y las obligaciones de
proporcionar beneficios a quienes se los delegaron. Algunos de los beneficios
que reciben los representados de los representantes son: resolver conflictos y
regular las relaciones entre los actores de la sociedad; garantizar los derechos
humanos, económicos, sociales y culturales; ofrecer apoyo para el desarrollo
económico; brindar información…

Los beneficios que brindan los representantes pueden ser evaluados en cuanto a
su impacto, calidad, uso de recursos y transparencia. Los beneficios siempre
pueden ser mejorados según las necesidades que existan y los recursos de los que
se disponga.

1.3- Democracia y grupos de poder

Los grupos de poder son sectores que, por contar con mayores capacidades o
recursos, tienen mejores oportunidades para aprovechar y beneficiarse del uso de
los espacios colectivos.

Entre las funciones de los representantes se encuentra la regulación sobre el
uso de los espacios colectivos. Esto implica que deben regular a los grupos de
poder para que no cometan abusos en perjuicio de los demás miembros de la
sociedad o institución y lograr que los beneficios que estos obtiene se
redistribuyan.

Los representantes debe ejercer sus funciones únicamente en virtud del mandato
delegado por los representados. En la relación de los representantes y los
grupos de poder, el mandato se traduce en regulaciones sobre el uso que estos
últimos hagan de los espacios colectivos.

El concepto de grupos de poder no hace referencia a que tengan mayores
atribuciones que los representantes, sino a que tienen mayores ventajas para
obtener beneficios del espacio colectivo. De los espacios colectivos y de las
relaciones que se dan en ellos, los grupos de poder obtienen beneficios que
pueden ser económicos, una mejor competitividad, acceso a mejores oportunidades,
reconocimiento social, etc.

1.4- Relaciones antidemocráticas

Cuando la democracia es débil o cuando prevalecen patrones autoritarios, las
relaciones entre representados, representantes y grupos de poder se
distorsionan.

En este escenario, los grupos de poder ejercen influencia indebidas sobre los
representantes para obtener de manera indebida una mejor posición en la
explotación de los espacios colectivos. Los representantes dejan de atender el
mandato de quienes los eligieron y cometen transgresiones contra estos. En
consecuencia, las relaciones se invierten y la democracia se anula.

El abuso en el uso del poder delegado produce transgresiones en contra de los
representados. Las transgresiones pueden consistir en autoritarismo,
oportunismo, impunidad y otras conductas o acciones indebidas. Las
transgresiones afectan los derechos de los representados por acción y por
desprotección.

1.5- La corrupción

Corrupción es el abuso del poder delegado. Algunos ejemplos de prácticas de
corrupción se presentan en la siguiente tabla:

REPRESENTANTE
Y SU ABUSO DE PODER:

Presidente, Gobernador, Ministro, Secretario:

Designa
familiares en cargos rentados

Funcionario público:

Pide sobornos para otorgar contratos

Intendente o funcionario municipal:

Usa recursos
públicos para construir una propiedad privada

Gerente de una empresa:

Carga gastos
personales a la empresa

Empresario:

Evade
impuestos. Paga sobornos

Dirigente gremial:

Defiende
únicamente a las personas allegadas. Usa recursos en beneficio propio.

Dirigente político:

Designa
candidatos en función de su interés personal. Acepta designación de «ñoquis».

La corrupción es cometida por los representantes cuando hacen uso incorrecto
de sus facultades o de los recursos que les han sido asignados, con la finalidad
de generar beneficios ilegítimos para sí mismos o para los grupos de poder que
ejercen influencias indebidas sobre ellos.

Las prácticas de corrupción equivalen a transgresiones en contra de los
representados, las que producen afectación a los derechos de estos por acción o
desprotección.

Como consecuencia de la corrupción, los representados quedan en condición de
exclusión para usar y beneficiarse de los espacios colectivos.

1.6- Entorno de encubrimiento

La corrupción está asociada a un entorno de encubrimiento que impide que el
problema pueda ser expuesto, investigado o resuelto. Los mecanismos de
encubrimiento pueden:

• Ser generados por los grupos de poder o los representantes:
destruyendo evidencias, ocultando información, cerrando espacios de
participación, etc.

• Ser responsabilidad de los representados en la medida que no
participan ni se informan de los asuntos colectivos.

• Ser responsabilidad de terceros actores, como es el caso de la
prensa, cuando está vinculada a los grupos de poder.

(Resumido y adaptado del capítulo I del libro «Descifrando la Corrupción»
publicado en http://probidad.org, octubre de 2004)