RAMÓN PUNSET
Aunque el enemigo no resulte convencional y por ello no exista una ruptura de hostilidades precedida de una declaración formal de guerra, nos hallamos a nivel mundial en agudo conflicto con el terrorismo islámico, integrista y teocrático. En todas las guerras tienden a reforzarse los poderes del Gobierno y a restringirse, en mayor o menor medida, los derechos fundamentales de los ciudadanos. Las propias Constituciones democráticas contemplan, más o menos detalladamente, tanto la respuesta del Estado a los conflictos bélicos con potencias extranjeras y a las situaciones de grave crisis interna cuanto la réplica estatal a los fenómenos de terrorismo, previendo esos textos constitucionales la suspensión o reducción de garantías tales como la duración máxima de la detención preventiva, los derechos del detenido, la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones, las libertades de residencia y circulación y las de expresión e información, el secuestro de publicaciones sólo en virtud de resolución judicial, los derechos de reunión y manifestación y los de huelga y conflicto colectivo.
Estas regulaciones constitucionales restrictivas, sin embargo, tienen buen cuidado de preservar en todo caso los principios básicos del Estado de Derecho: a) Temporalidad, limitación y proporcionalidad de las restricciones; b) Sometimiento de todas las autoridades a la legalidad; c) Responsabilidad (y nunca inmunidad) de las autoridades y de sus agentes; y d) controles parlamentarios y jurisdiccionales de todos ellos.
Aun en la lucha contra sus enemigos, la democracia y el imperio de la ley deben, pues, persistir a toda costa, so pena de alterar el Estado su esencia y adquirir la de aquellos a quienes combate.
Pues bien, semejante mutación de la naturaleza estatal viene teniendo lugar en el último decenio y amenaza con afectar a países como el nuestro, que ha sostenido una larga lucha contra ETA sin abdicar del régimen de garantías constitucionales. En efecto, tanto en los Estados Unidos como en Gran Bretaña, históricamente patrias de las libertades individuales y del «rule of law», la histeria de población y gobernantes está conduciendo, desde el 11 de septiembre de 2001, a la adopción de normas y medidas más propias del totalitarismo orwelliano que de democracias consolidadas y paradigmáticas.
No se trata sólo del escándalo de ese limbo jurídico llamado Guantánamo -en realidad una Bastilla norteamericana adonde van a parar una nueva clase de prisioneros de Estado-, sino de la legislación antiterrorista implantada en esas dos naciones, que, so pretexto de garantizar la seguridad, suprime indefinidamente los más antiguos derechos fundamentales, otorgando facultades exorbitantes a la policía y a los servicios secretos y privando a los detenidos de la inmediata protección judicial. Así, la «guantanamización» de los derechos, en lugar de erradicarse, se extiende. No sorprende, en consecuencia, que el Reino Unido esté siendo reiteradamente vapuleado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a resultas de la aplicación de tan incivilizadas leyes, como hace décadas lo fue asimismo a causa de sus excesos en la lucha contra el terrorismo irlandés. ¿Y qué decir de la profesionalidad de los policías de Scotland Yard que acribillaron a balazos a un inocente joven inmigrante brasileño confundiéndole con un terrorista suicida? Está claro que los nervios de acero de la célebre policía británica, como la eficacia de las agencias de inteligencia (?) -el MI 6 o la CIA-, son cosa de escritores de superventas y de guionistas cinematográficos. Por no hablar de la pifia del FBI en la prevención de la catástrofe del 11-S.
El reciente incidente aéreo de Detroit -otra chapuza clamorosa, resuelta por los pasajeros del avión, no por la policía- ha venido, no obstante, en apoyo de los ciegos halcones que nos guían. De nuevo la histeria popular contagia a gobernantes, servicios de seguridad y autoridades aeroportuarias, listos para, mediante escáneres, desnudar indiscriminadamente a todos los viajeros que se propongan tomar un avión con destino a los Estados Unidos (otros destinos se unirán pronto a éste, según es previsible). Nuestro ministro de Fomento se ha apresurado a declarar, con fatalismo geológico, que dicha intromisión en la intimidad corporal resulta inevitable, acreditando de tal guisa su total insensibilidad hacia un derecho coesencial a la dignidad humana en nombre de la pretendida (y utópica) seguridad. Por su parte, la totalidad de los viajeros entrevistados por los reporteros de las cadenas de televisión se mostraron de acuerdo con pasar por el escáner, ya que eso haría los vuelos más seguros. Este conformismo borreguil me ha recordado al coro de ovejas de «Rebelión en la granja», oponiéndose a cualquier crítica a la autoridad mediante el balido «¡Cuatro patas sí, dos pies no!».
Sin embargo, para que las inspecciones y registros corporales sean compatibles con la dignidad de las personas y los derechos a la intimidad y a la integridad física que son trasunto de la misma, el Tribunal Constitucional español viene exigiendo que tales medidas cumplan una serie de requisitos: a) Que se persiga con ellas un fin constitucionalmente legítimo; b) Que su adopción se halle prevista por una ley parlamentaria; c) Que sean acordadas judicialmente, aunque sin descartar que la ley pueda habilitar a otros poderes públicos para que acuerden algunas de ellas por razones de urgencia o necesidad; d) Que sean motivadas las resoluciones que las decidan; e) Que las medidas a ejecutar resulten proporcionadas, o sea, que sean idóneas y necesarias para alcanzar los fines constitucionalmente legítimos que se pretenden y no impliquen un sacrificio desmedido; y f) Que la práctica de la intervención se lleve a cabo con respeto a la dignidad personal, sin que en ningún caso pueda constituir, en sí misma o por la forma de realizarla, un trato inhumano o degradante, absolutamente prohibido. ¿Cumplirá el paso indiscriminado por el escáner semejantes requisitos? Obviamente no. ¿Se impondrá de todos modos sin excesivo coste político? Seguro que sí, aunque con matices y eufemismos introducidos por la hipocresía de la Unión Europea. ¿Cuál será la consecuencia de este nuevo rebajamiento de nuestros derechos? Indudablemente, otro triunfo del terrorismo.
En la medida en que destruimos nuestras libertades estamos perdiendo la guerra con Al Qaeda. Lo decía el propio líder conservador David Cameron, cuando en 2008 se debatía en la Cámara de los Comunes la Ley Antiterrorista de Gordon Brown: «Al destruir las libertades individuales, el Gobierno hace el trabajo de los terroristas».
Una paz justa en Palestina sería mil veces más eficaz que los cada vez más enloquecidos controles aeroportuarios.
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