Es, siendo fiscal, la primera voz femenina en la historia del órgano de gobierno de los jueces. Algo que Gabriela Bravo ( El Ràfol de Salem,Valencia, 1963) precisa que no debería extrañar. No en vano, su nombramiento se produjo por unanimidad y desde entonces tiene claro que cada palabra, o cada silencio, puede ser utilizado en su contra. De ahí su prudencia, su afán perfeccionista, el halo institucional que le imprime a todas sus intervenciones o su negativa a pronunciarse sobre asuntos calientes, como la ramificación valenciana del Gürtel. Pero eso no le impide rebelarse contra propuestas que casi agrietan esa estudiada contención, como las que hablan de cadenas perpetuas o de infligir castigos más duros a los menores. Preocupada porque el ciudadano perciba la Justicia como algo cercano y porque los jueces dispongan de los medios necesarios para desarrollar su función con dignidad, esta mujer progresista adicta a la Justicia confiesa además su debilidad por trabajar por los más desprotegidos, algo que le viene de lejos.
MERCEDES GALLEGO
– El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha sido incapaz de nombrar a los presidentes de tres tribunales superiores, entre ellos el de la Comunidad Valenciana, cuyos mandatos expiraron hace tiempo. ¿Tan difícil es encontrar profesionales competentes?
No es una cuestión de falta de profesionalidad. Son nombramientos en los que se tienen que consensuar trece voluntades. Y eso, en determinados supuestos, es muy difícil. No hemos sido capaces de ponernos de acuerdo. Pero no significa que hayamos hecho dejación de funciones y estoy convencida de que en breve se renovarán las tres presidencias.
– ¿Pero los nombramientos no son en realidad un intercambio de cromos?
En absoluto se puede calificar así, se actúa con mucho rigor y se tienen en cuenta los méritos y la capacidad de los candidatos.
– Vista la actuación del TSJ en la trama valenciana del caso Gürtel, ¿se ha valorado que Juan Luis de la Rúa siga al frente cuando el Supremo puede devolver el asunto a Valencia y está pendiente también la admisión de la querella del PSPV por presunta financiación ilegal del PP en la Comunidad?
Las cuestiones jurisdiccionales no afectan a la política de nombramientos. Que en un TSJ haya un asunto más mediático no es una cuestión a tener en cuenta para decidir si renovar o no a un determinado candidato.
– ¿Cree usted que en las decisiones que adopte el TSJ de la Comunidad sobre el caso Gürtel no es determinante la presencia o no de De la Rúa?
Los jueces en nuestro país actúan con la suficiente independencia, profesionalidad y rigor y por ello confío en que se adoptarán las resoluciones conforme a derecho.
– ¿Definiría con esas palabras, profesionalidad y rigor, la actuación de la sala de lo Civil y de lo Penal en este caso?
No puedo entrar en valoraciones sobre actuaciones concretas, lo que sí le aseguro es que este país tiene un sistema judicial garantista.
– ¿Cómo se puede creer en la independencia de la Justicia cuando en órganos de la trascendencia del CGPJ o del Tribunal Constitucional se habla sin tapujos de conservadores y progresistas? ¿No debería estar la Justicia por encima de las ideas políticas?
Por supuesto que la Justicia está por encima de las creencias de cada uno. Trasladar otra imagen es un error. La trascendencia que se da a los temas mediáticos es lo que hace que el ciudadano pueda tener esa percepción. Si nos fijamos en los asuntos que salen en los medios no enumeraremos más de 18 cuando en nuestros juzgados el año pasado entraron nueve millones. Decir que la Justicia está politizada no responde a la realidad.
– ¿Cómo se explica entonces que medio millar de jueces se hayan adherido a un manifiesto en el que piden la despolitización de su órgano de gobierno?
Estos magistrados no dicen que haya resoluciones dictadas según criterios políticos. Lo que no comparten es el sistema de elección de los vocales del CGPJ.
– ¿Y usted lo comparte?
El hecho de que quienes elijan al órgano que va a gobernar al tercer poder del Estado sean los depositarios de la soberanía popular representados en el Parlamento nos legitima democráticamente. El sistema de mayorías es el que es. Y el que nos haya propuesto un grupo parlamentario u otro no significa que tengamos que seguir sus cánones. Asegurar lo contrario es una falacia aunque cada uno tenga su propia ideología. Es el reconocimiento de un estado plural.
– ¿Qué piensa de la propuesta lanzada por Rajoy de modificar el Código Penal para introducir la cadena perpetua?
Incorporar la cadena perpetua exige primero una reflexión sobre el derecho penal que queremos. En este país se apostó por un modelo más humanitario que, sin olvidar la pena, busca la reinserción. Por eso creo que la cadena perpetua tiene muy mal acomodo dentro de nuestra Constitución. Pero es que, además, tenemos uno de los sistemas punitivos más duros de Europa y la población reclusa más numerosa de toda la UE. Por eso me parece demagógico y poco serio lanzar estas propuestas al amparo de dramas humanos utilizando el dolor de las víctimas, a las que hay que tener muy presentes, además de protegerlas. Y no hay que olvidar las estadísticas que revelan que el endurecimiento de las penas, ni siquiera la pena de muerte, tiene los fines disuasorios que la gente cree.
– ¿Qué queda entonces?
Trabajar en medidas postpenitenciarias individualizadas porque creo que tenemos un sistema penal muy duro ya.
– ¿Eso se puede aplicar a la Ley del Menor? También piden endurecerla.
Me alarma mucho que se utilice esta ley cuando los datos demuestran que nuestros menores no son los que más delitos graves cometen. La mayoría suelen ser contra la propiedad y en la Ley Penal del Menor ya hay una respuesta importante: ¡es que se pueden llegar a cumplir medidas de internamiento de hasta diez años! Y para un menor cinco o diez años es a veces casi la mitad de su vida. Pero es que, además, la ley ha sido reformada tres veces para endurecerla. Hacer demagogia con este tema es ir contra el espíritu de la propia ley cuando tendría que regir el interés del menor. Eso, sin plantearnos si tenemos políticas sociales adecuadas o si están fracasando las administraciones y las instituciones.
– ¿Y las víctimas?
Yo me solidarizo con su dolor, hay que dejar que se expresen, incluso se les puede respetar hasta ese espíritu vindicativo. Pero no podemos utilizar el dolor para convertir un Estado de Derecho en un estado vengativo. Pueden ser comprensibles determinadas manifestaciones por parte de los afectados porque la rabia por ese dolor les puede legitimar, pero la responsabilidad de la sociedad es sentar ese debate desde otro punto y no utilizar esos sentimientos porque lo contrario es fomentar el espíritu vengativo, lo cual tampoco conjuga con el espíritu de nuestra Constitución.
– ¿Cómo se puede mantener a la Justicia al margen de la batalla política para evitar este tipo de planteamientos?
Cualquier propuesta debe plantearse en el marco parlamentario adecuado. Pero no es serio que al amparo del dolor de las víctimas se fomenten endurecimientos de leyes porque, incluso desde el punto de vista utilitarista del derecho penal, hay que ver si sirve para algo.
– ¿Se tendría que sancionar por dilaciones indebidas a los magistrados del Constitucional que tienen que pronunciarse sobre el Estatut?
Aunque sería deseable que ya hubiera una resolución, hay que tener en cuenta que se trata de un asunto muy complejo donde se ha cuestionado la constitucionalidad de una gran parte de los artículos del Estatut, que cada uno necesita una ponencia específica y que haya acuerdo sobre ella.
– En la situación en que se encuentra este tribunal, ¿qué legitimidad ética tienen sus resoluciones?
Estoy convencida de que trabajan con mucho rigor y que no han dejado de ejercer sus funciones. Estos treinta años de democracia son una muestra evidente del gran trabajo desarrollado por este órgano, el pilar de nuestro Estado de Derecho.
– ¿Cree usted que los políticos involucrados en procesos de corrupción deben dimitir o esperar a que haya sentencia firme?
Esa es una cuestión muy personal que debe resolver cada uno según sus principios morales.
– Si al final el Supremo concluye que regalar trajes a un político no es delito, ¿debería eliminarse el cohecho impropio del Código Penal?
No voy a hacer ninguna declaración sobre el Gürtel ni sobre ningún asunto jurisdiccional porque no corresponde al órgano de gobierno.
– El vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa, defendía hace unos meses en estas mismas páginas que los jueces son unos ciudadanos más y que, por lo tanto, ni deben ni pueden dejar de manifestarse sobre lo que sucede a su alrededor.
Comparto esa visión del vicepresidente de que tradicionalmente la Justicia aparecía ante los ojos de los ciudadanos como algo opaco. Uno de los retos de este Consejo es trabajar en todos los ámbitos para que haya un acercamiento y, si lo conseguimos, los ciudadanos sentirán que los jueces están trabajando al servicio de la sociedad. Pero nosotros, como órgano de gobierno que vela por la independencia de los jueces, no podemos hacer valoraciones sobre cuestiones jurisdiccionales porque se podría considerar una intromisión en su independencia. Los vocales tenemos que entender que nuestra libertad de expresión está limitada por la responsabilidad institucional. Otra cuestión, insisto, es si los jueces tienen que abrirse más a la sociedad, que yo creo que lo están haciendo.
– ¿Cómo se puede ser la portavoz del órgano de gobierno de los jueces siendo fiscal?
Formo parte del CGPJ como jurista y fui elegida portavoz por unanimidad. En absoluto es incompatible y tampoco debería parecernos raro. Mis casi veinte años en la carrera fiscal me han permitido tener una percepción bastante exhaustiva de los problemas que afectan a la administración de Justicia.
– Un ex alcalde de Alicante y actual diputado autonómico llegó a decir que para imputar a alguien bastaba con ponerse de acuerdo con un fiscal. Los jueces tienen al CGPJ para defenderles. ¿Quién defiende a los fiscales?
El ministerio fiscal es una institución fundamental en nuestro sistema judicial, y así lo consagra la Constitución, al que corresponde la defensa de la legalidad de los derechos de los ciudadanos. Por ello entiendo que los ataques a la institución que vayan más allá de la libertad de expresión afectan a la salud democrática de nuestro Estado de Derecho.
– ¿Piensa usted que el ciudadano cree en el sistema judicial?
Yo creo que sí, prueba de ello son los casi diez millones de casos que se registran al año. El ciudadano sigue optando porque sean los jueces quienes tutelen sus derechos y libertades.
– Desde la perspectiva que le da el cargo que ahora ocupa, ¿cómo ve la situación de la Justicia en la Comunidad?
Pese a que la Comunidad Valenciana, con Andalucía, Madrid y Canarias, está a la cabeza en número de asuntos registrados, nuestra autonomía no se encuentra entre las más congestionadas.
– ¿Significa eso que está bien?
Significa que, a pesar del número de asuntos, el tiempo de respuesta es más rápido, lo que demuestra que los jueces trabajan mucho y bien en una sociedad muy dinámica, con un espíritu comercial importante y que además ha sido receptora de una gran masa de población inmigrante. Y esta mayor dimensión social se refleja en el número de litigios, al margen del hecho coyuntural de la crisis, que ha hecho que se dispare la carga de trabajo en algunas jurisdicciones.
– ¿No hacen falta más jueces?
Soy consciente de que en la Comunidad hacen falta más jueces pero las carencias de esta autonomía no son sólo la falta de juzgados. Hay tres reclamaciones comunes y que deberían ser atendidas con urgencia: falta de funcionarios, falta de formación de los interinos y falta de medios materiales. Atender a todas las exigencias para que los jueces puedan trabajar con dignidad y celeridad también es importante. No podemos olvidar que aún hay muchas sedes judiciales, entre ellas la de Alicante, que no reúnen ni condiciones de salubridad y otras con graves problemas de espacio que constituyen un obstáculo para la puesta en marcha de la nueva Oficina judicial. La apuesta por la modernización de la Justicia exige una gran implicación y voluntad política tanto por parte de la Comunidad como del ministerio, pero sólo creando juzgados no se van a solucionar nuestros males.
– ¿La sensibilidad de la Generalitat es similar a la de otros gobiernos autónomos?
Hay comunidades que tienen mayor sensibilidad, como el País Vasco o Cataluña, en las que ha habido siempre una mayor inversión. En la Comunidad Valenciana, al igual que en otros territorios, no se ha avanzado a la misma velocidad.
– ¿A qué se deben estas diferencias?
Dependen de las voluntades políticas. No puedo entender, por ejemplo, cómo en el siglo XXI una ciudad como Alicante tenga la sede que tiene. Y luego están los puntos negros que en el CGPJ nos tienen muy preocupados.
– ¿Como cuáles?
Como Orihuela, Torrevieja o Elche. Son los puntos negros por el gran volumen de trabajo debido al incremento de la delincuencia. Orihuela es uno de los territorios más saturados de todo el país. Con lo que queda claro que, además de la creación de nuevos juzgados para asumir esta carga de trabajo, se necesita una dotación de medios materiales y personales por parte de la Generalitat. Sin este binomio no hay solución válida.
– ¿Por qué se llama Fiscalía Anticorrupción a un par de fiscales sin medios?
La creación de la figura del fiscal delegado debe ir acompañada de la correspondiente dotación y esto es algo que tiene que impulsar la Fiscalía General y exigirlo a quien tiene el dinero. Si no se dispone de los instrumentos necesarios que permitan llevar a cabo una investigación tan especializada, no sirve de nada.
– ¿Qué Gabriela Bravo era más política, la que a los quince años despidieron del almacén de frutas en el que trabajaba por incitar a sus compañeras a una huelga o la actual?
Han pasado treinta años de aquella preadolescente que en una sociedad que acababa de despertar al espíritu democrático quería tener una voz cuando nadie estaba acostumbrado a que hubiera voces disconformes. No podía entender por qué simplemente por poner de manifiesto unas injusticias sociales te trataban de una forma despectiva. Aquella época la guardo en mi recuerdo con mucho cariño: haber tenido la posibilidad, una vez superado el totalitarismo, de vivir cómo España se adentraba en un sistema democrático creo que ha marcado mi vida. Ahora claro que hago política, formo parte de un órgano donde se hace política judicial, pero nunca en mi interior se ha adormecido esa inquietud y esa necesidad de poner de manifiesto aquellas injusticias que no deben ser tolerables. Siempre he tenido predisposición a trabajar por los más desprotegidos.
Diario Información