Teófilo Cabestrero analiza la realidad sangrante de la sociedad guatemalteca

Clamor del Reino de Vida en Latinoamérica ante los poderes de exclusión

Teófilo Cabestrero

Adital – Del jubiloso canto “¡Gracias a la vida!”, América Latina está pasando a un amargo lamento: “La vida no vale nada”

Dos miradas. Primero, el testimonio de algunas situaciones que retratan el alcance letal de los poderes de exclusión activos ahora en Latinoamérica. Después, el clamor con que el Reino de vida digna para todos y todas, desafía a cristianos y cristianas (y a los hombres y mujeres de cualquier religión, cultura o tradición espiritual) desde las situaciones de exclusión y de muerte en esta América indo-afro-latinoamericana.

1. Vivo en un país de Centroamérica que se va pareciendo a un extenso cementerio ornamentado con lagos y volcanes, bosques, ríos y montañas, donde, en las aldeas indígenas, los sobrevivientes del conflicto armado interno (1962-1996) desentierran los restos de sus muertos en las tumbas colectivas clandestinas, y los vuelven a enterrar con la dignidad que les brindan sus viudas y sus huérfanos. Al mismo tiempo, los sobrevivientes de las nuevas violencias, recogen a diario los cadáveres abandonados en las calles o arrojados a un barranco, al río o a un basurero, siendo también frecuentes las muertes en los asaltos a buses urbanos y extraurbanos.

En Guatemala, todos los días amanecemos oyendo en las noticias la lista de los 10 o 12 muertos matados en el día y en la noche anterior, con los pormenores de si los han asesinado a balazos o a cuchilladas, o si aparecen torturados, con las manos atadas y el tiro de gracia, y si las mujeres asesinadas han sido violadas y mutiladas. Unos 2 millones de armas de fuego tiene ilegalmente la población civil de Guatemala, además del medio millón largo legalmente registradas. Cada año se gastan en municiones 1 millón y medio de dólares, y también cada año unas 4 mil muertes son causadas por armas de fuego.

La edad de la mayoría de las personas asesinadas, va de los 14 a los 36 años. Y se dan hechos tan atroces como acribillar de 4 disparos a una niña de 4 años, y matar a muchachas jóvenes embarazadas. Cada vez tienen menos edad las personas asesinadas y quienes las matan. Y en un país de población mayoritariamente joven, el hecho de que la juventud deje de simbolizar el futuro de la vida para representar la imagen real de la muerte prematura, es un cambio aterrador. De cada 100 homicidios, se esclarecen a medias unos 10; y en muy pocos casos detienen a alguno de los autores, designados en los informes y en las crónicas como “sujetos desconocidos”.

Detrás está el “crimen organizado” y están los “poderes ocultos”, que en Guatemala han penetrado hasta las instituciones del Estado. Están las mafias de narcotraficantes, de robacarros al servicio del tráfico internacional, y de secuestros de personas que con frecuencia son asesinadas. También están las poderosas mafias del contrabando de mercancías, y del tráfico de personas adultas y menores para la emigración ilegal, el comercio sexual y la pornografía. Y están las “maras” o pandillas de jóvenes sin trabajo ni futuro, que se matan entre ellos o matan a cualquiera en su actividad delictiva o en “trabajos” a sueldo como sicarios. Abundan los ajustes de cuentas de tipo mafioso, político, familiar y pasional.

La desesperación de la población ha estallado centenares de veces en linchamientos salvajes de cualquier sospechoso de asesinato o de robos y asaltos. Es la exasperación de una sociedad traumatizada por la inseguridad, la falta de justicia, la inoperancia de las autoridades y de una policía que es cómplice en algunos crímenes. Una sociedad que lleva en su alma y en su piel heridas, rupturas y divisiones abiertas por las desigualdades y discriminaciones históricas, que sangraron mortalmente en un conflicto armado de más de 30 años con 200 mil muertos y un millón de desplazados. Heridas, rupturas y divisiones nunca cerradas, que las Iglesias particulares de bastantes obispos católicos decidieron sanar con el proyecto “Remhi” (Recuperación de la Memoria Histórica), truncado con el atroz asesinato del obispo católico Juan Gerardi el 26 de abril de 1998, a los tres días de presentar en la Catedral el fruto de la primera etapa del “Remhi”: 4 volúmenes que, bajo el título de Guatemala, nunca más, atribuyen documentalmente al Ejército más del 80 por ciento de las masacres del conflicto armado.

Y en Guatemala, casi todo lo encubre y lo perpetúa la impunidad. En sombras hasta ahora impenetrables, permanecen activos los “poderes ocultos y paralelos” que traman “ejecuciones extrajudiciales” y dirigen seguimientos de intimidación con amenazas de muerte a fiscales, jueces, contralor general, abogados, periodistas, líderes y defensores de los derechos humanos. Numerosos testigos de los crímenes son amenazados y “eliminados”. El Ministerio Fiscal ha tenido que ampliar varias veces su Programa de Protección a Testigos; muchos han huido del país para salvar su vida y la de su familia, y ahora están bajo protección más de 50 testigos de crímenes de alto impacto social.

Un caldo de cultivo de tantos poderes y fuerzas activas de exclusión y de muerte es la pócima de terror, desconfianza, impotencia y depresión que la población se viene tragando; y la pobreza creciente, el atraso, la miseria y hambre, que son armas que también matan. “Desde inicios de los años 90, ha aumentado en un 50 % el número de personas hambrientas y desnutridas en toda Centroamérica” (Informe de la FAO, julio de 2004 en Guatemala).

El estudio “Previsión de Futuro”, recién publicado por la Asociación Pro-Bienestar de la Familia en Guatemala, llama “temible bomba de tiempo” al divorcio actual entre el crecimiento acelerado de la población y el empeoramiento de las necesidades básicas para vivir dignamente: vivienda, empleo, alimentación, educación y salud. Nacen ahora 1.150 niños cada día: la población crece un millón de personas cada 3 años. A este ritmo, en el año 2040 Guatemala tendrá 25 millones de habitantes, y ahora, con 12 millones, el 70% son pobres, el déficit de viviendas es de 1 millón y medio, la tasa de desempleo es del 46% y 6 millones de personas están en alto riesgo de salud. En estos días nos han informado “oficialmente” de que “el 98% de las fuentes de agua del país están contaminadas, principalmente con heces fecales y residuos químicos, porque los desechos de 12 millones de personas se lanzan a los ríos y lagos”; de los 331 municipios del país, 24 tienen plantas de tratamiento del agua, y de ellas solo funcionan 15. La exclusión y la muerte es el horizonte de la mayoría de los recién nacidos en este desequilibrado crecimiento de la población.

Un índice expresivo del estado de desesperanza y depresión que sufre ahora la población de Guatemala es el aumento de suicidios. Del año 2001 al 2003 se registraron oficialmente 1.700 suicidios; unos 600 suicidios anuales. Y “son tantas las familias que ocultan los suicidios y los médicos que no los reportan” -dicen los responsables del registro- “que el número real de suicidios puede ascender al doble de los registrados”. Si a eso sumamos los intentos frustrados de suicidio, el resultado es que, cada día, 5 o 6 personas intentan quitarse la vida en Guatemala y 3 o 4 de ellas lo consiguen.

Sectores de la población de Guatemala en alto riesgo son los menores de edad, la población joven, las mujeres, los campesinos y los indígenas. Sectores de enorme valor humano y estratégico para el país.

– Sobre los niños y las niñas recaen todos los efectos negativos de los poderes de exclusión y de muerte que ahora golpean muy duro en Guatemala, en medio del crecimiento de la pobreza, el desempleo, la privatización de los servicios públicos, la emigración, las rupturas familiares y las violencias sociales. Flagelan a los menores, la agresividad y la violencia doméstica (maltrato y abuso infantil intrafamiliar); la violencia laboral (trabajo infantil y ausentismo escolar); la violencia sexual (la ocasional, familiar o social, y la organizada en el tráfico de niñas y niños para la prostitución, el turismo sexual y la pornografía); y la violencia social (robo, secuestro y comercio de menores muy pequeños para las adopciones, comercio espontáneo o controlado por mafias: Guatemala es “el mayor exportador de niños de América Latina”: hasta 3 mil cada año; delincuencia y “limpieza social” de los “niños y niñas de la calle”). Todo son flagelos que matan la infancia y la vida futura de un alto porcentaje de menores guatemaltecos.

– En la juventud, un fenómeno muy complejo y de temibles consecuencias es el de las “maras” o pandillas juveniles. Fenómeno activo en varios países centroamericanos: Honduras, El Salvador y Guatemala; también se da en México y en Nicaragua, pero, en los tres primeros países son más violentas y mortíferas las “maras”. Producto de la deportación desde Estados Unidos de emigrantes centroamericanos ilegales, y fruto creciente de la desintegración familiar en sociedades sin salidas ni caminos de educación, formación y puestos de trabajo para la abundante población joven, las “maras” crean su mundo y su ley que se han hecho violentos en una sociedad muy violenta que los crea y los excluye. Sus “salidas” son la delincuencia y hacerse mano de obra del crimen organizado, de las mafias y los poderes ocultos que los alquilan y los arman como sicarios. Matan, se matan y son matados. Y se han convertido en un problema social inmanejable para los gobiernos que ahora les aplican leyes y operativos de “mano dura” y “superdura”, con redadas para amontonarlos en cárceles o infiernos de mayor violencia y deshumanización. Los motines y matanzas son episodios horrendos en Honduras, El Salvador y Guatemala, tres países donde los “mareros” suman cerca del medio millón de jóvenes de ambos sexos.

– Contra las mujeres se ha desatado en los últimos años en Guatemala un huracán de violencias letales cuyas cifras horrorizan: en el año 2001, fueron asesinadas 303 mujeres; en 2002, 317 mujeres; en 2003, 384; y en este año 2004 pueden llegar a 600 mujeres, ya que en octubre se acercan a 500. En los cuatro últimos años, más de 1.500 mujeres han sido ultimadas con señales de violencia bestial. Se habla de “holocausto de género” y de “feminicidio”. Empiezan las protestas en los medios y en las calles, pero, en Guatemala crecen más el temor, el miedo y la desconfianza que la decisión militante de la ciudadanía y las investigaciones. Dos altas Comisionadas de Naciones Unidas para la Mujer han venido en estos años, y se han horrorizado y han urgido al gobierno a poner fin a esta locura, pero, la impericia y la inercia hacen que los asesinatos de mujeres continúen. Se suelen atribuir a mareros, a exmilitares, a limpieza social, al crimen organizado o ajustes de cuentas y violencia pasional; en varios casos se ha probado la participación de policías. Se dice que una cierta costumbre de “violencia de género” fue exaltada en Guatemala durante el conflicto armado, cuando entre los militares y paramilitares era trofeo y mérito violar a las mujeres antes de masacrarlas en matanzas colectivas por las aldeas.

– En Guatemala el 65% de la población son indígenas, y la mayoría de los indígenas son campesinos. Y aun siendo sectores mayoritarios en la población total, los indígenas y los campesinos son sectores empobrecidos y marginados. Siempre lo han sido. Los Acuerdos de Paz firmados en 1996, reconocen la identidad y los derechos de los pueblos indígenas como constitutivos de la identidad de Guatemala y lamentan su marginación, la pobreza y la injusta distribución de las tierras, como causas originantes del conflicto armado, causas que los Acuerdos de Paz decidieron superar. Pero eso quedó en papel mojado. El sometimiento y la explotación fueron y siguen siendo la práctica en la historia pasada y en estos inicios del siglo XXI. Los abusos ancestrales de carácter racial, económico, político y social, se mantienen vigentes y el actual sistema neoliberal globalizado los legitima y los radicaliza. Indígenas y campesinos son ahora “población sobrante”, y “excluirlos” de la vida es, de hecho, la vía adoptada. El 4% de la población mantiene en propiedad el 62.5% de las tierras cultivables del país. Aguardan solución unos 200 conflictos de tierras que son propiedad de poderosos finqueros latifundistas y fueron ocupadas por familias campesinas sin tierra para sobrevivir; y la solución dictada son los “desalojos forzados” que dejan a los campesinos sin solución y con varios muertos si oponen resistencia. Indígenas y campesinos aprovechan este año el 12 de octubre (“Día de la dignidad de los pueblos indígenas”) para manifestarse reclamando la tierra, el cese de los desalojos y de los daños a sus comunidades por la explotación minera, la libre práctica de sus espiritualidades y mayor justicia frente a la exclusión y el racismo.

El último informe de Minugua (Misión de Naciones Unidas para Guatemala) que el 30 de septiembre de este año 2004 ha puesto el sello final a su mandato de supervisar el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, dice: “La pobreza extrema y la desigualdad del ingreso, la distribución desigual de la tierra y el estado de abandono de las áreas rurales por el Estado, fueron las causas del conflicto armado y todavía persisten”.

Bajo la actual globalización del sistema económico y sociopolítico neoliberal, no sólo persisten esas y otras fuerzas de muerte, sino que se han agravado en Guatemala y en todos los países de América Latina. “Con la excepción de Chile, todos los países latinoamericanos están ahora peor que hace un cuarto de siglo: cada día hay más pobres, y, en vez de reducirse, aumentan las diferencias entre los que tienen mucho y los que tienen poco o nada” (Mario Vargas Llosa, octubre de 2004). La riqueza y los bienes de producción y de consumo se han concentrado todavía más, y crecen mortalmente la pobreza y la miseria, la desigualdad, la corrupción y las violencias sociales.

Según los últimos informes oficiales de ámbito global, América Latina es la región del mundo que tiene el más alto índice de inequidad, la más extrema desigualdad entre ricos y pobres. Informes recientes del Banco Mundial dicen que el 10% más rico en América Latina tiene ahora un ingreso escandalosamente superior al 50% más pobres. Y la Cepal (Comisión de Naciones Unidas para la Economía en América Latina) divulga las siguientes tendencias acentuadas durante estos años en Latinoamérica por la aplicación de las recetas ultraliberales:

1. En los últimos 20 años, 91 millones más de personas se han convertido en pobres, y 40 millones de pobres han pasado a ser “indigentes”: “no tienen ingresos para consumir el mínimo de proteínas y calorías necesarias para vivir”.

2. Ahora, 400 millones de latinoamericanos son más pobres: 250 millones viven con 2 dólares al día, y más de 100 millones viven con 1 dólar al día.

3. Las mayorías pobres crecen en número y en pobreza. Disminuye la clase media, que va siendo una cierta minoría: en los últimos 6 años, 23 millones de personas han perdido su estatus de clase media y han pasado a ser pobres. Y se ha hecho más rica la minoría de los ricos: el 20% de la población de América Latina se cataloga como ricos, los muy ricos son un 10%. La clase media se reduce al 20% en los países latinoamericanos, mientras que en los países del Primer Mundo la clase media son el 60% de la población. En América Latina, el 60% son los pobres y entre ellos crece el número de indigentes.

Al mismo tiempo, según datos de la Cepal y del FMI, en el año 2003, empresas transnacionales que operan en América Latina enviaron a sus centrales en países ricos 20 mil millones de dólares de ganancia líquida. Las diez multinacionales más fuertes (la mayoría son norteamericanas) facturan 115 mil millones de dólares por año, y se han hecho las mayores exportadoras de América Latina. Hace 10 años, eran las empresas estatales latinoamericanas las que efectuaban el 41% de las exportaciones, las empresas privadas nacionales facturaban el 34%, y las empresas extranjeras solo el 25%. Ahora las transnacionales realizan más del 40% de las exportaciones, las empresas privadas nacionales el 31% y las estatales el 25%.

Conclusión de los expertos: el modelo neoliberal presentado como la verdad suprema dogmatizada e impuesta por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, nos ha traído más pobreza y desigualdad, mayor concentración de la riqueza y extranjerización de los beneficios, y más desempleo. Y todo ello trae consigo más desintegración familiar y social, más corrupción, mayor delincuencia, violencia social, inseguridad y muerte e ingobernabilidad.

Llama poderosamente la atención el hecho masivo de que en América Latina, un continente de pueblos tan profundamente religiosos, mayoritariamente cristianos y católicos (visto con esperanza por las Iglesias como una “reserva del cristianismo y del catolicismo”), reine tanta inequidad, la mayor brecha del mundo entre los ricos que acumulan y aumentan sus riquezas y los pobres que crecen en número y en indigencia. Reinan la injusticia, la exclusión y la deshumanización que eso manifiesta.

Se ve ahí un colosal contrasentido que levanta sospechas sobre la calidad de nuestro cristianismo y catolicismo, de nuestra evangelización y de la pastoral cotidiana de nuestras Iglesias. El “divorcio entre la fe y la vida” ha sido señalado y lamentado por los obispos latinoamericanos en sus Conferencias Generales de Medellín (1968) Puebla (1979) y Santo Domingo (1992), como una grave deficiencia de la fe cristiana en este continente. Es una contradicción que falsea la fe y falsea la vida. Fue denunciada ya por algunos profetas del tiempo de la Colonia, pero, persiste a través de la historia y ahora se agudiza por la actual invasión neoliberal del pensamiento y del estilo único de vida, cuyas Corporaciones Transnacionales llevan a cabo impunemente una “nueva conquista” sobre-explotadora de suelos y subsuelos, materias primas y especies, mano de obra, producción, comercialización y mercados, desequilibrando y aniquilando la variedad de climas y ambientes, especies, recursos y patrimonios, organizaciones, identidades, religiones y culturas que integran la vida de esta América indo-afro-latinoamericana.
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