DIARIO DE BURGOS (SANTOS MARIA MARTINEZ).-
Estamos reducidos a lanzar cangilones como la vieja mula atada a la noria para recoger agua de un pozo ya seco, estamos de nuevo los el debate sobre la cadena perpetua ya tratado en los años de la transición, entonces se escribió hasta la saciedad. Cesó cuando se aprobó la Constitución que en su Artículo 25 sanciona que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social, propiedades incompatibles con la cadena perpetua. Su incorporación ahora en nuestro Derecho penal no sólo supondría una modificación del texto constitucional y de la política criminal retributiva, sino también obligaría a cambiar posicionamientos ante la violencia, la misma organización de instituciones penitenciarias y, lo que es peor, se invalidaría la vida humana. Supondría un retroceso de años en todos estos aspectos.
El debate entonces se planteó juntamente con el de la pena de muerte, ambas penalizaciones parten de la misma concepción determinista del hombre, predefinido e incapaz de modificarse, no cabe esperar nada de él y en conductas antisociales hay que eliminarlo, o apartarlo definitivamente. Se ha dicho que el sistema penitenciario es uno de los apartados que mejor refleja los principios de una sociedad, por lo tanto si en la legislación se minusvalora la vida humana se aplicará la misma consideración en otros ámbitos, concretamente en el de la delincuencia. Es verdad que el PP, que presenta esta iniciativa, también añade que debe ser revisable en su trayecto, pero la experiencia nos dice que esta medida de posible indulgencia se aplica a unos sectores sociales más que a otros, concretamente a las personas más influyentes y potentes. Todos sabemos que la pena de muerte en los EEUU se aplica más a los negros que a los blancos, a los pobres que a los ricos. Así la política penal se desvirtúa.
En ambos casos, pena de muerte y cadena perpetua, se mantiene la idea absurda de eliminar el crimen y la posibilidad de delinquir legitimando la brutalidad y la fuerza más que una aplicación justa de la pena y una comparecencia entre iguales. Es demagógico plantear, ingenuo esperar de la cadena perpetua la abolición de muchos males pues son inherentes a la naturaleza humana, como también lo es la corrección y la modificación de conductas, como propone la Constitución con la reeducación y reinserción. Se ha comprobado que la aplicación de penas tan severas, incluso irreparables, no disuade el delito, son otros valores positivos los que pueden reducir las prácticas delictivas, pero difícilmente eliminarlas. Se ha presentado esta iniciativa con ciertos tintes oportunistas, aprovechando el sentir popular por unos casos concretos, pero no a todos nos llevan a retocar uno de los principios tan valiosos que guarda la Constitución. Un garbanzo duro no estropea el cocido y es oportuno recordar una lección de Concepción Arenal: odia el delito y compadécete del delincuente.
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