Javier Núñez
Bilbao. El portavoz de Defensa del PNV en el Congreso de los Diputados, José Ramón Beloki, presentó ayer una pregunta por escrito a la ministra de Defensa del Gobierno español, Carmen Chacón, para conocer los detalles sobre la cesión al grupo ultraderechista Falange y Tradición de una instalación propiedad del Ministerio de Defensa para la celebración de una reunión.
Según publicaba ayer DEIA, los miembros del grupo violento de extrema derecha, Falange y Tradición, autor de decenas de ataques contra la memoria histórica y de amenazas de muerte a varias personas y cargos públicos de NaBai y ANV, mantuvieron una reunión ilegal en julio de 2009 en el Centro Deportivo General Mola, ubicado en la calle Taconera de Iruñea, una instalación propiedad del Ministerio de Defensa. Beloki pregunta al Gobierno de Zapatero «en base a qué criterios políticos y/o administrativos el Ministerio de Defensa permitió a Falange y Tradición la utilización de las instalaciones».
Este diario se puso ayer en contacto con el Ministerio de Defensa del Gobierno español y su respuesta fue: «No nos consta nada sobre la investigación, no vamos a dar ninguna explicación y esperamos a ver cuál es la decisión de los jueces». En el Centro Deportivo General Mola de la capital navarra la contestación fue casi similar. Tras varios minutos de espera, y sin siquiera llegar a permitir realizar ninguna pregunta, aseguraron que «no tenemos nada que decir ni explicar sobre este asunto».
José Luis Roberto, presidente de España 2000 -un partido que se define como «patriótico y populista»-, y a quien según el sumario los detenidos de Falange y Tradición iban a solicitar armas, negó a este diario cualquier implicación. «Nunca he mantenido ninguna conversación con José Ignacio Irusta. Sé que pidió mi número de teléfono a un amigo, pero cuando supo para qué era, no quisimos saber nada. Además, quién soy yo para proporcionar amas a cualquiera. De lo que se ha podido leer parece que tengo armas a mi disposición».
Hechos Graves Los partidos políticos resaltan la gravedad de los hechos y denuncian la doble vara de medir de los jueces. Así, el presidente del Napar Buru Batzar del PNV, José Ángel Agirrebengoa, aseguró que «resulta evidente que hay dos varas de medir por parte de la judicatura. Para unas cosas actúan con la máxima firmeza, pero en otras se observa una permisividad que no llegamos a entender. Todos sabemos que hay grupos de la extrema derecha que campan a su libre albedrío. El detenido en Sunbilla hacía ostentación pública de su condición, era algo conocido».
Txentxo Jiménez, parlamentario de Nafarroa Bai, denunció «la actitud de jueces, ciertos partidos políticos y fuerzas de seguridad del Estado que están demostrando una doble vara de medir con los detenidos de Falange y Tradición con respecto a otras detenciones». A Jiménez le llamaba la atención que en este caso, y tratándose de la extrema derecha y de un grupo directamente implicado en decenas de atentados, «los diferentes estamentos judiciales, y en especial la Audiencia Nacional, no encuentre motivación para actuar contra la extrema derecha».
En un comunicado, Ezker Batua consideraba que «el Ministerio de Defensa debe llevar a cabo una investigación minuciosa para conocer la persona o personas que dieron permiso a los miembros de Falange y Tradición para reunirse en un recinto gubernamental, así como depurar las responsabilidades a que hubiera lugar».
Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia, mostró su convicción en que el auto debe ser trasladado a la Audiencia Nacional y manifestó que «ante este tipo de grupos no podemos permaneces impasibles. Hay que resaltar que son grupos muy peligrosos».
Diario Deia