Comunidades de Paz en Colombia piden presencia humanitaria

Humanos del Mundo 216, No a la Palma ni a la Coca

Desde el Bajo Atrato, en el Departamento del Chocó, las Comunidades
afrodescendientes en Resistencia Civil del Jiguamiandó, Curvaradó y el
Cacarica, entre el espejismo de la pacificación paramilitar y la
militarización regular de la Brigada XVII, entre la apropiación ilegal y
por la fuerza de caseríos y poblados para la siembra de palma y de coca,
entre el reflujo de la guerrilla de las FARC, en medio de la extensión
ganadera, y de la privatización territorial, una invitación a la
solidaridad.

A los Humanos del Mundo 216 convocatoria para lograr un diálogo con la
Banca Internacional y las Corporaciones Privadas a fin de dejar
Constancia de un progreso y un desarrollo fundados en el fuego, en la
muerte, en la mentira y en la impunidad. Una invitación a la presencia
humanitaria internacional permanente en la región ante la avalancha de
destrucción que se prevé, una exigencia de cese a la siembra de palma y
de coca. Una invitación a conocer el Plan de Calidad de Vida de los
afrodescedientes. Una invitación a la Verdad, a la Justicia y a la
Reparación Integral.

Bogotá, D.C Enero 19 de 2005

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

HUMANOS DEL MUNDO 216

SI A LA VIDA, SI AL TERRITORIO
CESE LA PALMA Y A LA COCA

Solicitamos apoyo a Reunión con la Junta del Banco Mundial y del FMI

Las comunidades de los consejos comunitarios del Jiguamiandó y Curvaradó
y del Cacarica que estamos en proceso de resistencia civil somos
testigos y seguimos siendo víctimas de unos propósitos que destruyen la
dignidad de nuestros pueblos, que desconocen los derechos humanos y los
derechos de toda la humanidad.

Mientras el Estado colombiano no responde con prontitud, con
transparencia a la exigencias de Verdad, de Justicia y de Reparación
Integral ni a la protección a nuestras Vida y a nuestros Territorios,
los paramilitares continúan en una nueva etapa pretendiendo destruir
nuestros Proyectos de Vida con armas de fuego y las armas de sus
proyectos.

Nosotras y nosotros desde el Bajo Atrato afectados directa e
indirectamente por los planes de gasoducto entre la República
Bolivariana de Venezuela y de Colombia, vemos con sorpresa, como en la
gran discusión que hoy existe, nosotras y nosotros víctimas de
violaciones sistemáticas de derechos humanos somos desconocidos, la
pregunta por el gasoducto debe ser cual ha sido las vidas asesinadas,
torturadas, desaparecidas, y desplazadas para asegurar eso proyectos y
la miseria de muchos en Colombia, porque nosotros somos afectados por
ese proyecto debido a las políticas de nuestro país. Muchos se preocupan
por las perdidas económicas no por las vidas humanas.

Pero esa negación a nuestra existencia de pueblos desde La Guajirá hasta
el Chocó, por donde se construirá el gasoducto viene con los modelos de
de seguridad que han pretendido negar nuestros derechos. Hoy esa
políticas se llama de seguridad «democrática».

Las familias de los Consejos Comunitarios en el Cacarica que formamos
parte de CAVIDA hemos visto como desde hace un año y seis meses, la
Comisión de Verificación no se ha realizado. El Gobierno Nacional a
través de su política de «seguridad» desconoce los mecanismos de diálogo
construidos en 8 años, se quiere evitar costos políticos ante las
graves actuaciones de la fuerza pública en nuestro Territorio. Por su
silencio, y tolerancia con las actuaciones paramilitares en La Balsa se
está haciendo un proyecto de desarrollo con coca, con palma, con
marihuana, con ganadería.

Todo esa mezcla de seguridad y de apropiación de veredas, se realiza en
nuestra comunidad, en el Salaquí, en el Truandó y en el Jiguamiandó,
ahora se conoce los proyectos de carretera panamericana y de conexión
eléctrica, todos los proyectos se empiezan sin nuestra consulta sin
garantías para la vida y la integridad personal, la libre discusión sin
mentiras y sin presión armada, es lo mismo que hicieron con la
destrucción de nuestros cativales.

Los proyectos de llamado progreso que presentaron los paramilitares en
las incursiones a Nueva Vida y Esperanza en Dios, la coca y la palma, en
el 2001, hoy se han ido haciendo una realidad con el silencio de la
Brigada XVII, que ha caminado las fincas donde hay coca, donde se dice,
que han expresado a los campesinos e indígenas, que tranquilos, que no
hay problema.

Hemos visto como la Sentencia de la Corte que fallo en Derecho a nuestro
favor ha sido desconocida y ha permitido la imposición con mentira y con
la fuerza irregular de representaciones legales de algunos consejos
comunitarios acordes con los intereses de empresas privadas. Hoy se
deforesta nuestro territorio a través de otros, se siembra palma y
marihuana y el Gobierno Nacional no se reùne con nosotros, los militares
en vez de perseguir a los paramilitares que están a menos de dos horas a
pie de las Zonas Humanitarias, a menos de 20 minutos en las
embarcaciones que tienen, nos hostiga, nos intimida y mantiene una
vigilancia permanente sobre nosotros los de CAVIDA. Ya ni el Defensor
Comunitario aparece, mientras las siembras de hoja de coca crecen y
crecen. Y los efectivos regulares ahí en el norte, y ellos pasan y
pasan, y le dicen a los sembradores «tranquilos», negociantes que no son
de aquí de nuestro Territorio y al sur los paramilitares avanzan en su
propuesta social.

Desde el 13 de mayo del 2003 en el Cacarica se ha dado un cambio
acelerado en contra de nuestro proyecto de vida y el derecho a vivir en
nuestro Territorio con dignidad. Nosotros rechazamos la presencia
militar dentro de la población civil, por eso afirmamos nuestras Zonas
Humanitaria como Territorio de Vida para no ser involucrados en su
guerra. Nosotros rechazamos sus propuestas de desarrollo basadas en la
impunidad de más de 85 crímenes de nuestras familias.

Proyectos de desarrollo que bajo la apariencia de participación y de
evitar daños ecológicos, están destruyendo la biodiversidad y el
planeta, rechazamos ese progreso que niega la identidad cultural y la
vida nuestra y de la humanidad.

La política que llevan los militares el 13 de mayo es de inseguridad
dirigida contra la población civil y a favor de un desarrollo que
destruye la biodiversidad y la humanidad. Cuando tenemos la posibilidad
de escuchar noticias que el gobierno nacional está captando recursos
para la de erradicación de cultivos ilícitos a través de fumigaciones,
destruyen en apariencia la coca y los cultivos de pan coger, pero aquí
en el Bajo Atrato, desde el 13 de mayo se vieron nacer, crecer y crecer
siembras de coca y de marihuana, y los semilleros de palma en la base
paramilitar de La Balsa, son ya cerca de 100 hectáreas otros calculan
que son 700, lo cierto es que se está inundado nuestra tierra de coca y
no por nosotros los de CAVIDA.

Pero el plan parece que es con eso, justificar la destrucción de nuestra
vida y de nuestro Territorio. Los del negocio no son del Cacarica, no
son de CAVIDA, pero a nosotros son los que nos quieren aniquilar y
callar, un nuevo proceso judicial se ha montado contra coordinadores de
CAVIDA, cinco de la Zona Humanitaria de Nueva Vida, para el 19 hemos
sido citados.

La política de «seguridad» ha sido destrucción de la vida de los niñas y
los niños, recientemente en el mes de noviembre cuando tres niños iban a
cortar caña y plátano tres militares les preguntan que buscan, los niños
expresan que buscan y los militares les dicen piérdanse sino quieren que
los levantemos a patadas, antes ofrecieron además plata para que la
niñas se fueran a dormir con ellos, antes ofrecieron plata para destruir
la Zona Humanitaria. Han retenido a jóvenes, les han ofrecido dinero y
ser informantes.

La política de «seguridad» ha destruido fincas familiares, han usado las
casas, han arrasado con la caña, han dañado muchas hectáreas de frutos,
destruyeron una siembra nacional e internacional de indígenas, mestizos
y afros de América, de Sudáfrica.

Las familias de los Consejos Comunitarios del Jiguamiandó y Curvaradó
por estas políticas de «seguridad» hemos visto a diferencia del
Cacarica, que la siembra ilegal de palma aceitera se ha incrementado sin
coca, hasta el momento, en cerca de 18 mil hectáreas según cálculos de
expertos.

La política de «seguridad» ha matado a un menor como víctima asesinado
el año pasado, a su padre se le ha obligado al cofinamiento, sitiado por
orden de la policía, en la incursión militar las cédulas de incursiones
paramilitares fueron entregadas por los militares. Se ha presionado a
nuestros habitantes para que sembremos palma, y a otros se les ha
comprado a la fuerza, a la ilegalidad o se les ha obligado a declarar
contra los integrantes de los Consejos Comunitarios como auxiliadores o
miembros de las guerrillas.

Hemos sido testigos de más de cinco incursiones paramilitares en el
último tiempo, amenazando, y obligando a que debemos sembrar palma,
mientras los paramilitares se mueven con toda tranquilidad en Mutatá,
Barranquillita, Belén de Bajirá, al lado de policías o militares, y se
ven formas de protección armada de siembras ilegales de Palma en nuestro
Territorio. Hemos visto operativos con encapuchados que mienten, que
dicen mentiras solamente para librarse de sus responsabilidades

Hemos visto como desde hace más de 8 meses el Estado Colombiano se ha
negado a la realización de reuniones de la Comisión Mixta de
Seguimiento, mientras que los abusos policiales, la siembra de palma y
los controles de nuestro Territorio se implementan rápidamente. Ya
muchos de nuestros poblados no existen, por qué están sembrados de
palma, las posibilidades de nuestro retorno no existen.

Hemos escuchado la destrucción de nuestros bosques, cada vez más cerca,
de nuestras zonas humanitarias, la falsificación de papeles de
propiedad, hemos escuchado el apoyo a mentiras de que existen títulos
de propiedad individual sobre muchas de nuestras tierras, falsedad de
falsedades.

Sitiados por el hambre, por la falta de educación y de salud han llegado
por el Río Atrato grandes caravanas de militares ofreciendo los
servicios que debe ofrecer un civil, y ese mecanismos de la necesidad se
usa para imponer un modo de sociedad excluyente, sin dignidad en
silencio, sin calidad de vida. Más de 110 asesinatos y todo en la
impunidad.

Hemos exigido al Estado colombiano en cabeza de la Ministra del Medio
Ambiente y el Ministro de Agricultura cese la siembra de palma aceitera
ilegal, por mentiras y por fuerza en nuestro Territorio.

Hemos visto como la desmovilización es llena de confusiones, niega
nuestro Derecho a la Verdad, a la Justicia y a la Reparación.

Aquí en el Bajo Atrato operan las Autodefensas Campesinas de Córdoba y
Urabá, que unas vez son eso ACCU y AUC y otras veces son Bloque Elmer
Cárdenas, pero viven y habitan con radios, con armas cortas en
Chigorodó, Apartadó, Turbo, Riosucio, Tumaradó, La Balsa, Mutatá, Belén
de Bajirá.

Hoy nosotras y nosotros familias de los Consejos Comunitarios del
Jiguamiandó y Curvaradó y familias de los Consejos Comunitarios
asociados en CAVIDA, afirmamos nuestro Derecho a la Vida y al Territorio
para construir vida con dignidad.

* Nosotros nos negamos a un desarrollo y a un progreso basado en la
impunidad, en el uso del terror, la mentira, la fuerza y la destrucción
de los territorios.

* Nosotras solicitamos a los países internacionales, a los organismos de
crédito internacional a conocer como se usa el fuego, el látigo y la
mentira para asegurar los territorios desalojando a sus habitantes.

* Nosotros solicitamos ser escuchados por los miembros de la Junta del
Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y seamos reconocidos
como sujetos con derechos, con iniciativas sobre nuestras vidas y en el
respeto debido al territorio.

* Nosotras, hacemos un llamado a la conciencia de la humanidad, a los
gobernantes del Grupo de los 24 a no prestar una ayuda internacional que
premia la destrucción de vida humanas y la destrucción de los
territorios.

* Nosotras y nosotros hacemos un llamado a los Humanos del Mundo a
apoyar las reuniones con el Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional como una Constancia a quiénes están decidiendo sobre
nuestras vidas y los territorios en que habitamos ancestralmente

* Nosotros y nosotras invitamos a los Humanos del Mundo a iniciar
urgente presencia en nuestros Territorios, debido al vacío de presencia
internacional, a conocer nuestros Proyectos de Vida y nuestros planes de
Calidad de Vida para ser ejecutados en los próximos 3 años para superar
el hambre, preservar el medio ambiente, afirmar la etnoeducación , la
etnosalud y el desarrollo alternativo para el bien de la humanidad

* Nosotras y Nosotros invitamos a participar en la Comisión Etica de la
Verdad que sesionará en el 2006, como alternativa en el Derecho a la
Memoria, a la Verdad y a la Justicia

* Nosotros y nosotras invitamos a los Humanos del Mundo a enviar
comunicaciones al Presidente ALVARO URIBE VELEZ para que cese la siembra
ilegal de palma y de coca en nuestros Territorios, a adoptar las medidas
cautelares de la Comisión Interamericana con el Cacarica y las Medidas
Provisionales de la Corte con el Jiguamiandó y Curvaradó.

* Nuestro territorio es nuestro y de la humanidad toda que cree en la
vida. Queremos vida digna y territorio para nosotros y la humanidad a
una tierra que Dios nos entregó.

* Nuestro Territorios son para los empobrecidos y los excluidos, la
humanidad toda. Nuestro territorio no es para la concentración de
territorios, ni para la exportación de hoja de coca procesada, ni para
agroindustrias hechas con sangre y con fuego

* Nuestros Territorios son para la libertad y la paz y democracia con
Verdad, Justicia y Reparación la nuestra para el desarrollo en
humanidad, para todas y todos.

Agradecemos a todas y a todos

Consejos Comunitarios asociados en Comunidades Autodeterminación, Vida,
Dignidad del Cacarica, CAVIDA

Consejo Mayor del Jiguamiandó y familias del Curvaradó y Consejo Mayor.

Bajo Atrato, Enero 17 de 2005

Bogotá, D.C Enero 19 de 2005
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz