Insistimos en que lo que está ocurriendo es muy grave. No es preciso volver a analizar lo que ha pasado estos días precedentes, ya que hay un amplio editorial de Tortuga que trata de explicarlo de forma pormenorizada. Lo que sí está claro es que estamos en plena campaña de rebajas de derechos y libertades. No se pierdan la nueva nomenclatura para las huelgas que realmente consiguen poner algo en jaque, verdadero objeto y sentido de esta herramienta política considerada como un derecho, al menos hasta ahora. De “huelga salvaje”, concepto ya de por sí muy peyorativo, se pasa a “rebeldía contra el estado de derecho”. Ahí queda eso.
Políticos de todos los colores y tertulianos se aprestan a reclamar la futura ley de huelga: una norma legal que es de creer regulará la forma y momento de ejercer ésta en cada situación para que se dé sin causarle la más mínima molestia a nadie. A partir de ese momento ud. podrá ir a la huelga haciéndolo de forma reglamentaria y sin crear ningún tipo de problema de orden público o privado. En el momento en que su huelga ponga en aprietos a cualquiera, sea la propiedad de su empresa -fácilmente declarable «de interés público»- o sea la propia Administración, dejará de ser ud. una persona trabajadora ejerciendo un derecho constitucional y automáticamente quedará convertido en un delincuente en rebeldía contra el estado de derecho. Se seguirá respetando, pues, nuestro «derecho democrático» a la protesta, pero se impedirá que nuestra protesta tenga la menor consecuencia práctica. Como ven, sería bastante más honesto prohibirla de un plumazo.
«Rebeldía contra el estado de derecho», no podían haber encontrado un nombre más cínico quienes de hecho lo desmantelan de hora en hora. Menuda herencia está dejando Rodríguez Zapatero. De lejos el presidente del gobierno más militarista, conservador (exceptuando un par de medidas sociales) y autoritario que ha visto el estado español desde el fallecimiento de Franco.
Nota de Tortuga.
Opinión editorial de Tortuga: “Las militarizaciones conducen a las dictaduras”
Estado de alarma
Zapatero justifica las medidas en la «abierta rebeldía contra el Estado de derecho» de los controladores
El presidente considera aplicable el Código Militar en su comparecencia en el Congreso para explicar el caos aéreo.- Rajoy apoya la dureza contra los controladores, pero arremete contra el Gobierno.
FERNANDO GAREA – Madrid
«El Gobierno agotó sus posibilidades de actuación mediante medios menos excepcionales, cumpliendo de modo estricto con el principio de proporcionalidad», ha asegurado esta mañana José Luis Rodríguez Zapatero para justificar la declaración del estado de alarma con el que se hizo frente al plante de los controladores aéreos. «Ha habido que aplicar una medida de excepción para acabar con una situación de excepción», ha hecho hincapié. El caos aéreo dejó 5.000 vuelos anulados y 700.000 viajeros tirados en los aeropuertos, además de pérdidas millonarias al sector turístico aún por cuantificar.
Ante el pleno del Congreso, el presidente ha atribuido la decisión inevitable del Ejecutivo a la «pertinaz actitud de los controladores», que «obstaculizaba el ejercicio del derecho de libre circulación», y a la «abierta rebeldía con el Estado de derecho» por parte de estos trabajadores. Ha relatado durante media hora la forma en la que el Gobierno aprobó el viernes el decreto que modifica las condiciones laborales de los controladores, precisamente para impedir que la actitud de abandono de trabajo que venía produciéndose en Canarias y Santiago de Compostela se extendiera al resto del país durante el puente.
La réplica de Rajoy
El presidente del Gobierno ha explicado que el sindicato de controladores hizo llegar la tarde del viernes una propuesta de convenio mientras bloqueaba el espacio aéreo y amenazaba con mantener la situación si no se firmaba. Ante la actitud de los controladores, el Gobierno movilizó al Ejército. La falta de respuesta fue lo que llevó al Gobierno a decretar el estado de alarma por primera vez en la historia constitucional. Zapatero ha defendido también la aplicación del artículo 8 del Código Penal militar que contempla la posibilidad de aplicar esa jurisdicción a los controladores que bloquearon el espacio aéreo, una vez que se decretó la militarización de las torres de control. «Sobre el Gobierno pesa la doble obligación de impulsar la depuración de las responsabilidades en las que se ha podido incurrir y de facilitar el resarcimiento de los daños y perjuicios irrogados», ha asegurado.
En su intervención inicial no ha explicado si pasados los 15 días de declaración de estado de alarma solicitará su prórroga. «Nadie, ni individual ni colectivamente, puede tomar como rehenes de sus reivindicaciones al conjunto de los ciudadanos. El Gobierno no dudará en utilizar, sin ignorar los requerimientos de proporcionalidad, todos los instrumentos del Estado de derecho para poner fin a situaciones como las que hemos vivido este fin de semana», ha concluido. Tras la media hora de comparecencia de Zapatero, ha tomado la palabra el líder del PP, Mariano Rajoy, que ha expresado su respaldo a las medidas para «la defensa de la ley y del interés general» y ha lanzado una crítica demoledora a los controladores, como únicos culpables de la situación del fin de semana. Una vez puesto distancia de los controladores, se ha lanzado contra el Gobierno con dureza extrema. Ha hablado de «formas ilegítimas, intolerables e ilegales» y de cómo «no hay atenuantes» y «la razón ha sido fulminada con su conducta». Pero a continuación, el líder del PP ha cargado contra la «pasividad y la desidia» del Gobierno por no haber hecho nada en seis años para resolver la situación. Por ejemplo, no haber resuelto la homologación de los controladores civiles o no haber convocado más plazas de controlodaores. «Tiene usted un ministro de Fomento a tiempo parcial que no se dedica a lo que se tiene que dedicar», le ha dicho. «Lanza insidias contra la oposición para tapar sus fracasos. Es un inútil total», le ha dicho Rajoy a Zapatero.
«Siempre encuentra una excusa para no asumir sus responsabilidades», ha insistido. Esas frases las ha rescatado Rajoy de la hemeroteca y son las que Alfredo Pérez Rubalcaba, entonces en la oposición, lanzó contra el ministro de Fomento del PP en 1996 por retrasos en el aeropuerto de Barajas. A partir de ahí, ha hablado de «prisas y torpeza» para aprobar un decreto en vísperas del puente más largo del año. «Imprevisión o imprudencia o las dos cosas», ha remachado Rajoy. «Condenar lo que pasó no nos impide decir que el decreto es prueba de sus imprevisiones», ha insistido. Rajoy ha pedido «diligencia» al Ejecutivo para que no se repita la situación. «Garantice que los perjudicicados serán resarcidos», ha añadido para intentar acabar sacando rédito del debate con acusaciones de negligencia e improvisación y «no hacer nada y cuando hay que hacerlo hacerlo de cualquier manera». Ha mezclado la crisis económica con el conflicto de los controladores y preguntarse «si hay alguien que gobierna en españa». «Procuren que las cosa se hagan bien y en su momento y eso nos evite llegar a estas situacuiones», ha concluido.
A continuación, ha sido el turno de los portavoces, que han tenido 10 minutos, como Rajoy. Todos han arremetido contra los controladores y han apoyado que se les frene, pero en distinta medida y tono han criticado la gestión del Gobierno. Desde Josu Erkoreka (PNV) que ha pedido medidas para que no se repita la situación a Gaspar Llamazares (IU) que ha arremetido contra el Gobierno por usar el «ordeno y mando», el estado de alarma y al Ejército.
Diario El País
Esperanza Aguirre pide una Ley de Huelga porque no «se puede tomar como rehenes a los ciudadanos»
MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) –
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha insistido en la necesidad de desarrollar una Ley de Huelga después de la situación de caos aéreo que se vivió en los aeropuertos españoles a causa de las «bajas masivas» de los controladores, y ha considerado que «no puede tomar como rehenes a los ciudadanos».
«Me parece absolutamente intolerable que las únicas vacaciones que muchas familias iban a tener se frustraran porque unos señores abandonaran su puesto de trabajo. Hemos sufrido aquí en el mes de junio la huelga salvaje en el Metro y francamente creo que no se puede tomar como rehenes a los ciudadanos», ha afirmado en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
Por ello, ha reclamado la redacción de una Ley de Huelga y que «se cumpla» lo que establece la Constitución; es decir, que «la Ley debe regular el ejercicio del derecho a huelga».
Aguirre, que no ha querido entrar en la cuestión jurídica sobre si el Gobierno actuó bien o mal declarando el Estado de Alarma, ha insistido en que «no se puede aceptar» que unos señores abandonen su puesto de trabajo, «por muy maltratados que se sientan». «La mayoría de los españoles además considera que no están tan mal tratados», ha apostillado.
Por otra parte, la dirigente regional se ha referido al «problema» de la sustitución de estos profesionales. «Mientras que hay cientos de miles de españoles formándose incluso en las universidades que luego no tienen salida, no se comprendo por qué razón no forman controladores aéreos las universidades españolas y no se les expide el título de modo que cuando hay que despedir a unos inmediatamente haya otros formados ya, sin tener que esperar años a que se formen», se ha preguntado.
La presidenta autonómica también ha apuntado que los servicios de Consumo de la Comunidad de Madrid, «como hacen siempre», asesorarán a las personas que se han visto afectadas por el caos aéreo, de forma que les «orientarán e indicarán» la manera más conveniente de reclamar.
«Lo que no cabe duda es de que los ciudadanos no tienen la culpa de quedarse en tierra habiendo pagado billetes, hoteles y con enormes problemas que a muchas familias les ha causado», ha sentenciado.
Finalmente, Aguirre ha valorado la comparecencia en el Congreso de los Diputados del líder del PP, Mariano Rajoy, sobre los controladores. «He podido ver en un momento la intervención de Mariano Rajoy, cuando ha dicho eso del ministro de Fomento es un inútil y no se qué no sé cuantos, y se ha organizado un griterío, y resulta que era lo que había dicho Rubalcaba sobre el ministro Arias Salgado», ha recordado.
«¡Para que se vea la diferente vara de medir! Creo que la intervención de Rajoy ha sido hoy brillantísima, y por tanto, desde aquí le felicito», ha concluido.
Expertos en derecho laboral piden una ley de huelga para evitar otro caos
Admiten que el caso de los controladores aumenta la presión social para hacer cambios. Ningún Gobierno se ha atrevido hasta ahora a asumir el coste político.
El paro salvaje de los controladores y la inédita respuesta del Gobierno al órdago lanzado por este colectivo han reactivado las voces que piden una ley de huelga que garantice la prestación de los servicios esenciales en caso de conflicto laboral.
La huelga es un derecho fundamental recogido en la Constitución. El artículo 28.2 de la Carta Magna establece que “la ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad”.
El problema es que no se ha desarrollado ninguna ley que regule estos supuestos y el derecho de huelga se rige por el Real Decreto-Ley 17/1977 de 4 de marzo, una norma anterior a la Constitución que, según los expertos en derecho laboral, se ha quedado obsoleta.
Salvador del Rey, presidente del Instituto Internacional Cuatrecasas de Estrategia Legal en Recursos Humanos, socio del bufete y catedrático de Derecho del Trabajo, considera necesaria una ley de huelga y reconoce que el caso de los controladores “ ha sido la expresión extrema de una disfuncionalidad en la regulación laboral que arrastramos desde hace años”, pero no la única. La huelga de transportistas de verano de 2008, los paros encubiertos protagonizados por los pilotos de líneas aéreas en el pasado o la huelga salvaje vivida en el metro de Madrid en junio de este año son otros ejemplos de conflictos laborales que se han llevado por delante el derecho de los ciudadanos a los servicios esenciales.
Del Rey considera que la actual legislación es “absolutamente insuficiente” y recuerda que, en la actualidad, lo único que puede hacer la autoridad es fijar unos servicios mínimos, algo que no pudo organizarse en esta ocasión por la falta de aviso previo.
Del Rey recuerda que la sentencia del Tribunal Constitucional de 1981 que desarrolló el Real Decreto Ley de 1977 declaró inconstitucional el artículo que facultaba al Gobierno a “imponer la reanudación del trabajo”, por lo que, en su opinión, el recurso al estado de alarma ha resultado necesario. No obstante, admite que “la regulación de los servicios esenciales no puede hacerse como norma a base de invocar el estado de alarma”.
El socio del Bufete Cuatrecasas reconoce además que, aunque tras cualquier paro grave se ha destacado la necesidad de regular el derecho de huelga no se ha llegado a ningún sitio “porque no hay acuerdo o se dice que no es urgente”.
Para David Tobía, abogado y socio del Área Laboral de Deloitte, la necesidad de una ley de huelga es una reivindicación histórica de los abogados laboralistas y la sociedad, pero duda de que en la actualidad exista el consenso político suficiente para que salga adelante y considera más que probable que vuelva a aplicarse el “soniquete de no legislar en caliente” al que se ha recurrido hasta ahora.
Tobía sostiene que es necesaria más regulación y mecanismos ágiles para establecer los servicios mínimos y garantizar su cumplimiento, pero matiza que “no hay que transmitir la idea de que estamos en mantillas, porque está la legislación de 1977 y la jurisprudencia posterior”. “Hay normas, pero el problema es que los controladores no han seguido ninguna”, ya que lo que se ha producido es un “abandono masivo” del centro de trabajo, no una huelga legal con su preceptivo preaviso.
Asunto espinoso
María José Ramo, socia del bufete Garrigues recuerda además que todos los intentos de emprender el desarrollo legislativo del Real Decreto Ley de 1977, el más importante en el año 1992, no han culminado de forma satisfactoria y admite que se trata de “un asunto muy espinoso y con un elevado coste político que ningún Gobierno se ha atrevido a asumir”, sin olvidar la “controversia” que provoca entre los agentes sociales.
España no está sola en este problema. Ramo admite que, en el ámbito del derecho comparado la regulación de huelga “suele ser muy generalista” y habitualmente son los juzgados y tribunales los que, con sus pronunciamientos “han ido perfilando los aspectos más específicos” de este derecho.
En la UE, Italia es el país que cuenta con una ley más profunda y que “habilita a una mayor participación de los agentes sociales, por ejemplo, a la hora de establecer los servicios mínimos”, manifiesta.
La Gaceta