INTERVENCIÓN DE LA PLATAFORMA PER A LA DEFENSA I MILLORA DELS SERVEIS PÚBLICS DE SALUT MENTAL D’ALACANT EN LA MESA REDONDA SOBRE ALTERNATIVAS COMUNITARIAS AL HOSPITAL PSIQUIATRICO PENITENCIARIO ALACANT, 14 DE JUNY DE 2010
Nuestra Plataforma, nació hace 10 años con los objetivos de denunciar hechos que significaran retroceso en la atención pública e integral de los problemas de salud mental y que fueran en contra de los derechos humanos de las personas que padecen una enfermedad mental y sus familias, así como proponer mejoras en el diseño de los servicios.
El interés prioritario que tienen las personas ingresadas en el hospital psiquiátrico penitenciario para la Plataforma viene de largo. Nuestro objetivo es poner sobre la mesa la situación ocultada de unas personas excluidas dentro de los excluidos. Este interés viene motivado de forma concreta por las denuncias que surgen con regularidad en la prensa en relación con la situación de abusos a personas ingresadas en el psiquiátrico penitenciario de Fontcalent, así como con la posibilidad que se abre con la apertura en Valencia de los dispositivos del Centro de Referencia Estatal de salud mental.
1. La teoría:
La descripción de la normativa legal y la valoración de la situación de incumplimiento de la ley y de las sentencias del Tribunal Constitucional en relación con las actuaciones judiciales relativas a las sentencias de las personas con enfermedad mental grave – al hacer ingresar en centro psiquiátrico penitenciario a personas ininputables – ya ha sido comentada por Jesús Cáceres y por Lourdes Chasco.
¿Qué dicen los documentos del sistema de salud? El único documento oficial, aprobado por todas las comunidades autónomas y la administración del Estado, es la Estrategia de salud mental del sistema estatal de salud. El documento está disponible en la red.
La estrategia es un documento de actuaciones de salud mental cuyo objetivo es promover una atención comunitaria e integral de salud mental. Contiene recomendaciones sobre actuaciones concretas a ejecutar en diferentes campos. Las recomendaciones en el campo psiquiátrico penitenciario, desafortunadamente, no son actuaciones específicas sino orientaciones generales acordes con la ley, en donde lo fundamental es que:
1) la atención a las personas ingresadas en el psiquiátrico penitenciario no debe diferir en absoluto de la atención al resto de personas que padecen una enfermedad mental.
2) establece la coordinación de las CCAAs con Instituciones penitenciarias para seleccionar el recurso más adecuado en cada caso, y la implantación de formas de coordinación entre instituciones penitenciarias y centros diversos, de acogida y de tipo residencial.
2. La realidad:
Ahora pasamos a la realidad del psiquiátrico penitenciario de Fontcalent. Hay 2 hospitales psiquiátricos penitenciarios, el de Sevilla y el de Fontcalent. En ellos estan ingresados unas 600 personas.
Si la estrategia dice que «la atención a las personas ingresadas en el psiquiátrico penitenciario no debe diferir en absoluto de la atención al resto de personas que padecen una enfermedad mental «, la realidad dista mucho de la teoría.
En primer lugar la masificación. El centro de Fontcalent se diseñó para un máximo de 300 personas. La ocupación del centro, sin cambios en su diseño físico, ha pasado de 260 en el año 2002 a 380 en la actualidad, con periodos de más de 400 personas hospitalizadas. Estas plazas suponen una claro hacinamiento.
En segundo lugar, la dotación de personal. Si comparamos la dotación de personal sanitario con el de los hospitales psiquiátricos provinciales de las Diputaciones del País Valencià, tenemos que la tasa de profesionales por plaza en estos centros es de 1.1 profesionales por persona hospitalizada. La tasa de personal sanitario en Fontcalent sería aproximadamente de 0.24 profesionales no penitenciarios por persona hospitalizada (es decir, menos de 1 profesional por cada 4 pacientes). Esta situación de masificación, falta de personal y aislamiento ha motivado diversas denuncias en la prensa, desde la del párroco que va al centro a las últimas por un caso de malos tratos del que daremos testimonio y la más reciente en relación con abusos sexuales. Las manifestaciones pidiendo la dimisión del director del centro han sido frecuentes por parte del personal del centro y de la propia plataforma.
Estas denuncias no nos son extrañas ya que conocemos la realidad de lo que suele suceder en las instituciones cerradas y aisladas del contacto con otros servicios. Sabemos que hay profesionales que tienen un alto interés y una actitud positiva hacia las personas ingresadas. Sin embargo, también sabemos que la realidad de lo que sucede en estos centros responde a dinámicas internas que son más poderosas que la propia buena voluntad de los responsables o de los trabajadores. Estas dinámicas tiene consecuencias visibles, y así, por ejemplo, en muchas ocasiones los mejores profesionales son excluidos de las tomas de decisión o son objeto de burla y exclusión por parte de sus compañeros.
3. La actividad de la plataforma:
1. El año 2006, la Plataforma presentó una queja al Defensor del Pueblo. La plataforma se reunió con representantes de los y las trabajadoras. Estos nos describieron las graves condiciones de hacinamiento de los enfermos así como sus graves carencias de atención psiquiátrica y psicosocial. Nuestra queja estuvo basada en estas denuncias y en un informe de Luis F. Barrios.
Después de cuatro años, en Marzo de 2010 el Defensor del Pueblo nos ha respondido con un informe vago, poco comprometido, que sólo corta y pega lo que dice la administración, sin una elaboración propia significativa, y en el que lo más interesante que dice es que: “El origen del elevado número de enfermos que ingresan en los Psiquiatricos Penitenciarios, está la inadecuada asistencia comunitaria de los problemas de salud mental, su escasez de recursos para el seguimiento y la rehabilitación, junto a la baja sensibilización social y judicial para reducir la doble estigmatización del enfermo que comete un delito”… En nada se refiere a las quejas por malos tratos, a la necesidad de su cierre y de la transferencia a las CCAAs o de las necesidades de aumento de profesionales de enfermería, trabajo social o psicología, básicos para abordar el tratamiento integral de los enfermos, y preparar su salida a la comunidad.
Pocos cambios significativos se han producido en éstos años, aparte de la contratación de cuatro psiquiatras con atención de 2 horas 2 días a la semana, insuficientes para proporcionar una atención básica, y de la reciente destitución del director del centro, en relación con el caso de maltrato a Rubén.
2. La Plataforma d’Alacant propuso la utilización del Centro Estatal de Referencia de Salud Mental para la atención a las personas en el psiquiátrico penitenciario y para ello elaboró un informe dirigido al IMSERSO sobre el diseño de este centro.
3. La Plataforma denunció en el 2010 los malos tratos recibidos por un paciente, Rubén, a Mercedes Gallizo, Directora General de instituciones Penitenciarias. En su denuncia, la Plataforma exigió:
• El aumento de profesionales sanitarios, especialmente personal de enfermería, psicólogos y monitores.
• Una investigación externa e inmediata sobre las condiciones del centro y la capacidad de gestión de su personal de dirección es imprescindible, este acto de violencia no debe quedar impune.
• La instauración de procedimientos de control del funcionamiento del centro por parte de los afectados, familiares y enfermos.
• El cese del director por parte de Instituciones Penitenciarias
• El cierre de este centro y el traspaso de sus competencias a cada una de las comunidades autónomas. Para iniciar este traspaso, la Consejería de Sanidad del País Valencià debe proponer el inicio del proceso de traspaso de competencias y el diseño de políticas de atención específicas.
De estas exigencias, sólo se cumplió la destitución del director del Centro Psiquiátrico Penitenciario.
4. La posición de la plataforma en relación con los psiquiátricos penitenciarios
Es la siguiente:
• el cierre de los 2 psiquiátricos penitenciarios
• la transferencia de las competencias de atención a las diversas CCAAs, con la dotación de recursos sanitarios y comunitarios necesarios para garantizar una atención integral
• la localización de recursos de hospitalización para las personas afectadas en hospitales generales
• la exigencia de mecanismos de control social de los recursos de atención para esta población
5. Lo que se puede hacer ahora:
1. Exigir la transferencia de la atención de las personas del País Valencià en centro psiquiátrico penitenciario y declaradas exentas de responsabilidad o con responsabilidad atenuada desde Instituciones Penitenciarias a la conselleria de sanitat valenciana y el cierre de los dos «hospitales» psiquiatrico-penitenciarios. Esta transferencia podría verse facilitada por el uso de los dispositivos del Centro estatal de referencia de salud mental dependiente del IMSERSO. Este centro, situado en Valencia, cuenta con centro de día y residencia, y, según el diseño de la comisión técnica del IMSERSO cuenta con la posibilidad de contar con pisos tutelados y equipos de integración laboral. La idea de que el CER sirviera para la atención a personas con enfermedad mental grave y problemas penitenciarios ha sido recogido por la comisión técnica encargada del diseño del servicio. La transferencia requeriría un convenio entre IMSERSO, Instituciones Penitenciarias y Generalitat Valenciana. Esta posibilidad permitiría cumplir en el País Valencià con el segundo objetivo marcado por la estrategia de salud mental, «la coordinación de las CCAAs con Instituciones penitenciarias para seleccionar el recurso más adecuado en cada caso, y la implantación de formas de coordinación entre instituciones penitenciarias y centros diversos, de acogida y de tipo residencial » y contribuiría a la dinámica de cerrar el penitenciario.
2. Establecer una comisión de evaluación individual y seguimiento compuesta por Instituciones Penitenciarias, la Conselleria de Sanitat, FEAFES y AFAPI-HPPA. Su misión es asignar para cada persona ingresada la alternativa de integración comunitaria más adecuada.
3. Trabajar con los jueces (no todos son como el presidente de la Audiencia provincial de Alacant). Este trabajo es, en la actualidad, inexistente por parte de la Conselleria de Sanitat. Sin embargo, es un elemento imprescindible en el desarrollo de unos servicios comunitarios.
+ Info:
Mercedes Gallizo reconoce que es absurdo que los enfermos mentales acaben encarcelados – Tortuga, 9 de diciembre de 2010. Malgrat les seues paraules, Gallizo no proposa tancar els centres psiquiatrics penitenciaris sinò que «está dispuesta a abrir un centro más»
http://www.anticapitalistes.net/spip.php?article2087