Insistimos. No pierdan de vista la promulgación municipio a municipio de mil y una ordenanzas municipales, a cual más autoritaria y conculcadora de derechos. Estamos por afirmar que ésta y no otra es la principal vía de entrada en nuestra sociedad del totalitarismo hoy por hoy. Es un camino discreto pero muy efectivo puesto que esas pequeñas ordenanzas que poco a poco van prohibiendo cosas como bañarse en el mar, permanecer de noche en la playa, beber alcohol en la vía pública, repartir octavillas, organizar actos públicos etc etc. son las que más afectan a nuestra vida cotidiana, y son las que menos protestas sociales levantan. Nota de Tortuga.
El sindicato mayoritario del Cuerpo alega contra la futura ordenanza que contempla la incautación cautelar de «los frutos obtenidos» por los indigentes
11:57
S. ESCRIBANO
Si las multas de tráfico no se cobran en el acto, ¿por qué intervenir a los mendigos las limosnas obtenidas?. Esta es la pregunta que se hacen desde el Sindicato Profesional de Policías Locales (SPPL) de Alicante -el mayoritario de este Cuerpo- y que ha llevado a los representantes sindicales a presentar una alegación contra la futura Ordenanza Municipal relativa a la Mendicidad y la Prostitución para que se elimine el punto que establece que los agentes de la autoridad deberán intervenir de forma cautelar a los indigentes «los frutos obtenidos». Desde el sindicato sostienen que es una medida muy agresiva y que no está amparada por ninguna norma con rango de ley.
La ordenanza, pendiente de ser aprobada definitivamente, recoge que «el Ayuntamiento adoptará todas las medidas a su alcance para erradicar el fenómeno de la mendicidad en cualquiera de sus formas en el municipio de Alicante» y que los agentes serán los encargados de «informar a todas las personas que ejerzan la mendicidad en lugares de tránsito púbico» de los lugares a los que pueden acudir para recibir «la orientación y apoyo social que sea necesario para abandonar estas prácticas». Pero el punto con el que hay mayor desacuerdo es el que establece que «en todo caso, los agentes de la autoridad procederán a la intervención cautelar de los medios empleados para desarrollar la conducta antijurídica, así como, si es el caso, de los frutos obtenidos».
Desde el sindicato prefieren «no entrar en el espinoso asunto de prohibir implícitamente la pobreza y su manifestación de subsistencia, el donativo», y centran su alegación en la medida cautelar de «obligar a una persona a entregar el dinero recaudado por el ejercicio de una actividad prohibida».
Al respecto, los policías locales consideran que deben tenerse en cuenta tanto la «dificultad técnica» de dirimir en el mismo momento de la actuación «la cantidad exacta de dinero que se ha debido al ejercicio de la actividad no permitida y cual no» como lo que contempla la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. Según recogen en su alegación, esta ley establece que «no se podrán adoptar medidas provisionales que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados o que impliquen violación de los derechos amparados por las leyes».
En consecuencia, los agentes sostienen que no conocen «ninguna norma con rango de ley que prohíba la mendicidad en los espacios públicos del estado español y sí intentos desesperados de hacerla desaparecer por arte de ordenanzas municipales». Por otro lado, desde el sindicato consideran que «quitarle el dinero a una persona que practica la mendicidad no obedece a una situación de urgencia, ni protege provisionalmente los intereses implicados en este asunto». No sólo eso, también puede ocasionar «un perjuicio de difícil o imposible reparación a los pobres desvalidos de su recaudación», quienes, en opinión del sindicato, «apreciarían a quienes materialmente les quitan el dinero como a unos ‘ladrones'». Además, inciden en que «lamentablemente existe el derecho a la libertad de ser pobre».
Piden una investigación de la bolsa de horas extra
El Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) ha pedido al Ayuntamiento de Alicante que abra una investigación interna sobre la gestión de la bolsa de horas extra en la Policía Local al considerar que existen irregularidades. Desde el sindicato recuerdan que hay fijados un máximo de 14 servicios extraordinarios por cada agente y año, pero «27 personas sobrepasaron dicha cantidad». Además, no se pueden hacer más de 3 servicios extra al mes y 45 policías «han rebasado ilegalmente este tope saltándose el riguroso orden de lista para ser llamados» y hay personas que «finalizaron su compromiso de hacer horas extras en el mes de mayo». Por ello, exigen una investigación y que se subsanen los errores que puedan existir.
Diario Información
La Policía Local de Alacant se opone a requisar las limosnas que obtengan los mendigos
¿Qué será lo siguiente: prohibir la fealdad, no permitir que los gordos salgan a la calle por que dan mala imagen?
Y si se extendiera la ordeanza ¿Los policias iran a casa de los políticos que han robado en la ciudad de alicante a recuperar lo que se han llevado?
La Policía Local de Alacant se opone a requisar las limosnas que obtengan los mendigos
Ante la evolución insolidaria de la sociedad, algunos políticos aplican recetas engañosas e inútiles para caminar por la vía represiva a la mejora del ser humano.
Los que utilizan las denominadas «Ordenanzas cívicas» para esta finalidad, generalmente son políticos analfabetos sociológicos o pequeños dictadores que tratan de mantenerse en el poder reprimiendo derechos democráticos y sociales.
Un buen número de «Ordenanzas cívicas» se encargan a miembros de las «fuerzas de seguridad» para que elaboren su contenido, asimismo se suele utilizar a determinadas entidades sociales para que las supervisen, antes de su aprobación. El redactor, por su condición profesional de policía actual de «ordeno y mando», elabora una norma profundamente policial y represiva y las entidades participantes se dedican a profundizar en la desdicha para mantener la subvención que el promotor graciosamente les concede cada año.
Para empezar estas ordenanzas deben ser suprimidas y si alguna fuera imprescindible debe eliminar el 90% de su contenido, que generalmente es un compendio de leyes existentes, las cuales se utilizan para tapar el 10% restante y represor. Por ello, ese 10% se ha de revisar profundamente eliminando los artículos camuflados incluidos para reprimir adversarios políticos o vecinos incómodos. Ni que decir tiene que si queda algo se le ha de dar un redactado y un contenido pedagógico, social y preventivo para que la finalidad sea objetivamente cívica.
En Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) el grupo del PSC-PSOE han aprobado en el ayuntamiento una «Ordenanza Cívica» cuyo redactado policial no tiene desperdicio. El miedo actual a perder la silla les lleva a elevar el nivel represivo contra su entorno, además tiene apartados graciosos como la prohibición de beber agua en las fuentes públicas y prohibir ladrar a los perros en determinadas horas del día.