El Congreso aprueba un nuevo catálogo de infracciones graves en el control aéreo entre las que se incluyen simular enfermedad o tener faltas injustificadas
El proyecto de Ley de Seguridad Aérea ha sido aprobado por unanimidad en el Congreso de los Diputados este martes. El texto, que ahora será remitido al senado, incluye un nuevo catálogo de infracciones en el control del tráfico aéreo que para casos muy graves puede suponer infracciones en el control del tráfico aéreo que para casos muy graves puede suponer multas de entre 250.000 euros a 4,5 millones de euros o la pérdida de licencia. Tras las enmiendas presentadas por los grupos, el nuevo proyecto incluye en su artículo 48. bis la tipificación como infracción administrativa muy grave «simular enfermedad o disminución de la capacidad psicofísica o dificultar o negarse a realizar controles médicos», «dificultar, retrasar o negarse a recibir las labores de formación», «obstaculizar o impedir las pruebas de calidad o auditorías» en los centros de trabajo, así como la falta injustificada al puesto de trabajo.
En estos supuestos, considerados «muy graves», la multa ascendería entre los 250.000 euros y los 4,5 millones de euros o la pérdida de la licencia de controlador, mientras que para las infracciones graves se situaría entre los 70.000 y los 250.000 euros.
Las faltas tipificadas como infracción leve supondrán el apercibimiento o una sanción desde los 4.500 hasta los 70.000 euros. De esta forma, estas sanciones se aplicarían de forma automática desde la entrada en vigor de la nueva ley.
Además de incluir un nuevo catálogo de infracciones, el proyecto de Ley de Seguridad Aérea aprobado este martes supone el establecimiento del Programa Estatal de Seguridad Operacional (PESO) y la modificación de la regulación de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC).
Durante su debate en la Comisión de Fomento, todos los grupos parlamentarios mostraron su satisfacción por los acuerdos alcanzados en la ponencia del proyecto y valoran de forma positiva «todas las aportaciones de los grupos», si bien expresaron que «quedan flecos» por perfilar confiaron que se resuelvan en su paso por la Cámara Alta.
UNANIMIDAD PARA ACABAR CON EL CAOS
Los grupos han respaldado este proyecto de Ley y han expresado su deseo de restablecer la normalidad en este sector. Así, el portavoz del Grupo Mixto, el diputado del BNG Francisco Jorquera, se mostró partidario de acudir a la administración ordinaria y «no a mecanismos de excepción», como el estado de alarma.
De su lado, el portavoz del PNV, Ramón Beloki, señaló que es esta dirección para intentar devolver «la cordura y sensatez» a la hora de tomar decisiones a «un mundo que, por la actitud irresponsable de controladores y de AENA, había perdido toda cordura y toda sensatez, camino en el que nunca se entró en los últimos treinta años».
Al respecto, el portavoz del Grupo Popular, Sebastián González, apuntó que lo «deseable» hubiese sido que estas infracciones vinculadas al control del tránsito aéreo se hubiesen establecido con anterioridad al plante de los controladores antes de llegar a una situación «excepcional» como es el estado de alarma para penalizar las conductas «irresponsables tanto de los controladores, como de AENA».
Aunque calificó el desarrollo de la nueva ley como «un buen proyecto», mostró su preocupación por las infracciones planteadas en este sentido e instó a que se gradúen con mayor proporcionalidad y señaló que también sería bueno matizar la gestión de la información confidencial que aportan los profesionales aeronáuticos, así como dar un impulso a la creación del Consejo Asesor de Aviación Civil, todavía no constituido.
Para el portavoz de CiU, Pere Macias, «todo aquello» que ayude a resolver «cuanto antes» la situación que atraviesa el control aéreo actualmente es «positivo» sobre todo porque deja «claras» las soluciones ante episodios como los del plante de los controladores por vía administrativa.
CAMBIOS PARA LAS AEROLÍNEAS
Se establece la obligación para las compañías aéreas de informar de las causas de cancelación o retraso de los vuelos, así como de los derechos que asisten a los pasajeros afectados.
Dicha información deberá ser «precisa, veraz e inmediata» sin necesidad de que sea requerida por los pasajeros, tras tener conocimiento de las circunstancias que lo provocaron. Las compañías tendrán que cumplir con las obligaciones presentes en el reglamento de la CE 161/2004, que determina normas comunes sobre las compensaciones a los usuarios.
En cuanto al transporte de forma gratuita en cabina del equipaje de mano, podrán incluirse los objetos adquiridos en las tiendas del aérea de embarque, y únicamente podrá denegarse por razones vinculadas a la seguridad, el peso o el tamaño de los mismos.
MODIFICACIONES DE LA CIAIAC
El portavoz del Grupo Socialista, Rafael Simancas, destacó durante su intervención que el nuevo proyecto también modifica la regulación sobre la investigación técnica de accidentes aéreos, que será común para todos los países de la Unión Europea (UE).
También quiso subrayar Simancas que el texto refuerza la independencia de la CIAIAC mediante su control parlamentario en la designación de su presidente y en la remisión al Congreso de la memoria anual de su actividad, y potencia la capacidad de la Agencia de Seguridad Aérea (AESA) que ampliará sus competencias.
Con ello, se pretende contribuir a que la investigación judicial y técnica sean «suficientemente independientes para cumplir con sus objetivos». Por otro lado, se garantiza el suministro de información de los profesionales aeronáuticos, que voluntariamente reportan incidentes y fallos susceptibles de provocar necesarios para preservar su confidencialidad no pudiendo difundir «ninguno de los datos, grabaciones o comunicaciones» con otro fin.
El nuevo proyecto de Ley, que modifica la Ley de Seguridad Aérea de 2003, actualiza y mejora los estándares de seguridad operacional, conforme a la normativa de la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI) y la UE, delimita con claridad las obligaciones de los empleados públicos y privados implicados en el sector aéreo, refuerza la capacidad de las inspecciones y potencia la capacidad sancionadora de las autoridades competentes con carácter preventivo, además de garantizar la protección de la información de los profesionales aeronáuticos.
Ver documento de Tortuga: http://www.grupotortuga.com/Las-militarizaciones-conducen-a
#1 Te imaginas que por irte de la oficina sin avisar te cayera una multa de 5 millones de euros ?
Es de locos.
. . .
#7 #1 Ah guai. Ya me gustaría verte subido en un sitio peligroso donde no hay sustitutos para el que controla que nadie se estampe contra otro… y que «se vayan» de la oficina el 100% de todos ellos.
Es una irresponsabilidad lo que hicieron, digna de los señoritos privilegiados que son.
. . .
#11 #7 Me parece de puta madre que los juzguen por las consecuencias de sus actos.
Si una persona que controla un avión se va de su sitio y se produce una situación de peligro se le debe juzgar por esa situación de peligro. O a la empresa que lo contrata por no preveer esas circunstancias.
Lo que es inadmisible es que el simple acto de marcharte de tu puesto de trabajo ya sea de por sí delito penado con multa.
Es una irresponsabilidad lo que hicieron, digna de los señoritos privilegiados que son.
Según las palabras del propio Ministro de Fomento:
Su conducta obligó al cierre progresivo de nuestro espacio aéreo, siguiendo los Protocolos de actuación establecidos por Eurocontrol.
El cierre del espacio aéreo se llevó a cabo de forma paulatina, a medida que los controladores abandonaban el centro de trabajo y con objeto de garantizar la seguridad de las operaciones.
Por lo tanto los controladores aéreos no pusieron en riesgo la seguridad aérea al permitir un cierre progresivo y paulatino del espacio aéreo.
A las 17:50 horas, se comunicó a Eurocontrol el cierre del espacio aéreo de Madrid, donde, de los 61 controladores planificados, 59 se negaron a trabajar.
A las 18 horas y 20 minutos, hora peninsular, se cerró el espacio aéreo de Canarias, donde de los 22 controladores planificados, 12 se negaron a trabajar.
A las 20:00 horas, el de Barcelona, donde de los 46 planificados, 32 se negaron a trabajar.
A las 23:00 horas, el de Palma, donde de los 17 planificados, 14 se negaron a trabajar.
Y 30 minutos después de la medianoche, se cerró parcialmente el espacio aéreo de Sevilla, donde de los 19 planificados, 10 se negaron también a trabajar.
Estas cifras confirman que en todas las torres habían suficientes controladores operativos para cerrar el espacio aéreo con total seguridad y sin riesgo para los ciudadanos.
Fuente: www.fomento.es/NR/rdonlyres/CFC114B7-766D-4156-8DED-6D0E1991FABB/96982
. . .
#23 Constitución Española:
Todos son iguales ante la ley (*)
(*)
Exceptuando:
Realeza (al margen de la propia ley)
Políticos (solo ellos tienen derecho al estado del bienestar)
Controladores (las condiciones normales de trabajo no se les aplican)
(Coloque aquí su excepción favorita)