«Ofrecemos responsabilidad y compromiso, exigimos lo mismo. El Gobierno lo sabe y debe aprovecharlo»

Insurgente.org

El secretario general de CCOO ha publicado hoy en El País un artículo para la posteridad. Pasen, lean y opinen.

Las reformas del sistema de pensiones

por Ignacio Fernández Toxo

Las pensiones son un elemento esencial de nuestro modelo de protección social, especialmente para trabajadores y trabajadoras para los que, una vez termina su vida laboral, son la principal o única fuente de ingresos. Mantener y mejorar las mismas son objetivos preferentes para quienes representamos a los trabajadores también cuando cesan en la actividad laboral. Abordar con rigor su futuro es prioritario para una sociedad que, además de atender a sus mayores, asume su importancia como demandantes de bienes y servicios, es decir, para el empleo y las empresas.

Desde 1995 existe un amplio consenso en España para no utilizar el sistema de pensiones en la confrontación política, revisarlo y acordar reformas periódicamente para mejorar sus niveles de protección de forma compatible con nuestra capacidad de financiación de sus necesidades.

El gasto en pensiones no es causa ni consecuencia de la actual crisis económica. El sistema mantiene una situación de autofinanciación con cotizaciones sociales, que pagan incluso más de 4.000 millones de euros anuales (complementos hasta pensiones mínimas) que debería asumir el Estado conforme al contenido del Pacto de Toledo y sucesivos acuerdos sociales.

El gasto en pensiones tampoco es la causa del déficit y deuda públicos. Las reformas de pensiones no son útiles para afrontar los desequilibrios actuales en nuestras cuentas públicas. Sus efectos se ven al cabo de muchos años y, además, actualmente no incrementan el déficit público ni lo harán en bastante tiempo, lo que da margen para continuar pactando reformas como en los últimos 15 años, en los que se han alcanzado dos acuerdos políticos, tres con el recién alcanzado en el Congreso de los Diputados, y tres acuerdos entre Gobierno, empresarios y sindicatos (1996, 2001 y 2006), todos ellos firmados por CC OO.

No es cierto que una reforma de pensiones haga desaparecer las tensiones sobre la prima de riesgo de nuestra deuda pública. La alternativa, además de establecer reglas de actuación en los mercados financieros, es una actuación coordinada europea que refuerce las garantías existentes, ya suficientes a nuestro juicio, de pago de la deuda ante nuestros acreedores y, especialmente, deje claro que no es posible en Europa ganar dinero a corto plazo a costa de la deuda soberana.

Establecido lo anterior, hablemos ahora sí de pensiones. Partimos de una situación saneada, que ha permitido mejorar nuestras prestaciones medias. Pero el sistema de pensiones es un reflejo de la calidad del mercado de trabajo y tiene, además, que afrontar en las próximas décadas necesidades crecientes para responder a nuestro reto demográfico: más pensionistas como consecuencia de la jubilación de generaciones nacidas entre 1950 y 1978 y mayor esperanza de vida, por tanto del número de años a percibir pensión.

Para afrontar ese reto demográfico debemos seguir la senda iniciada hace 15 años, mejorar la estructura de ingresos del sistema, reforzar su contributividad, es decir, la relación entre lo cotizado y lo percibido, eliminando la posibilidad de planificación personal que hemos reducido mucho pero que aun tiene márgenes de actuación. Todo ello, de manera equilibrada y con la mayor legitimación política y social. No olvidemos que las pensiones contributivas se pagan de manera preferente, hoy en su totalidad, con las cotizaciones sociales de empresas y trabajadores, es decir, que se sostienen desde el mundo del trabajo y su financiación tiene relación directa con la cantidad y calidad del empleo.

Las necesidades de largo plazo hacen necesario mantener las cotizaciones sociales. Su reducción debilitaría la Seguridad Social y supondría una injustificada transferencia de rentas de trabajadores a beneficios empresariales. La mejor forma de proteger nuestras pensiones contributivas es financiarlas desde las cotizaciones de empresas y trabajadores, manteniéndolas al margen de la coyuntura. El recurso al Estado, si fuese necesario, debe ser limitado, puntual y justo, con criterios de equidad sobre cómo se financia el sistema.
La financiación de los sistemas de protección social y su mejora, también de las pensiones, descansa sobre la calidad del empleo y la mayor productividad de personas más formadas, con trabajos más estables y mejor remunerados. Así se mejorará también el excedente empresarial, los ingresos fiscales del Estado y las cotizaciones a la Seguridad Social.

Incrementar el Salario Mínimo Interprofesional hasta el 60% del salario medio, objetivo de la Estrategia de Lisboa; equiparar la tasa de actividad femenina a la masculina, aún distante; facilitar el acceso de los jóvenes al mercado de trabajo; mejorar las tasas de fecundidad, con una mejor protección a la familia, especialmente por hijos a cargo; la llegada de población inmigrante para incorporarse a nuestro mercado de trabajo; son variables sobre las que actuar que afectan a nuestra capacidad de financiación futura de los sistemas de protección social.
También a través de la negociación colectiva y del diálogo social, actuando sobre la estructura y funcionamiento del mercado de trabajo y abordando las reformas estructurales que necesitamos en el terreno educativo, sanitario, industrial, energético…

En ese marco, hemos insistido en que retrasar la edad legal de jubilación de forma obligatoria y generalizada es injusto e innecesario, existiendo alternativas más adecuadas. Es contradictorio con un mercado de trabajo en el que más de la mitad de los mayores de 55 años no tiene posibilidades de trabajar y se dirige únicamente a reducir gasto, sin atender a criterios de protección y necesidad social. Refuerza una innecesaria alarma social en esta materia que tiene otros beneficiarios, los que anhelan sustituir los sistemas públicos, solidarios y redistributivos por otros ligados a la capacidad individual de ahorro y gestión privada.

Los sucesivos acuerdos de pensiones establecen mecanismos no traumáticos que han tenido como efecto un retraso efectivo y voluntario de la edad de jubilación real. Así se retrasa de manera efectiva la edad de jubilación y con ello, no lo olvidemos, el gasto en pensiones de manera ajustada a la situación de cada persona.

Reforzar mecanismos voluntarios de jubilación flexible ya existentes, tanto para anticipar la edad de jubilación, generalizando este derecho, como para retrasarla, reforzando el incentivo para las personas que deseen o precisen retrasar la edad de jubilación, son instrumentos que gozan de consenso general.

En cuanto a las medidas sobre el gasto, únicas de las que hasta la fecha se ocupa, eso sí con profusión, el Gobierno, valoramos las que mejoran la contributividad del sistema y las que tienen efectos positivos para la protección de las personas que más lo necesitan (obligadas a abandonar de forma anticipada el mercado de trabajo, pensiones de viudedad que son única renta, pensiones mínimas…).

Debemos promover comportamientos de cotización equilibrados, impedir aún más los mecanismos de planificación personal con la Seguridad Social, reforzar la relación entre la pensión percibida y el esfuerzo de cotización realizado por cada persona. No podemos desconocer que la base de cotización media de los trabajadores por cuenta ajena del régimen general prácticamente duplica la del resto de regímenes. ¿Significa esto que los primeros ganan el doble que los autónomos, empleados de hogar, trabajadores del campo,…? No. La posibilidad de elegir la base de cotización en unos casos y la existencia de bases preestablecidas, independientes del salario, en otros, provocan ese efecto.

El acuerdo del Congreso de los Diputados para renovar el Pacto de Toledo constata el rechazo mayoritario al retraso obligatorio y generalizado de la edad de jubilación. Esperamos que los grupos que han mantenido posiciones claras a este respecto, las mantengan en los próximos meses y, con ello, faciliten un nuevo acuerdo de pensiones en el ámbito del diálogo social.

Apostamos por un nuevo acuerdo en materia de pensiones. Una reforma equilibrada, actuando sobre ingresos, gastos y la equidad interna del sistema. Tenemos propuestas y disposición al acuerdo, tanta como de oponernos a la utilización indebida del sistema de pensiones reduciendo los niveles de protección social para satisfacer a quien no puede ser satisfecho de este modo. Ofrecemos responsabilidad y compromiso, exigimos lo mismo. El Gobierno lo sabe y debe aprovecharlo.

Comentario en Insurgente.org:

#2 Manuel 03-01-2011 18:21

«Para afrontar ese reto demográfico debemos seguir la senda iniciada hace 15 años, mejorar la estructura de ingresos del sistema, reforzar su contributividad , es decir, la relación entre lo cotizado y lo percibido,
(…)
, reforzar la relación entre la pensión percibida y el esfuerzo de cotización realizado por cada persona»

«Contributividad «… luego, a tomar por culo el carácter redistributivo que deberían tener las pensiones. Los que cobren mucho, tendrán pensiones muy altas. Los que cobren (o coticen) poco, una miseria: esto defiende CC OO.

«Reforzar mecanismos voluntarios de jubilación flexible ya existentes, tanto para anticipar la edad de jubilación, generalizando este derecho, como para retrasarla, reforzando el incentivo para las personas que deseen o precisen retrasar la edad de jubilación, son instrumentos que gozan de consenso general.»

¿Consenso general? Será hijoputa el tío. Será entre las fuerzas parlamentarias. Que se vayan todos.

CC OO obrera defiende la flexibilización de la edad de jubilación,

– tanto para retrasarla voluntariamente (traducido: que los más pobres, que son los que «voluntariamente » lo necesitarán, tengan que trabajar como perros hasta los 80, porque además, en virtud de la «contributividad » que Toxo defiende su pensión será una mierda)

– como para adelantarla (es decir, CC OO apoya las prejubilaciones , que, como vimos en Los lunes al sol lo que hicieron es acabar con el puesto de trabajo de la siguiente generación… la mía precisamente).

En mi opinión, esto puede ser incluso peor que retrasar el tope a los 67…

Encima mirad la actitud de combate que tiene:

«Esperamos que los grupos que han mantenido posiciones claras a este respecto, las mantengan en los próximos meses y, con ello, faciliten un nuevo acuerdo de pensiones en el ámbito del diálogo social.
(…)
Ofrecemos responsabilidad y compromiso, exigimos lo mismo. El Gobierno lo sabe y debe aprovecharlo.

¿Responsabilidad ? La huelga se aleja.

Y cada vez se hace más difícil no tener claro que hay que acabar con esta burocracia sindical.

Lo que no se dice del retraso de la edad de jubilación

inSurGente.org

La reforma del sistema de las pensiones es en estos momentos el tema principal de la agenda político-económica española. El Gobierno ha asegurado que la aprobará el 28 de enero. El profesor de economía Santiago Niño Becerra considera que no se está contando toda la verdad al respecto.

El catedrático de la Universidad Ramon Llull avisa de un problema en el actual contexto de negociaciones para acordar una reforma: «No se está vinculando edad laboral con productividad, y en muchos de los puestos de trabajo existentes en España, a mayor edad del trabajador menor rendimiento en términos productivos en unidades de tiempo homogéneas».

Al mismo tiempo, considera un error que se trabaje sobre un contexto en el que «se supone que el desempleo, o no va a crecer más o va a disminuir, de ahí que se infiera que prolongar la edad de jubilación incrementará los ingresos de la Seguridad Social».

La trampa de las prejubilaciones

Niño Becerra destaca que en el debate se han introducido las jubilaciones anticipadas como algo que ha sido malo, pero señala que no se ha dicho que éste fue el método elegido por los políticos para maquillar las cifras de paro. «Era la única vía posible para evitar que el desempleo se disparase: se jubilaba anticipadamente a quienes no se necesitaban pero no se les despedía», afirma La Carta de la Bolsa.
El economista considera que, pese a que sistema de pensiones se reforme, la situación económica de España provocará inevitablemente una reducción de la protección social. «La caída de la actividad económica que, pienso, va a ir a más, llevará a que la demanda de protección social aumente, pero esa caída de actividad hará que la recaudación fiscal disminuya, por lo que habrá menos para todo, incluida la protección social».

Se adelanta el calendario

El Gobierno anunció el pasado 3 de diciembre que aprobará la reforma del sistema de pensiones el próximo 28 de enero y la enviará de inmediato al Parlamento para su tramitación.

Era una manera de acelerar las negociaciones de los partidos políticos y los agentes sociales, ya que en un principio se había previsto que el Ejecutivo diera luz verde al texto a finales de marzo.

El Ejecutivo ha tenido que acelerar los plazos y ofrecer ya fechas concretas para una medida tan importante empujado por las circunstancias económicas y las grandes tensiones en los mercados, que demandan duras medidas de ajuste fiscal y reformas.

Una de las más importantes es la de retrasar dos años la edad legal de jubilación, que actualmente se sitúa en los 65 años. Otras de las medidas que se plantean para hacer sostenible el sistema de pensiones es la de ampliar los años trabajados que se tienen en cuenta en el cómputo para el cálculo de la prestación a recibir, lo que previsiblemente provocaría un descenso de las mismas.

Niño Becerra.

eleconomista