La dirección nacional del Partido Popular no se plantea tomar medidas contra el eurodiputado navarro del PP, Pablo Zalba, después de que se haya revelado que cambias leyes al dictado del capital.

Kaos. Estado Español

La dirección nacional del Partido Popular no se plantea tomar medidas contra el eurodiputado navarro del PP, Pablo Zalba, después de que se haya revelado que unos reporteros del diario británico ‘The Sunday Times’, que se hicieron pasar por un lobby, le reclamaron que introdujera una enmienda a su medida en una ley que se debatía en el Parlamento europeo, según han asegurado a Europa Press fuentes ‘populares’.

‘Génova’ no se plantea actuar contra su eurodiputado por entender que se limitó a trasladar la enmienda al Grupo Popular Europeo, que es el que se encarga finalmente de autorizar y decidir sobre las enmiendas que presenta en la tramitación parlamentaria.

Es más, las fuentes consultadas han aprovechado para recordar que la Oficina Económica de Moncloa sí que se dejó presionar hace un año para que saliera adelante la llamada ‘enmienda Florentino’ relativa al blindaje de las sociedades anónimas.

Desde Bruselas, el grupo del Partido Popular Europeo ha defendido la inocencia de Zalba y ha insistido en que su caso «no tiene nada que ver» con el de los otros implicados en el escándalo de sobornos que afecta al menos a otros tres eurodiputados, según ha recogido ‘Sunday Times’

«Está muy claro que no hay dinero implicado y no hay ninguna violación de las normas del Parlamento Europeo. Creemos que esto es un intento pobre de asociarle con esta cuestión», ha asegurado el jefe de prensa del grupo del PPE en declaraciones a Europa Press, Robert Fitzhenry.

POLÉMICA EN NAVARRA

En cualquier caso, este asunto ha provocado duras reacciones en las filas de UPN, Nafarroa Bai, CDN e Izquierda Unida de Navarra. El propio presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz, ha asegurado que se trata de un «episodio más», que muestra que el Partido Popular «no ha tenido día bueno» desde su refundación en Navarra.

UPN considera que el presidente del PPN, Santiago Cervera, tiene que dar «todas las explicaciones y dejar claro qué ha ocurrido», mientras que Nafarroa Bai, CDN e Izquierda Unida han pedido la dimisión del eurodiputado.


La ética del eurodiputado

No tengo claro cuál de los dos pecados es más bochornoso. La avaricia: ese vídeo donde se ve cómo el eurodiputado del PP Pablo Zalba se deja querer por unos periodistas ingleses que se hacen pasar por un lobby y que le ofrecen un soborno a cambio de enmendar una ley al dictado –enmienda que el eurodiputado firma–. O la soberbia: esas excusas con las que Zalba intenta disculpar un comportamiento que en cualquier otro país con algo más de cultura política obligaría a una dimisión irrechazable. Dice el eurodiputado que “pecó de ingenuidad”, que “la periodista era muy guapa”, que se reunió tres veces con ellos porque es “muy educado”, que no ha “hecho nada malo”, que los periodistas no han tenido “ética” y también que no cobró. Lo último es cierto, aunque no basta como disculpa. En el vídeo, se ve cómo Zalba condiciona el puesto de “consultor” que le ofrecen –100.000 euros al año por sus favores– hasta ver si va en las listas del PP para las municipales: no contesta con un no rotundo, sino con un no condicionado; también presenta la enmienda y se vuelve a reunir con ellos. Desde luego, no es la respuesta que cabe esperar de un político ante una oferta de soborno tan evidente.

Al eurodiputado popular le ha cazado The Sunday Times, una publicación de Rupert Murdoch, que está en plena campaña euroescéptica. En el Parlamento Europeo hay 736 eurodiputados. De entre ellos, los periodistas camuflados intentaron reunirse con sesenta. De los sesenta, catorce aceptaron esas reuniones. Y de los catorce, cuatro cambiaron la ley al dictado (cuatro de sesenta: el 6%). Dos de estos eurodiputados han dimitido y el tercero ha sido expulsado de su grupo por no querer irse a su casa. El cuarto es Pablo Zalba. Al cierre de esta edición, el PP aún lo respaldaba.

Ignacio Escolar, Público



El «The Sunday Times» revela caso de corrupción entre eurodiputados

Aceptan de manera rutinaria pagos ilegales a cambio de introducir enmiendas en las leyes comunitarias que favorecen a grupos de presión.

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Miembros del Parlamento Europeo aceptan de manera rutinaria pagos ilegales a cambio de introducir enmiendas en las leyes comunitarias que favorecen a grupos de presión, según denuncia hoy el periódico británico «The Sunday Times».

Reporteros de este rotativo se hicieron pasar por miembros de estos grupos y negociaron importantes pagos con tres eurodiputados, que aceptaron presionar para diluir el contenido de la directiva comunitaria con la que se quiere dar una mayor protección a los ciudadanos afectados por eventuales colapsos bancarios.

Los tres eurodiputados son el ex ministro rumano de Exteriores Adrian Severin, el ex ministro austríaco del Interior Enrst Strasser y el ex ministro esloveno de Exteriores Zoran Thaler.

El «Sunday Times» les filmó y grabó negociando los pagos a cambio de sus servicios políticos y publicó correos electrónicos que demuestran lo que esta publicación considera «uno de los mayores escándalos en los 53 años de existencia del Parlamento Europeo».

La normativa interna del Europarlamento afirma que los eurodiputados, que pueden tener unos ingresos anuales de hasta 217.000 euros, «deberán abstenerse de aceptar cualquier regalo o beneficio por el desempeño de sus funciones».

El periódico británico explica que contactó con varios miembros de la cámara de Estrasburgo y que Severin, Strasser y Thaler aceptaron la oferta de trabajar para el supuesto grupo de presión por 100.000 euros anuales en concepto de comisión de consultoría.

Las reuniones de los reporteros con los eurodiputados se grabaron con cámara oculta en bares, restaurantes y en las sedes que el Parlamento Europeo tiene en Bruselas y Estrasburgo.

Días después, Severin escribió un correo electrónico a sus interlocutores en el que manifestaba: «solo hacerles saber que la enmienda deseada ha sido puesta sobre la mesa a tiempo».

Severin envió posteriormente a los reporteros del «Times» una factura por valor de 12.000 euros por «servicios de consultoría relativos a la codificación de la Directiva 94/19/EC, la Directiva 2009/14/EC y las enmiendas correspondientes».

Thaler también introdujo una enmienda y pidió a los supuestos «lobbystas» que le enviaran el dinero a través de una empresa con sede en Londres para que el pago no pudiera rastrearse.

Strasser, por su parte, admitió abiertamente en una de las conversaciones que trabaja en Estrasburgo como «lobbysta» y presumió de trabajar para al menos cinco empresas, cada una de las cuales le paga anualmente 100.000 euros por sus gestiones.

El ex ministro austríaco informó de que había entregado las enmiendas solicitadas a dos miembros clave de la comisión que revisaba las directivas sobre protección a los consumidores de banca y reclamaba por ello un primer pago de 25.000 euros.

«The Sunday Times» afirma en su reportaje que confrontaron a los eurodiputados con la realidad cuando ya había suficientes evidencias de que se habían prestado a una práctica ilegal.

Severin reaccionó asegurando: «no he hecho nada que fuera, digamos, ilegal o que estuviera en contra de cualquier comportamiento normal de los que tenemos aquí».

Strasser y Thaler declararon por su parte que sabían desde hacía meses que el grupo de presión encarnado por los periodistas del «Times» era falso, pero que decidieron seguir adelante con las conversaciones para averiguar quién estaba detrás de la propuesta.