El aparato policial preliberal tenía pocos efectivos, que además estaban
dispersos y eran escasamente profesionales 19. El órgano de poder en el plano municipal, regimiento o concejo cerrado de filiación señorial o real no lograba imponerse al vecindario más que en las grandes urbes, mientras que las extensas aéreas rurales estaban imperfectamente sometidas.
La disociación orgánica entre corona, aristocracia y clero dificultaba el lograr una maquinaria de gobierno compacta. Los privilegios estamentales impedían que los más aptos para servir al Estado llegaran a los puestos de mando, asunto especialmente grave en la armada y en el ejército, lo que explica la firme posición antinobiliaria de la casta militar.
El cobro de tributos se realizaba con dificultad, en especial en el universo aldeano, y con costes exorbitantes, no siendo raras las ocasiones en que se necesitaba movilizar al ejército para conseguirlo. El aparato propagandístico y
de conformación de las ideas convenientes al poder era de baja efectividad,
al estar reducido a la Iglesia, a una enseñanza primaria de confusa
condición y a un aparato universitario en exceso exiguo. La naturaleza
aún bastante descentralizada del órgano estatal lo hacía todavía menos
resolutivo. El ejército era poco eficaz, pues la desigualdad jurídica entre las
personas no permitía constituir una oficialidad competente, y la recluta
forzosa de soldados carentes de conciencia nacional demandaba esfuerzos
y gastos enormes para alcanzar magros resultados.
Los obstáculos de toda
naturaleza que a cada paso encontraba el poder estatal eran formidables,
pero entre ellos descuellan tres: la comunidad popular rural asentada en
la posesión colectiva de la tierra, el régimen municipal asambleario de las
pequeñas poblaciones y las estructuras de autogobierno de ciertos territorios,
cuya base jurídica eran los fueros territoriales. Todo ello debía ser
removido y alterado de manera radical para que el Estado alcanzara un
incomparablemente mayor grado y calidad de poder.
Nota
19. El primer cuerpo de policía eficaz del régimen preliberal fue el de los Mossos d’Esquadra
de Cataluña, formado a comienzos del siglo xviii, que sirvió de modelo a los que instauró el liberalismo
de 1812 en adelante, sobre todo a la Guardia Civil. En 1824 se creo la policía gubernativa,
cuyas funciones fueron por un tiempo eclipsadas por la sanguinaria Milicia Nacional, aparato
represivo por excelencia del primer liberalismo, constituido por los poderhabientes y pudientes
armados de cada localidad, que llego a tener sobre el papel unos 500.000 milicianos. La creación en
1844 de la Guardia Civil marcó un hito en la historia de los organismos de constricción, por su excepcional
efectividad. Con tal el liberalismo se dotó de un instrumento para el sometimiento de las
masas que el régimen anterior jamás tuvo ni podía tener. Véase Historia de la policía española de J.
de Antón, La Guardia Civil. Nacimiento y consolidación, 1844-1874 de M. López Corral y Milicia
Nacional y revolución burguesa de J.S. Pérez Garzón.
El carácter policiaco del nuevo orden se intenta
velar con una literatura panfletaria sobre las atrocidades de la Inquisición (para la corona de Castilla,
1478-1834). Ésta, que duda cabe, fue un organismo represivo execrable, pero ello no justifica
la utilización oportunista que el progresismo hizo y hace de su historia. Así, A. de Arguelles, autor
del fundamental «Discurso preliminar» a la Constitución de 1812, cuantifica en tres millones los
represaliados por aquella, ocultando que su disolución en 1834 buscaba crear un aparato policial
aun más implacable, numeroso y efectivo. Hoy se sabe que el Santo Oficio procesó en sus 356 años
de existencia a unas 150.000 personas, ejecutando a 3.000 aproximadamente, cifras que salen bien
paradas si se comparan con el mucho más crecido numero de las víctimas de los aparatos represivos
del nuevo Estado liberal. Sobre este asunto, véase La invención de la Inquisición de Doris Moreno.
Hay ocasiones en que las comparaciones son iluminantes, por ello acudamos a Los realistas en el
Trienio Constitucional (1820-1823) de J. L. Comellas, que sostiene que «el numero de asesinatos,
de presos, de incendios, de arrasamientos, de saqueos y abusos cometidos (por los liberales en el
poder) entre noviembre de 1822 y septiembre de 1823 son prácticamente incalculables». Tal aserto
lo justifica con abundancia de casos particulares, entre cuya plétora es dado elegir uno, descrito
como sigue, «el coronel González, solo en un día, mando pasar a cuchillo a trescientos guerrilleros
que se habían rendido». Esos 300, en un único día y por un solo victimario, son el 10% de los
3.000 ejecutados por la Inquisición en sus 356 años de vigencia, de donde resulta que el liberalismo
afecto a los derechos del hombre, humanista, emancipador y benéfico, poseía (y posee, aunque en
el presente, si bien de manera acaso transitoria, de otro modo), un grado de letalidad muy superior
al del Santo Oficio. En ello, no hay duda, se realiza la teoría del progreso, como progreso de la
barbarie. Cierto es que Comellas no es del todo fiable, a pesar de ser un historiador escrupuloso y
veraz como pocos. Por tanto, quedamos a la espera de estudios futuros que cuantifiquen con exactitud
e imparcialidad las circunstancias y extensión del holocausto perpetrado por el liberalismo
revolucionario para conocer, hasta donde lo permitan las fuentes, sobre que montañas de cadáveres
y gracias a que ríos de sangre esta edificado el dictatorial orden vigente. Pero podemos estar seguros
que esos estudios muy difícilmente se podrán hacer mientras subsista el régimen actual.
Texto tomado del libro de Félix Rodrigo Mora “La Democracia y el Triunfo del Estado: Esbozo de una revolución democrática, axiológica y civilizadora” (Ed. Manuscritos).