Pero pierdan cuidado, si no desaparecen de algún juzgado, o durante un traslado, algún juez habrá que anule todas las pruebas por cualquier cosa que se le ocurra. Nota de Tortuga.
AL FONDO A LA IZQUIERDA
Pepe López
Castedo & cia y ese oscuro deseo por controlar el urbanismo en Alicante
Sonia Castedo muestra unos documentos sobre el PGOU de Alicante
Uno de los hechos más llamativos en las 48 horas siguientes a conocerse la nueva entrega de las memorias para no dormir del caso Brugal en su vertiente urbanístico/alicantina es el silencio de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo. Imagina uno que no debe ser fácil contestar a una acusación de este calibre. Según la denuncia policial, el hermano de la primer edil, José Luis Castedo, habría sido uno de los grandes muñidores del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad a través del bufete Salvetti Abogados y del proceloso instrumento de redactar alegaciones al citado plan urbanístico y luego resolverlas total o parcialmente de forma favorable a través de una empresa en la que figura como administrador único su socio en Salvetti y ex edil socialista Javier Gutiérrez. Y todo ello y al mismo tiempo que ella, Sonia Castedo, era concejal de Urbanismo y más tarde alcaldesa.
La tardanza en la respuesta, decía, solo puede tener dos explicaciones razonables. Una, que sea cierto en todo o en parte el relato policial y entonces a la alcaldesa le quedarían pocos caminos más que romper su silencio para presentar su dimisión. Pero a ese momento procesal no parece haberse llegado aún, pues, recuérdese que de momento solo estamos hablando de un informe policial que la justicia deberá ahora desbrozar. Y dos, por increíble que parezca, que los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica de la Policía Judicial (UDEF) se hayan columpiado y que lo que el informe dice haber encontrado en los ordenadores incautados en el registro judicial a Salvetti hace cinco meses no tenga nada que ver con la realidad que ellos mismos describen. Sólo en este último caso el silencio y la prudencia de la primer edil serían entendibles.
Aclarados estos extremos, cuestión que para ella y por el puesto y mirador de privilegio que ha ocupado y ocupa, no debe serle nada complicado, sería de agradecer una explicación contundente seguida de una de estas dos decisiones: o dimisión o querella contra los agentes que la acusan con tan meridiana claridad. Pues lo que se deduce de todo lo expuesto y publicado es que ella, junto a su hermano y otros (entre ellos, el ex alcalde Alperi), habrían promovido una red de influencias y clientelismo para gestionar y dirigir en el más absoluto oscurantismo todo el urbanismo de la ciudad en el presente y en un futuro a 15-20 años.
Hay que traer aquí a la memoria para tratar de completar el cuadro antes descrito, que la hoy alcaldesa fue durante un largo periodo concejal de Urbanismo y mano derecha del citado Luis Díaz Alperi, concretamente hasta octubre de 2008. Y que coincidiendo en esas fechas con la tramitación del PGOU de Alicante, ella misma provocó una extraña reestructuración en el área de Urbanismo municipal cuyo objetivo parecía entonces y parece ahora no haber sido otro que asegurarse el férreo control del departamento a través del nombramiento de personal interino de su entera confianza en los puestos clave de este área municipal. Para culminar tal proceso no le tembló el pulso ni le importó remover entonces de sus jefaturas a quienes llevaban varios lustros ejerciéndolas, funcionarios de carrera todos ellos. Un titular de la página 9 de la edición del diario INFORMACION de 23 de enero de 2008, meses antes de acceder Castedo a la Alcaldía, rezaba lo siguiente: «Castedo baraja nombrar jefas de servicio a dos técnicas interinas de su confianza». El subtítulo de aquella información firmada por Manuel Dopazo era de esta otra guisa: «Ambas son arquitectas y conformarían con el titular de organización la máxima jefatura en la nueva Gerencia (de Urbanismo) que ultima la concejala». Aquel cambio, recordémoslo, se consumó de acuerdo a los deseos de Castedo.
Aquella extraña maniobra nunca fue suficientemente razonada y, a luz de los informes policiales de ahora, empieza a tener una explicación demasiado chusca. Si juntamos las piezas de lo sucedido entonces y relatado ahora por la Policía hay fragmentos que empiezan a encajar con demasiada facilidad y que pintan un paisaje nada proclive en favor de quien hoy dirige los destinos de la ciudad. Si tenemos que, de un lado, estarían los servicios prestados por Salvetti & José Luis Castedo al Ayuntamiento en la tramitación del PGOU y, de otro, los cambios en Urbanismo, y constatado que ambos hechos son coincidentes en el tiempos, ya no parece tan descabellado pensar que aquella revolución tenía por objeto blindar un área tan sensible en un periodo en el que se estaba diseñando el futuro del urbanismo de la ciudad. Es lo que dejan entrever los agentes y que, traducido al roman paladino, no habría tenido otra consecuencia práctica que la recalificación de millones de metros en unas zonas y no en otras, con la probabilidad de dar pie a todo tipo de tráfico de información privilegiada. Y todo ello, recuérdese, con unas expectativas de negocio de muchos dígitos de millones en beneficios.
¿Era la alcaldesa conocedora de los negocios que la policía imputa al despacho de su hermano? Si esto fue así o parecido no sólo hay que preguntarse si Sonia Castedo está hoy día en condiciones de seguir ostentando el cargo que ocupa, primero heredado de Alperi y ratificado y ampliado en las urnas el 22 de mayo pasado. Si el informe policial ha dado en el clavo, lo que estaría en tela de juicio también es el propio PGOU, pendiente de que la Conselleria del ramo le dé el visto bueno definitivo y cuya tardanza en hacerlo ya da muestras de por dónde pueden estar yendo las cosas entre bambalinas. Hacerlo sin más sería algo parecido a la prevaricación: respaldar con el sello de la oficialidad un documento que a cada nuevo informe que sale a la luz pública solo hace que poner negro sobre blanco una tela de intereses espurios de alcaldes, concejales, redactores, técnicos y empresarios que lo han alumbrado y en donde la libre concurrencia habría sido su principal pero no única víctima.
Es lo que hay y es lo que debe tener en un sinvivir a la alcaldesa. Porque, y en base a lo que concluye la Policía, ahora ya no hablamos (solo) de empresarios amigos (Ortiz), de técnicos redactores sospechosos (Jesús Quesada), de ex alcaldes en apuros (Alperi), sino nada más y nada menos que de su propio hermano, José Luis Castedo, traficando solo o en compañía de otros con información altamente sensible. De ahí que si para todo lo anterior Castedo ha tenido respuestas, aquí le va a ser, como mínimo, un poco más complicado darlas. Salvo, claro, que la Policía no haya dado ni una… O que Castedo, José Luis, no sea su hermano.