Elisa Díaz, diputada en las Cortes hasta la cita electoral del pasado 22-M, ya ha sido designada para hacerse cargo de la dirección territorial de la conselleria mientras la Policía perfila una trama para controlar el planeamiento de Alicante con su padre a la cabeza.
PERE ROSTOLL
En plena investigación sobre el supuesto amaño en la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, la hija de Luis Díaz Alperi, al que la Policía sitúa en en el epicentro de una red de conexiones y contactos que tenían como objetivo principal controlar el planeamiento de la capital, será la responsable de dirigir el Urbanismo en el conjunto de la provincia. Elisa Díaz González, diputada en las Cortes Valencianas hasta los comicios del pasado 22-M, ya ha sido nombrada por la Generalitat para hacerse cargo de la dirección territorial de Urbanismo, un departamento que tiene competencias directas en las decisiones sobre el planeamiento de los 141 municipios alicantinos.
Pasados los comicios autonómicos, la dirección regional del PP, según explicaron fuentes populares, realizó un recuento de los diputados autonómicos que se habían quedado sin escaño y optó por distribuirlos, en función de su perfil, en diferentes ubicaciones de la administración autonómica. La hija de Alperi, que tomó posesión del escaño en la recta final de la pasada legislatura, es licenciada en Derecho y tiene un Máster en Ordenación del Territorio, explicaron fuentes del PP que, precisamente, aludieron al currículum como el principal motivo que justifica su designación para ese puesto en concreto. Elisa Díaz González, en opinión de la cúpula regional del PP, cumple con el perfil.
Su nombramiento, de hecho, quedó resuelto antes de las vacaciones de verano. Apenas ha podido ejercer a raíz de su maternidad. Pero lo cierto, sin embargo, es que llegó al cargo a sabiendas de que el planeamiento urbano de Alicante, cuya revisión fue impulsada por su padre desde la Alcaldía, está, en estos momentos, bajo sospecha.
Eso es, precisamente, lo que preocupa entre dirigentes populares consultados. Una cosa es que la exdiputada autonómica, que sonó con insistencia para ocupar un sillón de concejal, cumpla con un cierto perfil y disponga de la formación necesaria para asumir el cargo. Y otra muy diferente es que tenga el control sobre el Urbanismo en la provincia mientras Luis Díaz Alperi, que sí mantiene su escaño en las Cortes, figura, en todos los casos, en los diferentes informes policiales sobre la elaboración del PGOU de Alicante.
En el último, aparece, incluso, como propietario de una empresa -a través de la cual tiene la propiedad de un yate- cuya razón social es la iniciativa urbanística. Alperi tiene ahora en su poder la totalidad de la firma. Ahora mismo está dedicada a casi por completo a la gestión del catamarán. Pero, por ejemplo, en julio de 2010, el ex alcalde firmó un contrato de consultoría con Salvetti -el despacho del hermano de Castedo y del exsocialista Javier Gutiérrez hacia el que la Policía apunta en la investigación- para recibir asesoramiento urbanístico.
El exalcalde, además, mantiene relaciones muy estrechas tanto con Antonio Solana, que fue su socio en la empresa del barco; y con Enrique Ortiz, dos de los grandes constructores y promotores alicantinos. En este escenario, tendrá que moverse Elisa Díaz, directora territorial de Urbanismo, mientras la Policía investiga la actuación de su padre, el exalcalde Alperi, en el PGOU de la ciudad de Alicante.
El hermano de la alcaldesa investigó al fiscal Anticorrupción desde el bufete Salvetti
La Policía localizó tres archivos en el ordenador de José Luis Castedo con información sobre la vivienda de Felipe Briones y supuestas irregularidades urbanísticas en la casa.
PEDRO CERRADA/J. A. MARTÍNEZ
El exportavoz socialista en las Cortes, Ángel Luna, no es la única persona sobre la que se han realizado informes en el bufete Salvetti dirigido por el exedil socialista Javier Gutiérrez y por el hermano de la alcaldesa, José Luis Castedo. La Policía Nacional descubrió en el ordenador de Castedo varios archivos informáticos sobre el fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, que denotan que el fiscal que ha dirigido las pesquisas del caso Brugal fue investigado a raíz de que se hicieran públicos en octubre de 2010 detalles del presunto tráfico de influencias y cohecho durante la tramitación del PGOU de Alicante. Los documentos sobre Briones los contienen tres archivos denominados «Notas informe fiscal» e incluyen una serie de datos sobre su vivienda familiar y unas supuestas irregularidades urbanísticas de la casa.
Estos archivos, igual que ocurrió con el llamado «Informe Bob Esponja» sobre Luna, finalmente no se incorporaron a la pieza separada de Brugal a petición del abogado defensor de Castedo y Gutiérrez. El letrado José Sánchez-Alarcos pidió la retirada de los documentos al ser ajenos a la investigación de Brugal y enmarcarse «dentro de la relación profesional letrado-cliente y sujetas al secreto profesional y al derecho de defensa». Además de los informes sobre Luna y Briones, había un archivo sobre el PGOU y la pérdida del monopolio de la gestión del suelo por parte de Ortiz con el nuevo Plan General así como otro documento identificado como «Notas José Cortina», un exdirectivo de Bancaja que será el próximo en de clarar como imputado en el juzgado el próximo mes de octubre.
En un auto del titular del juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, el juez Manrique Tejada señala sobre el «Informe Bob Esponja» que no procedía su intervención por «carecer de interés para la instrucción» y por tanto acordó su devolución a la defensa y el borrado de la copia que hay en el juzgado de los dos discos duros de los ordenadores de Castedo y Gutiérrez.
La misma postura adoptó sobre los tres archivos referidos al fiscal anticorrupción, el de José Cortina y el de «PGOU monopolio». Dicha documentación, señala el juez en el auto mencionado, no procede intervenirla porque «forma parte de la estrategia de defensa de los imputados, aún cuando dicha estrategia se instara a través de una información hecha pública mientras la causa se encontraba bajo secreto sumarial». El juzgado también decidió devolver dichos archivos a los letrados investigados y borrarlos de la copia de seguridad disponible en la sede judicial donde se realizó el volcado de los ordenadores.
A petición de la defensa de Castedo y Gutiérrez, el juez impidió que la Policía Nacional se llevara el contenido íntegro de los dos discos duros y por ello se prolongaron varias semanas las tareas para examinar y seleccionar los documentos que debían incorporarse a las diligencias de la pieza separada de Brugal sobre el PGOU.
En el mismo auto judicial donde el magistrado resuelve los documentos que se incorporan a la causa y los que deben borrarse se incluye el archivo del contrato de arrendamiento de servicios entre la empresa G&M de Javier Gutiérrez y la sociedad Andarx de Luis Díaz Alperi.
El juez justificó la intervención de dicho contrato por uno de los informes policiales remitidos en mayo de 2010 al juzgado de Orihuela que instruye el caso Brugal, en el que se daba cuenta de las presuntas irregularidades en el proceso de redacción del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante.
Diario Información