Solo mirando por casualidad en noticias publicadas en diarios de España en el día de hoy hemos encontrado estos casos (quizá haya alguna noticia más de este tipo). En nuestra opinión no es muy común que la policía investigue y detenga a sus propios colegas, así que cabe ver estos casos como una pequeña punta de un gran iceberg. En realidad todo lo que tiene que ver con la administración del estado, siempre según nuestra opinión, supura corrupción por todos sus poros. Nota de Tortuga.
Tres años de cárcel para un guardia destinado en Lavacolla por blanquear dinero de la droga
n. m. santiago / la voz
La sala sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, ha condenado a tres años de cárcel al guardia civil Leopoldo Valcárcel Vilas, y a dos años a su esposa, María Dolores López Lapido, como autores «de un delito de blanqueo de fondos procedentes del tráfico de drogas», con la atenuante de dilaciones indebidas.
Han pasado nada menos que nueve años desde que la Guardia Civil desmanteló una organización dedicada al tráfico de cocaína utilizando como puerta de entrada el aeropuerto de Lavacolla donde, precisamente, estaba destinado el guardia ahora condenado. Fue detenido en el 2002, junto a otras cuatro personas y se le implicó en esa operación en un alijo de treinta kilos de cocaína interceptados en el aeropuerto compostelano. En aquella operación también fue arrestada su esposa, a la que le fueron intervenidos 168.660 euros que guardaba en una caja de zapatos.
La Audiencia Provincial condena a Leopoldo Valcárcel al pago de una multa de 121.285,92 euros y a la misma sanción económica a su esposa. También acuerda el comiso de los 168.660 euros que le habían sido intervenidos a la mujer. Otro de los detenidos en el 2002 fue el hostelero de Rianxo José Regueira Vázquez, conocido como Che, ya fallecido. El tribunal absuelve a la viuda de este, María José Figueira Pérez, de las acusaciones que contra ella pesaban.
Hechos probados
La sala compostelana de la Audiencia considera probado que Leopoldo Valcárcel y su mujer introdujeron en los años 2000, 2001 y 2002 en el sistema financiero «cantidades que procedían del tráfico de drogas, conociendo tal origen o asumiendo conscientemente que existía una alta probabilidad de que tuvieran tal procedencia». Del mismo modo, se considera demostrado que José Regueira blanqueó dinero que no procedía precisamente de su negocio Parrillada Barbanza.
La Guardia Civil se incautó en el transcurso de las operaciones de dos subfusiles inutilizados y de seis pistolas que carecían de las licencias correspondientes, armas que ordena destruir la Audiencia, así como los treinta kilos de cocaína intervenidos en el aparcamiento del aeropuerto, en la sentencia hecha pública el pasado 31 de octubre, y que es recurrible.
La Voz de Galicia
Siete años de cárcel y una multa de 2 millones de euros para un ertzaina por tráfico de drogas
La Guardia Civil encontró en 2006 casi 100 kilos de ‘speed’ en el club de alterne que el policía regentaba en Trapagaran
DAVID S. OLABARRI | BILBAO.
El tribunal absuelve al otro agente procesado, al que Interior quiere abrir un expediente disciplinario.
La Audiencia de Bizkaia ha condenado a 7 años de cárcel y a pagar una multa de 2 millones de euros al ertzaina Pedro Luis U., responsable de un delito de tráfico de drogas a gran escala. El agente cometió el delito en 2006 con su pareja y un cómplice, que escondían casi 100 kilos de ‘speed’ y MDMA, más conocido como éxtasis, en un burdel de Trapagaran que regentaba el propio agente autonómico. Los otros tres procesados -entre ellos otro miembro de la Ertzaintza- han sido absueltos porque, a pesar de que en las conversaciones telefónicas interceptadas revelaron que estaban al tanto de algunas de las operaciones, el tribunal considera que no existe la suficiente base probatoria para condenarlos. La sentencia, a la que ha tenido acceso EL CORREO, puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.
La investigación arrancó en 2005, cuando la Guardia Civil comenzó a vigilar al portero de un local nocturno de Cantabria por sus «numerosos contactos» sospechosos con jóvenes. Los encuentros de Javier F. seguían la «dinámica propia» del tráfico de drogas al «por menor». Apoyados en algo más que «meras sospechas», los agentes consiguieron una orden judicial para ‘pinchar’ el teléfono del sospechoso. Y fue a partir de las llamadas del guarda de seguridad como se consiguió dar con la red de ‘narcos’, que meses después permitió unas de las mayores incautaciones de ‘speed’ realizadas hasta entonces en España.
Las conversaciones telefónicas del portero del local llevaron primero hasta Juan José O., que a su vez permitió a los investigadores seguir la pista del ertzaina que ha resultado condenado. Las llamadas de estos dos implicados giraban «siempre» en torno a la preparación de pedidos de «chamarras, motos y vino». Una «variedad de productos y cantidades» que, según detalla el fallo, no puede referirse sino al «tráfico de sustancias estupefacientes». Entre otras razones, porque ese «continuo» ‘intercambio comercial’ jamás tuvo una «plasmación real».
«No llegaron a intervenir»
Ahora bien, el tribunal entiende que estas conversaciones no son suficientes para «desvirtuar la presunción de inocencia» de Juan José O., para el que el fiscal pedía 4 años de cárcel. Los jueces entienden que los guardias civiles deberían haber contrastado estas conversaciones con alguna «operación determinada» de estas dos personas. Es decir, «no llegaron a intervenir en ninguna de las supuestas entregas» y se limitaron a «analizar las grabaciones». Otro de los factores que influye en la absolución de este acusado es que ninguna de las conversaciones se refiere al depósito de ‘speed’ que fue hallado en el prostíbulo que regentaba el agente.
El principio jurídico ‘in dubio pro reo’ (ante la duda, a favor del reo) también ha servido de base para la absolución de Daniel M., el otro ertzaina procesado para el que el fiscal pedía otros 4 años de presión. En las conversaciones intervenidas, el ertzaina «da a entender» que está «al tanto» de algunas de las actividades del grupo. Además, en el juicio reconoció que fue él quien «presentó y puso en contacto» a los dos principales condenados. Pero el tribunal entiende que de sus «lacónicas» y «breves» respuestas en las llamadas telefónicas «no permiten relacionarle» con «hechos concretos», por lo que decide absolverle.
Simulación del robo
Los jueces, sin embargo, sí han visto pruebas suficientes para condenar a los otros tres imputados de la trama. Según detalla la sentencia, Pedro Luis U. y Eneko E. empezaron a preparar una «simulación de robo» en la nave de un polígono industrial de Arrigorriaga -de la que Eneko E. tenía la llave- para apoderarse de la droga. Las sustancias pasaron después a manos del ertzaina, que con la ayuda de su pareja, -Flavia V., de origen brasileño-, escondió el ‘speed’ en la cocina del club Ladies que regentaba.
Fue en ese local de alterne donde la Guardia Civil se incautó de los casi 100 kilos de droga. La denominada operación ‘Alepo’ llevó también al hallazgo de armas, dinero y se saldó con la detención de todos los implicados de una trama que, según se explicó entonces, abastecía de sustancias estupefacientes a intermediarios de Cantabria y Bizkaia.
Durante el juicio, Eneko E. aseguró que se vio obligado a participar por las «amenazas» del ertzaina. Según declaró, sentía «miedo» del agente desde que, en un incidente anterior, se vio envuelto con él en un «tiroteo» en el que resultó «herido». Los jueces rechazan el alegato y aseguran que los dos ‘narcos’ mantenían una «relación de camadería». Frente a la justificación de la novia del ertzaina, que aseguró que no estaba al tanto de las actividades de su pareja, el tribunal explica que participó de forma activa escondiendo la droga en la nevera.
Por eso, y aunque aplica el atenuante de «dilaciones indebidas» por los retrasos en el proceso, la Audiencia condena a Eneko E. y a Flavia V. a 6 años de cárcel y a pagar una multa de dos millones. A Pedro Luis U. le impone un año más de prisión porque entiende que su condición de agente en activo incrementa «considerablemente la gravedad de su conducta». El policía estaba destinado en la Unidad de Investigación Criminal.
Consultados al respecto, fuentes del Departamento de Interior aseguraron ayer que, en el caso del ertzaina que ha sido absuelto, agotarán «todas las posibilidades» para reabrir el expediente disciplinario con el propósito de mantenerle alejado del Cuerpo.
Imputados once policías locales por cobro ilegal de tasas municipales
SEVILLA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) –
El Juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla ha imputado por un presunto delito de cohecho a once agentes de la Policía Local de la capital hispalense por su presunta participación en una trama dedicada al supuesto cobro ilegal de tasas municipales, según han informado a Europa Press fuentes judiciales, quienes también han precisado que la juez instructora ha imputado al responsable de una empresa presuntamente implicada en el fraude.
No obstante, otras fuentes del caso consultadas por Europa Press han indicado que los agentes imputados serían diez, todos ellos de la Unidad de Motoristas, a los que habría que sumar a dos personas ajenas al cuerpo policial, todos los cuales han sido citados a declarar como imputados a comienzos del próximo mes de febrero de 2012, aunque las fuentes no han podido precisar el día.
En este sentido, las mismas fuentes han explicado que los policías locales imputados, fuera de su horario de trabajo y ataviados con el uniforme policial, habrían realizado trabajos de escolta de traslado de mercancías o servicios relacionados con la grúa, unos trabajos por los que el Ayuntamiento cobra determinadas tasas pero que ellos supuestamente se apropiaron, sin dar cuenta así al Consistorio municipal.
Por este servicio de escolta, los agentes de la Policía Local imputados percibían unas cantidades que oscilaban entre los 20 y los 80 euros, según el servicio que se realizaba, los vehículos y los agentes que participaban, han apuntado las fuentes consultadas, que han precisado que la investigación en torno a este asunto comenzó hace ya dos años, en torno al mes de septiembre de 2009, e incluso se creó una unidad específica dentro del Cuerpo para investigar el caso.
De este modo, la investigación comenzó después de que un agente de la Policía Local fuera detenido por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional dentro de una operación contra el tráfico de sustancias estupefacientes que se saldó con la intervención de 1.500 kilos de hachís. Los agentes de la Udyco registraron la taquilla del agente detenido y, a raíz de estos registros y de una serie de escuchas telefónicas, la juez decidió investigar este presunto delito de cohecho en una pieza separada.
Ver en esta misma semana: El Ayuntamiento de Valdemorillo destituye al jefe de la Policía Local por sus presuntas actividades delictivas