Presentadas como avances y mejoras en la situación de los presos, las macrocárceles son, sin embargo, rechazadas por los colectivos que trabajan con ellos.
Alvar Chalmeta / Madrid
La asociación Salhaketa, ‘denuncia’ en euskera, nació en 1982 para apoyar y reivindicar “la dignidad de todas las personas presas, y denunciar las condiciones de vida en las cárceles”. César Manzano, profesor de la UPV, especialista en sociología del delito es, quizá, una de sus voces más conocidas.
DIAGONAL.: ¿Por qué criticáis las macrocárceles?
CÉSAR MANZANO: El modelo de la macrocárcel es una importación de los modelos penitenciarios impulsados hace ya varias décadas por las empresas multinacionales, fundamentalmente con sede en EEUU. Básicamente porque es una forma de construcción barata, es un sistema modular de cárcel que es muy versátil, y porque es un modelo que tiene muchas ventajas en cuanto a lo que al propio negocio de las macrocárceles se refiere: el mantenimiento de estas infraestructuras es caro. Quien construye estas macroprisiones termina, muchas veces, gestionando cuestiones relacionadas con su mantenimiento, su reparación, abastecimiento, etc. Por ejemplo la macrocárcel de Zaballa, la que han construido en Nanclares de la Oca (Araba), ha costado 116 millones de euros pero se calcula que cuesta entre 30 y 40 millones mantenerla anualmente. Estos macrocentros representan un negocio importante para la industria penal.
Llamamos macrocárcel a aquella cuya capacidad supera las 400 o 500 personas presas, cuando no hay inmediatez o intermediación en las relaciones, cuando los funcionarios no tienen por qué tener relación personal, ya que todo se realiza con sistemas de vigilancia electrónica, no hay conocimiento ni contacto. El tamaño de estas prisiones hace, lógicamente, que se le dé aún mayor importancia si cabe –respecto de cárceles menores– a los criterios de vigilancia y contención sobre cualquier otro criterio de relación humana, por no mencionar ya criterios de reinserción o rehabilitación o cosas similares. Se deshumanizan las situaciones porque no hay relación cara a cara entre los funcionarios, las personas presas y sus familiares.
El que estas cárceles estén pensadas para reforzar la vigilancia y la contención tiene que ver con que, muchas veces, atentan contra derechos fundamentales. Tienen algunas instalaciones –que si una piscina terapéutica, que si un taller…– que son lo que las industrias mediáticas suelen reflejan al describir estas macrocárceles, olvidando que son espacios a los que, por cierto, los presos acceden de manera muy circunstancial, no son lugares de uso habitual. Lo que no enseñan es que, por ejemplo, en las celdas hay dos presos que duermen en literas, en un espacio muy reducido, cuando la Ley Penitenciaria dice que tiene que haber una unidad habitacional por preso.
D.: Has hablado de la industria del control del delito, ¿a qué te refieres?
C.M.: La industria de control del delito es la que se está encargando progresivamente de sustituir el Estado social por el Estado penal. Básicamente estamos asistiendo a una involución que viene de las políticas de ley y orden de EEUU, que se fundamenta en la idea de la tolerancia cero con la pobreza, con la disidencia, con la extranjería y tolerancia total con el delito, con el delito económico, con los delitos que atentan contra los intereses generales. Se generaliza el castigo penal a todo el cuerpo social, se trata de punir cualquier tipo de acción –real o potencial– en los sujetos que formamos parte de la sociedad. Claro, esta industria es un sistema global, no solo es la cárcel, o el sistema policial o el sistema de justicia criminal. Es la generalización de la concepción a todos los ámbitos, el vecindario, la familia, la escuela, etc. según la cual los conflictos tienen que ser castigados, tienen que ser penalizados. Esta industria opera de una manera muy sencilla: incremento de la inversión pública en gastos que tienen que ver con la penalización, con operarios judiciales (jueces, fiscales, abogados, etc.), policiales, y luego todo ese cuerpo que hay paralelo de psiquiatras, médicos, asistentes sociales, que trabajan en ámbitos más blandos del control y en medidas que se llaman “complementarias”.
La cárcel es el ejemplo más recurrente: en el Estado español tenemos un total –sumando las de Catalunya– de 75.000 personas presas, casi 30.000 funcionarios de prisiones que cobran por mantener a esas personas presas, más de diez mil vigilantes de los cuerpos de seguridad del Estado. Tenemos toda una serie de empresas de abastecimiento, mantenimiento, reparación, etc. Así que de una persona presa vive muchísima gente. Y esto sólo en lo que se refiere a la industria carcelaria. La industria penal es mucho más amplia.
D.: ¿El Plan de Amortización de Centros Penitenciarios ha significado alguna mejora para los presos?
C.M.: Actualmente hay 58.000 plazas carcelarias reales para 75.000 presos, el número de plazas está muy por debajo del número de personas presas, pero seguirá igual por mucho que se construyan macrocárceles. La población carcelaria ha aumentado, en estos últimos años, a un ritmo de 4.000 a 5.000 personas en prisión al año. No sólo porque hayan entrado más personas y aumentado los sujetos criminalizados, sino porque se han alargado las condenas en muchos delitos, y se han reducido los beneficios penitenciarios. El sistema penitenciario está siempre colapsado y siempre se justifica la necesidad de la construcción de más prisiones. Este sistema carcelario, como todo negocio, crece en función de la oferta y la demanda: cuantas más plazas carcelarias haya, más personas habrá en prisión. No es al revés.
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