El aparato judicial es una institución no-popular que administra una justicia y realiza un derecho que son asimismo no-populares en sus orígenes y fundamentos. Por ello aquel es ilegítimo por partida doble. Su significación real es suplantar al pueblo en el ejercicio de las funciones judiciales y operar como componente decisivo del sistema represivo, contribuyendo, en íntima conexión con el poder legislativo y el aparato policial, a imponer coercitivamente al pueblo los designios del Estado y de sus entes
generados.
(…)
Examinemos otra formulación contenida en la ley orgánica del Poder Judicial, texto normativo fundamental que rige el quehacer de éste. En su “Exposición de motivos”, se lee que “los poderes públicos (sic) están obligados a promover las condiciones para que la libertad y la igualdad
del individuo y de los grupos sean reales y efectivas” lo que “precisa de un
Poder Judicial” moderno y evolucionado. De creer tan emotivas palabras,
“los poderes públicos”; esto es, el Estado, son una organización altruista y
benefactora que existe nada más que para servir a la ciudadanía. Admitámoslo
por un instante, pero ¿por qué no puede servirse la ciudadanía a si
misma?, ¿es incapaz, es menor de edad, es étnicamente inferior? Produce
sorpresa que en un orden en el que cada organismo, cada facción, cada
grupo y cada individuo está forzado a ir ciegamente tras su bien particular,
contendiendo sin tregua para maximizarlo, sea el Estado la excepción,
más aún debido a que es el principal beneficiario de ese estado de cosas. Y
si lo es, ¿por qué no permite a la sociedad construir por si misma su propio
bien, renunciando a toda forma de paternalismo, pues la realización
misma, más que las ventajas, supuestas o reales, contenidas en lo realizado,
es la expresión superior del bien?
Si se arguye que una sociedad moderna
es compleja, y que la complejidad implica división de funciones, se ha de
inquirir si ello tiene límites o es ilimitado, si permite la homogeneidad
política del cuerpo social o si divide a éste en gobernantes y gobernados.
En este segundo caso, la teoría de la complejidad es una justificación del
régimen de dictadura, con el Estado como dictador corporativo, y con el bien del Estado en funciones de no-válido elemento motor, finalidad
que es divergente e incluso antagónica con el bien de la sociedad, y con la
democracia como forma de gobierno.
(…)
El documento legal susodicho, la ley orgánica del Poder Judicial, recopila
los tópicos más manidos sobre estas materias. Expone que “el Estado
de Derecho proclamado en la Constitución alcanza, como organización
regida por la ley que expresa la voluntad popular y como sistema en el que
el gobierno de los hombres es sustituido por el imperio de la ley, la máxima
potencialidad”. Pero el Estado de derecho equivale al derecho del Estado,
que niega no solo el derecho del pueblo sino la posibilidad de que el
pueblo formule su propias normas imperiosas de convivencia en la forma
de textos legales. El que el Estado quede sometido a su propia ley, ¿qué tiene
de bueno para el pueblo, dado que eso hace mas poderoso al Estado?, máxime cuando eso no es ni siquiera cierto, pues la maraña legal existente
permite a aquél hacer en cada momento lo que le venga en gana y, caso de
que encuentre dificultades, siempre acude al recurso de modificar la norma
según sus intereses, lo que no puede hacer el pueblo. La ley del Estado
no expresa la voluntad popular sino que la niega al imponer la voluntad
estatal. Finalmente, el imperio de la ley es el imperio de quienes hacen la
ley, una minoría hambrienta de poder e hirviente de codicia.
(…)
La fe de la izquierda en la legalidad como remedio
La temible fe en que todos los males sociales pueden resolverse, o al
menos paliarse de modo significativo, con las leyes apropiadas es central
en la cosmovisión de la izquierda y de los movimientos anejos, en particular
el feminismo y el ecologismo. De su fijación legicentrista surge cada
año un sinnúmero de normas jurídicas diversas y de plural origen, que
está contribuyendo de manera significativa al desenvolvimiento del Estado
judicial y policial de la contemporaneidad, bajo el que el sujeto obra
siempre por coerción externa y nunca por convicción interior, lo que en si
mismo es una catástrofe civilizacional. El estatismo y autoritarismo irremediables
de los partidos de izquierda y los movimientos agregados están
llevando a sus últimas consecuencias la desustanciación y reificación extremas
del desventurado “ciudadano” de las sociedades modernas, sin por
ello resolver los problemas que se desea atajar, buena parte de los cuales
ha conocido incluso drásticos agravamientos a causa de la promulgación
de determinadas normas, lo que es comprensible, pues la represión legal,
el uso de la fuerza de los cuerpos armados del Estado y la imposición de
sanciones, mas que el remedio son el problema.
Texto tomado del libro de Félix Rodrigo Mora “La Democracia y el Triunfo del Estado: Esbozo de una revolución democrática, axiológica y civilizadora” (Ed. Manuscritos).