La Consejería de Justicia culpa a Interior de no haber firmado el convenio.
DIARIO CORDOBA (MARIANO ROSA).- Los recortes en prestaciones públicas parecen no tener fin y ahora le ha tocado el turno a la justicia, ámbito en el que peligra el Servicio de Orientación y Asesoría Jurídica Penitenciaria (Soajp), que prestan los colegios de abogados a los internos de las cárceles. Esta vez, la cuestión es a cuenta de la Ley de Estabilidad Prespuestaria. La Consejería de Gobernación y Justicia ha enviado un escrito en el que ordena a los abogados que suspendan esta asistencia, si bien no lo achacan a recortes, sino a un trámite burocrático.
Este servicio se mantiene gracias a un convenio entre la Consejería de Gobernación y Justicia –que aportó en el anterior 503.700 euros–, la dirección general de Instituciones Penitenciarias –dependiente del Ministerio del Interior– y el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (Cadeca). Instituciones Penitenciarias no ha firmado el acuerdo alegando que deben observarse una serie de requisitos que impuso en el 2010 la ministra socialista Elena Salgado en relación al cumplimiento del objetivo de déficit.
Fuentes de la Administración andaluza han asegurado a este diario que a finales del 2011 se envió a Interior una carta recordando que el convenio debía renovarse y ante la falta de respuesta volvió a insistir el 23 de enero y el 8 de febrero del 2012 en la firma del acuerdo. Instituciones Penitenciarias apunta por su lado que «se envió tarde, porque esas fechas corresponden al convenio del 2012 y no del año anterior», por lo que «se salta los preceptos que marca la ley» en cuanto a plazos. El acuerdo necesita el visto bueno del Ministerio de Hacienda, de la comisión de Política Territorial y de la secretaría técnica de Interior «que son preceptivos y vinculantes».
En Córdoba, el Soajp, formado por unos 160 letrados, efectúa dos turnos de guardia semanales que atienden todas las demandas recibidas desde el centro penitenciario de Alcolea.
Desde el Ministerio de Interior se asegura que «no habrá un vacío en la atención a los internos, ya que los centros penitenciarios cuentan con un cuerpo de juristas».
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El Colegio de Abogados de Huelva suspende el servicio jurídico penitenciario
La demora en la renovación del acuerdo sobre la prestación hace reaccionar a los letrados, que temen que los trámites se eternicen y sus actuaciones no sean retribuidas.
HUELVA INFORMACION (RAQUEL RENDÓN).- El Colegio de Abogados de Huelva suspendió en la jornada del martes el Servicio de Orientación y Asesoramiento Jurídico Penitenciario (Soajp) siguiendo las instrucciones del propio Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y por recomendación de la Dirección General de Oficina Judicial y Cooperación de la Junta de Andalucía, institución encargada de sufragar la prestación.
El detonante de esta situación es la demora de la rúbrica del convenio a tres bandas que permite poner en marcha el servicio, cuyos firmantes son la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (dependiente del Ministerio de Interior), la Consejería de Gobernación y Justicia y el propio Consejo de Colegios de Abogados andaluces.
Fuentes de la Administración Autonómica explicaron ayer a este diario que el trío institucional acordó el 12 de marzo de 2008 poner en marcha el servicio de asesoramiento jurídico a las personas que se encuentren internas en los centros penitenciarios de Andalucía, un pacto que se renueva anualmente a través de una addenda. Según las fuentes autonómicas consultadas por este periódico, en octubre la Dirección General de Oficina Judicial y Cooperación ya «envió toda la documentación necesaria» para la actualización del acuerdo al Gobierno central. El 19 de diciembre aún no «había respuesta» por lo que la Junta de Andalucía culminó la remisión de todos los documentos pertinentes y se dispuso a esperar.
Este año ha echado a andar, pues, sin que el Ejecutivo se hubiera pronunciado, según la Junta. El pasado 23 de enero, la directora general de Oficina Judicial, Ana Moniz, remitió un oficio a Instituciones Penitenciarias en el que solicitaba información acerca de la tramitación de la firma de la addenda. La respuesta llegó el 8 de febrero y anunciaba a la Junta que «la renovación del acuerdo está pendiente de los preceptivos informes del Ministerio de Hacienda y Administración Pública, la Abogacía del Estado, la Secretaría General Técnica y la Comisión Delegada de Política Territorial».
En definitiva, la Consejería de Gobernación «no puede actuar hasta que el Ministerio no dé el visto bueno», ya que estaría incurriendo en una irregularidad al no contar con uno de los vértices del triángulo para reactivar el acuerdo.
La versión del Ejecutivo de Rajoy es bien distinta. Instituciones Penitenciarias explicó ayer a este rotativo que «nos estamos refiriendo al convenio de 2011, cuya solicitud de renovación se hace normalmente a principios de ese año; sin embargo, la Junta de Andalucía nos lo solicitó el 21 de noviembre pasado». Además, según las fuentes consultadas, «casi a un mes de que finalizara el año envió los documentos directamente al ministro del Interior saliente, Antonio Camacho, saltándose todos los pasos legales para la renovación de convenios que supongan un gasto para cualquier administración pública».
Es decir, que el desaguisado no se arreglará hasta que no estén listos los ya referidos informes preceptivos y vinculantes, fundamentales para la actualización del acuerdo, aclaró Instituciones Penitenciarias, «y no sabemos cuánto puede tardar».
El decano del Colegio de Abogados de Huelva, Juan José Domínguez, enviaba el martes una misiva a los letrados -carta a la que ha tenido acceso Huelva Información- para anunciarles que, aunque «en principio, parece que se trata de una suspensión temporal (…), en este momento deben suspender los servicios». Domínguez advirtió además a los juristas que «los aludidos trámites podrían demorarse bastante y es necesario evitar que se devenguen actuaciones que no vayan a ser retribuidas».
El responsable del Servicio de Orientación Jurídica del Colegio de Abogados de Huelva, Fernando Rodríguez Verdugo, apuntó que «debe ser una cuestión burocrática que igual se solventa pronto».
En la actualidad prestan asistencia jurídica penitenciaria en la provincia de Huelva 75 letrados. A lo largo de 2011 se beneficiaron de este servicio 385 internos de la cárcel de La Ribera y en lo que va de 2012, 110. Durante el primer trimestre de este año ya se han prestado 51 servicios (en cada uno de ellos un abogado puede atender a entre dos y cuatro presos) de los 200 previstos para el ejercicio.
A través del Soajp, los reclusos reciben orientación sobre temas como los permisos, la libertad condicional, procedimiento sancionador o trabajo penitenciario. También sobre cuestiones relativas al cumplimiento de las penas e incluso la redacción de solicitudes y recursos, entre otros muchos asuntos. En definitiva, el letrado hace de enlace entre el preso y el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.
Los abogados consideran que esta prestación, que no es obligatoria por Ley y no existe en todas las comunidades autónomas, puede ser valorada como prescindible y estar abocada a desaparecer.
Instituciones Penitenciarias subrayó que «los internos no van a quedar desasistidos porque tenemos un cuerpo propio de juristas en las cárceles, por lo que el servicio andaluz es complementario al nuestro».
El Consejo Andaluz de Colegios de Abogados está analizando las medidas a adoptar y la posibilidad de celebrar una reunión urgente, sea de la Comisión Permanente o monográfica sobre la materia, para abordar el asunto.
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Los abogados de Granada suspenden el asesoramiento jurídico a presos
El Colegio de letrados granadino asegura que toma la decisión por «solicitud expresa» de la Junta, que les conminó a dejar un servicio que no iban a cobrar.
GRANADA HOY (D.B.F.).- El Colegio de Abogados de Granada tomó ayer la decisión de suspender «con efecto inmediato» el Servicio de Asesoramiento Jurídico Penitenciario que se venía prestando diariamente a los reclusos de la prisión provincial de Albolote. Según explicaron fuentes colegiales, la decisión viene motivada por una «solicitud expresa de la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía» a raíz de no firmar un convenio con el Ministerio del Interior para tal fin y, por tanto, ante la posiblidad de que esas prestaciones no sean abonadas.
El servicio se prestaba a consecuencia de la firma de un convenio tripartito suscrito entre la Dirección General de Instituciones Penitenciarias Interior, la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta y el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados. Este convenio «fue prorrogado indefinidamente el 28 de octubre de 2010 y requería la firma de una adenda que no se ha realizado, por razones que se imputan recíprocamente el Ministerio y la Junta de Andalucía». A finales del año pasado, ese documento debería haberse firmado, algo que no ha ocurrido y que, según las fuentes consultadas, es bastante poco probable que ocurra a corto plazo.
Por tanto, desde ayer deja de prestarse este servicio, al que están adscritos 272 letrados, todos ellos pertenecientes al Colegio de Abogados de Granada, que en 2011 prestaron asistencia a una media de tres internos diarios, lo que supuso un total de 651 asistencias a reos en Albolote.
A juicio del Colegio de Abogados, «resulta sorprendente que sea ahora la propia Junta de Andalucía la que solicite la suspensión del servicio por razones económicas y administrativas teniendo en cuenta que, en su día, ante la suspensión del Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita» por parte de este organismo «denunció al decano del Colegio ante la Fiscalía Provincial de Granada alegando que podrían estarse conculcando derechos fundamentales de los justiciables».
Por su parte, tras conocerse la decisión del Colegio de Abogados de Granada -que, por otra parte, es similar a la tomada a comienzos de esta misma semana por otros colegios de letrados andaluces como Cádiz o Huelva-, la Consejería de Gobernación y Justicia quiso aclarar que ha decidido «parar» el servicio de asesoramiento jurídico penitenciario que se venía prestando diariamente a los internos porque «teme» que el Ministerio de Hacienda no va a firmar la adenda que prorroga el convenio a tres bandas.
Según explicó a Europa Press el secretario general de Justicia de la Junta, Pedro Izquierdo, el convenio contiene adenda que se prorrogan todos los años, en las que se cuantifican el esfuerzo presupuestario que hace la Junta para desarrollar este servicio. La Consejería de Gobernación y Justicia, en el mes de diciembre, tenía redactada la adenda y firmada por el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y por la Administración andaluza, por lo que se remitió al Ministerio del Interior en diciembre, coincidiendo con el cambio político en el Gobierno.
Por todo ello, «estamos esperando que el Ministerio del Interior firme la adenda», aunque aún no lo ha hecho alegando que según la Ley de Estabilidad Presupuestaria son «preceptivos» informes del Ministerio de Hacienda, de la Abogacía del Estado, de la secretaría técnica de Interior y de la comisión delegada de Política Territorial.
«Desde diciembre estamos llamando a Instituciones Penitenciarias, quién valora el servicio de asesoramiento, para ver qué pasa con el convenio, pues hasta la fecha se ha ido prestando el servicio en la confianza de que posteriormente se cubriría con carácter retroactivo».
De otro lado, Izquierdo indicó que durante las últimas comisiones de seguimiento han demandando que la adenda se firme para seguir prestando el servicio. Ante esta situación, hace cuestión de varios días la Junta fue informada por Interior que estaban a la espera de un nuevo informe de Hacienda.
Ante todo esto, el secretario general de Justicia señaló que, «sobre esta base, hemos decidido que no podemos seguir prestando el servicio porque no tenemos la cobertura del convenio que la ampara». Además, recientemente se conocieron unas declaraciones desde Instituciones Penitenciarias que hicieron «saltar las alarmas», pues afirmaba que el servicio de asesoramiento era «prescindible» porque contaban «con un cuerpo de letrado que puede prestar asesoramiento a los internos».
A la vista de esto, «hemos decidido parar porque no hay garantías de que se prorrogue el convenio», afirmó Izquierdo, quien manifestó que la Junta «teme» que la adenda no se va a firmar.
Para Izquierdo es «sorprendente» que, ante este cese del servicio, colegios de abogados como los de Granada «digan que nosotros -Junta- suspendemos el servicio». «No suspendemos el servicio, sino que no lo podemos prestar».
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La Junta de Andalucía afirma que «para» el servicio de asesoramiento jurídico penitenciario porque «el Gobierno no prorroga el convenio»
21 de abril de 2012
TERRA.- La Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta ha aclarado este viernes que ha decidido «parar» el servicio de asesoramiento jurídico penitenciario que se venía prestando diariamente a los internos en los centros penitenciarios de las ocho provincias andaluzas porque «teme» que el Ministerio de Hacienda no va a firmar la adenda que prorroga el convenio entre la Dirección General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, la Junta y el Consejo Andaluz de Abogados.
Según ha explicado a Europa Press el secretario general de Justicia de la Junta, Pedro Izquierdo, el convenio contiene adenda que se prorrogan todos los años, en las que se cuantifican el esfuerzo presupuestario que hace la Junta para desarrollar este servicio. La Consejería de Gobernación y Justicia, en el mes de diciembre, tenía redactada la adenda y firmada por el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y por la Administración andaluza, por lo que se remitió al Ministerio del Interior en diciembre, coincidiendo con el cambio político en el Gobierno.
Por todo ello, ‘estamos esperando que el Ministerio del Interior firme la adenda’, aunque aún no lo ha hecho alegando que según la Ley de Estabilidad Presupuestaria son ‘preceptivos’ informes del Ministerio de Hacienda, de la Abogacía del Estado, de la secretaría técnica de Interior y de la comisión delegada de Política Territorial.
‘Desde diciembre estamos llamando a Instituciones Penitenciarias, quién valora el servicio de asesoramiento, para ver qué pasa con el convenio, pues hasta la fecha se ha ido prestando el servicio en la confianza de que posteriormente se cubriría con carácter retroactivo’.
De otro lado, Izquierdo ha indicado que durante las últimas comisiones de seguimiento han demandando que la adenda se firme para seguir prestando el servicio. Ante esta situación, hace cuestión de varios días la Junta fue informada por el Ministerio del Interior que estaban a la espera de un nuevo informe de Hacienda, además del de Política Territorial.
Ante todo esto, el secretario general de Justicia ha señalado que, ‘sobre esta base, hemos decidido que no podemos seguir prestando el servicio porque no tenemos la cobertura del convenio que la ampara’. Además, según ha añadido, recientemente se conocieron unas declaraciones desde Instituciones Penitenciarias que hicieron ‘saltar las alarmas’, pues afirmaba que el servicio de asesoramiento era ‘prescindible’ porque contaban ‘con un cuerpo de letrado que puede prestar asesoramiento a los internos’.
A la vista de esto, ‘hemos decidido parar porque no hay garantías de que se prorrogue el convenio’, ha afirmado Izquierdo, quien ha manifestado que la Junta ‘teme’ que la adenda no se va a firmar.
‘La Junta hace el esfuerzo económico para prestar el servicio, pero el problema radica que no se puede desarrollar si no existe la autorización de Instituciones Penitenciarias’, ha aclarado Izquierdo, para quien esta decisión de no firmar la adenda por parte del Ministerio se enmarca dentro de la política del Gobierno del PP de ‘no autorizar gastos a las comunidades que no cumplan los requisitos de la Ley de Estabilidad’.
Para Izquierdo es ‘sorprendente’ que, ante este cese del servicio, colegios de abogados como los de Granada o Córdoba ‘digan que nosotros –Junta– suspendemos el servicio’. ‘No suspendemos el servicio, sino que no lo podemos prestar’.
Ha reiterado que la Administración andaluza alberga ‘sospechas’ de que finalmente no se prorrogue el convenio por parte del Ministerio de Hacienda, un convenio que ‘viene arrastrando desde hace años y con buen predicamento desde Instituciones Penitenciarias, porque supone un elemento pacificador y contribuye a la convivencia de los centros penitenciarios’.
Por último, el secretario general de Justicia de la Junta ha resaltado el ‘esfuerzo’ económico que hace el Gobierno andaluz para mantener la justicia ‘gratuita’.
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El presidente del CGAE urge al Gobierno el restablecimiento del Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria en Andalucía
Carlos Carnicer considera que esta medida implica una restricción de los derechos de los internos en centros penitenciarios andaluces. El servicio supone un gasto de menos de 400.000 € para más de 16.000 reclusos.
LAWYERPRESS.- El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, ha mostrado al Gobierno la sorpresa y preocupación del organismo que preside por la suspensión del Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria en Andalucía.
Este servicio, que venía prestándose desde 2008, gracias al convenio suscrito entre el Ministerio del Interior, la Junta de Andalucía y el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, se ha suspendido recientemente al estar pendiente la renovación del acuerdo por parte del Ministerio del Interior.
La asistencia que los abogados de los colegios andaluces prestan a los más de 16.000 internos de centros penitenciarios de Andalucía supone un coste de 397.600 euros.
El presidente del CGAE se ha dirigido por carta a los ministros de Interior, Jorge Fernández Díaz, y Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para que tengan en cuenta “la restricción de derechos que supone la finalización de esta asistencia” y para que valoren “la conveniencia de firmar de nuevo el convenio a fin de que pueda reanudarse urgentemente el servicio”.
Carnicer considera que esta asistencia es de vital importancia tanto para el normal funcionamiento de la vida dentro de los centros penitenciarios como para el ejercicio de los derechos de las personas que se encuentran en ellos.
“Las personas privadas de libertad están privadas de ese derecho, pero es absolutamente necesario para ellas disponer de un Servicio de Orientación Jurídica a fin de consultar y tomar decisiones relativas a todos los demás derechos de los que no han sido privados (derecho de familia, derechos económicos, etc)”, afirma.
El CGAE estima que esta situación pone sobre la mesa la importancia de que se establezca y se regule el derecho a este fundamental servicio dentro del marco normativo de la Asistencia Jurídica Gratuita.
http://www.derechopenitenciario.com/noticias/noticia.asp?id=4429