Pues no, al igual que los trabajadores de la empresa pública dedicada a la fabricación de barcos de guerra – Navantia-, los y las trabajadoras de la base conjunta con EEUU de Morón se están dedicando a realizar movilizaciones y no son para pedir la transformación de su actividad en civil. Solo protestan porque con la crisis y tal no está demasiado clara la continuidad de sus puestos y condiciones laborales. Y no es que no nos parezca digna de empatía la preocupación por ganarse el sustento, pero lo que pasa es que cuando ese sustento se gana fabricando armas o manteniendo una instalación militar de primera importancia para el desarrollo de guerras crueles y criminales, pues qué quieren que les digamos… Nota de Tortuga.
Los trabajadores españoles de la base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla), cuyo uso comparten las fuerzas aéreas de España y Estados Unidos, inician este martes y hasta el 21 de junio, una huelga «intermitente» ante el bloqueo que sufre la negociación del nuevo convenio colectivo tras «18 meses de negociaciones infructuosas».
Morón de la Frontera (Sevilla) – Ep
Los 460 trabajadores acusan a ‘Vinnell, Brown and Root’, gestora de los servicios civiles de la base, de una «política de externalizaciones» y de ocasionar una «falta de personal» a través del expediente de regulación de empleo (ERE) promovido a finales de 2010.
Según señalan los trabajadores en una nota, las propuestas de ‘Vinnell, Brown and Root’ para el nuevo convenio colectivo «socavan derechos fundamentales de los trabajadores españoles».
A su vez, «una gran variedad de trabajos que siempre han sido realizados por los empleados de ‘VBR’ están siendo subcontratados para evitar reconocer que el ERE de 2010 se realizó sin tener en cuenta la verdadera carga de trabajo necesaria para el normal desarrollo de las tareas de mantenimiento».
Así, trabajos de jardinería, limpiezas y mantenimiento de instalaciones, así como del sistema de hidrantes de la pista están siendo externalizados. Entre esa «profunda» revisión del convenio colectivo, se encuentra la intención de «derribar muchos de los derechos adquiridos por los trabajadores españoles en los últimos cuatro años».
La Razón
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