Prorrogan a Ortiz una contrata pese a competir una oferta mejor
El pleno prevé adjudicar hoy la limpieza de las dependencias de la entidad provincial y del MARQ por más de ocho millones.
C. PASCUAL
El pleno de la Diputación de Alicante prevé adjudicar hoy el contrato de limpieza de las dependencias de la entidad provincial y del Museo Arqueológico Provincial (MARQ) a Enrique Ortiz, tras la oferta presentada por su empresa -grupo Cívica-, que supera los ocho millones de euros por la prestación del servicio durante dos años (ampliable cuatro más).
Entre las ofertas registradas, el grupo socialista denuncia que la presentada por Becsa y La Generala obtuvo mejor puntuación, según los parámetros establecidos en el concurso público. «No entendemos que la comisión haya descartado la oferta con mejor puntuación. Y aún más llamativos nos resultan los argumentos que nos han dado, ya que dicen que Becsa y La Generala presentaron, desde una perspectiva económica, una ‘oferta temeraria’, cuando sabemos que no es así», señaló ayer el portavoz socialista en la Diputación, Alejandro Soler, quien además apuntó que su grupo hoy se abstendrá o se posicionará en contra en la votación para la adjudicación de la citada contrata.
El diputado socialista también subrayó que la comisión encargada de la evaluación argumenta que rechazó la propuesta mejor puntuada por ser «económicamente temeraria», pese a que el valor de ambas ofertas supera los ocho millones de euros. «No es un argumento válido, es una excusa injustificable porque la diferencia económica es escasa», dijo Soler.
El grupo socialista solicitó al gobierno provincial las alegaciones expuestas en audiencia por la empresa que consiguió mejor puntuación que Cívica, sin embargo, según denunció ayer el diputado Soler, «todavía no se ha remitido la información requerida». «Da la impresión de que tanto el Ayuntamiento de Alicante como la Diputación hacen todo lo posible para que Enrique Ortiz -propietario de Cívica- obtenga las máximas contratas posibles. Tampoco se entiende que la adjudicación vaya a ser por un total de ocho millones, mientras hasta la fecha se han pagado diez por el mismo servicio», concluyó Soler.
Rama del caso Brugal sobre el PGOU
El juez pide imputar a Castedo y Alperi por amañar el PGOU de Alicante a favor de Ortiz
Manrique Tejada entrega a los abogados la exposición razonada que enviará al TSJCV por el aforamiento de la alcaldesa y su predecesor, a quienes pide que se impute por tráfico de influencias, cohecho y revelación de secretos en esta pieza separada del caso Brugal en la que el constructor Enrique Ortiz es uno de los imputados.
M. GALLEGO / S. LLINARES / EFE
El juez que instruye la rama del caso Brugal sobre supuestas ilegalidades en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante ha enviado la causa al Tribunal Superior de Justicia valenciano y ha pedido la imputación de la alcaldesa, Sonia Castedo, y su antecesor, Luis Díaz Alperi, ambos diputados.
Según informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el juez ve en Castedo y Alperi, aforados en su condición de parlamentarios autonómicos (PP), indicios de los supuestos delitos de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho.
En esta pieza separada del caso Brugal se investigaban supuestos amaños en el Plan General de Alicante a favor del constructor y promotor Enrique Ortiz, que es uno de los imputados.
La exposición razonada del juez especifica que «teniendo en cuenta la jurisprudencia y legislación vigente citada, a la vista de que concurren indicios de la posible comisión de hechos delictivos, y a los efectos de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana pueda evaluar su competencia para conocer del procedimiento al concurrir, a juicio de este instructor, la necesidad de imputación formal de dos representantes legislativos de la Comunidad Valenciana, Dª. Sonia Castedo Ramos y D. Luis Bernardo Díaz Alperi, es por lo que se eleva la presente exposición razonada, estimando que este Juzgado no es legalmente competente para concluir la instrucción de la causa».
Este mismo texto es el que se remitirá a Valencia, a la sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia donde, de admitirse la causa, como todo apunta a que se hará, proseguirá la instrucción dirigida a partir de ese momento por uno de sus miembros: la componen la presidenta, Pilar de la Oliva, y cuatro magistrados más. De ahí habría que excluir a José Ceres, inmerso ahora en la instrucción de la presunta financiación ilegal del PP.
Lo que sí parece probable es que una de las primeras actuaciones que tendrá que realizar el instructor será la citación a declarar de Alperi y Castedo en calidad de imputados.
El fiscal Felipe Briones ha mantenido los mismos cargos tanto contra la regidora como contra Alperi que en su escrito inicial con el que se dio origen a este procedimiento. El acusador público considera que ambos representantes públicos son responsables de los delitos de revelación de secretos, tráfico de influencias y cohecho por facilitar datos secretos del planeamiento urbano de Alicante a empresario Enrique Ortiz a cambio de dádivas.
El juez instructor, Manrique Tejada, titular del Juzgado de Instrucción 5 de Alicante, desgrana en su exposición razonada las diligencias previas seguidas contra otras 15 personas más, entre las que figuran el arquitecto del proyecto de revisión del PGOU, Jesús Quesada; el abogado y hermano de la alcaldesa, José Luis Castedo, varios empresarios y dos exdirectores generales adjuntos de Bancaja.
Sobre este grupo de personas el juez ve indicios de delito relacionados con el aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad o funcionario, cohecho, tráfico de influencias, asesoramiento ilegal o revelación de información privilegiada por funcionario.
Aunque el juez entiende que la actual fase de la instrucción «no permite la concreción del tipo de cohecho», apunta que, en función de los indicios, este delito puede darse como consecuencia de «la percepción y/o solicitud de dádivas» por parte de Castedo y Alperi al facilitar «información que no debía ser pública del PGOU».
«Incluso procedieron a modificar el mismo en atención a los deseos manifestados por un particular -Enrique Ortiz-, prescindiendo de los intereses generales y atendiendo exclusivamente al interés privado», añade en su razonamiento el juez instructor.
En este sentido, recuerda que el Tribunal Supremo, en materia de contratación pública, sostiene «que no se trata de identificar la injusticia del acto con la propia percepción de la dádiva, sino de constatar el hecho de que la adjudicación de una obra pública precondicionada por un acuerdo previo adoptado en función de una dádiva» constituye «un acto intrínsecamente injusto».
En referencia a Enrique Ortiz, el juez refleja presuntos delitos de aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad o funcionario, tráfico de influencias y cohecho.
Por lo que respecta al delito de tráfico de influencias que se le imputa a este empresario, el juez apunta «indicios acreditativos de la especial relación» que Ortiz mantiene con Castedo y Díaz Alperi.
De hecho, ha incluido en el escrito la transcripción de una conversación telefónica intervenida por los efectivos policiales en mayo de 2008 en la que la entonces edil de Urbanismo y hoy alcaldesa le dice a Ortiz: «Te hemos apañado también lo de…lo que hay entre el APA 9 y Lomas de Garbinet»… «y tenemos apañado también lo del Rico Pérez», en referencia a zonas e iniciativas urbanísticas.
La citada conversación se produjo once días antes de que el arquitecto director de la revisión del PGOU entregara en la Gerencia de Urbanismo este trabajo para su exposición al público.
Diario Información
CASO BRUGAL | Las conversaciones telefónicas
La alcaldesa de Alicante al dueño del Hércules: ‘Tenemos apañado lo del Rico Pérez’
R. Terrasa | H. Fernández
El juez que instruye la rama del caso Brugal relativa a las supuestas ilegalidades en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad de Alicante ha elevado la investigación al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), al considerar que puede haber delito en la actuación de la actual alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi.
El magistrado Manrique Tejada cree que ambos han podido cometer los delitos de revelación de secretos, tráfico de influencias y cohecho.
En su auto de exposición razonada (103 páginas) se incluyen varias conversaciones entre los implicados en la trama que avalan las sospechas del juez. La principal acusación sobre Sonia Castedo, también diputada del PP en las Cortes Valencianas, se sustenta en los indicios de que podría haber facilitado al constructor y promotor Enrique Ortiz los planos de la ciudad previstos en el PGOU cuando estos todavía no eran públicos.
En Brugal y en Gürtel
Ortiz, máximo accionista del Hércules CF, es uno de los empresarios mejor relacionados de la Comunidad Valenciana, gracias sobre todo a sus vínculos con numerosos dirigentes políticos del Partido Popular.
Está imputado tanto en el caso Brugal como el caso Gürtel. Según consta en el sumario de Gürtel, la Policía relacionaba al constructor alicantino con la supuesta trama de financiación irregular del PP valenciano.
Según dicho informe, Ortiz y otros empresarios de la Comunidad Valenciana se hacían cargo de parte de la deuda en ‘negro’ que el PPCV mantenía con empresas de Francisco Correa por distintos actos electorales.
En el sumario de Brugal, Ortiz es protagonista principal. Las escuchas que le hizo la Policía destaparon incluso el presunto uso masivo de sobornos desde el Hércules para ascender a Primera División, un asunto que quedó archivado.
Ahora, las principales sospechas recaen sobre el tráfico de información privilegiada. El 21 de mayo de 2008 hablan por teléfono el empresario y Sonia Castedo.
Ortiz.- No, pero aparte, yo… con lo que me dijiste que el otro día tengo que ver el dibujo ese…urgente.
Sonia.- ¿De qué?
Ortiz.- De lo que me dijiste es que no me podrías enseñar, que luego cuando se fue éste me dijiste que ya me enseñarías.
Sonia.- Sí, lo que pasa es que me tiene que dar un plano actualizado, porque no hay ninguno actualizado.
Ortiz.- Ya, pero poco más o menos me tienes que decir…
Sonia.- Te hemos apañado también lo de… lo que hay entre el APA 9 y LOMAS DE GARBINET [sectores del desarrollo urbanístico incluidos en el Plan General].
Ortiz.- Sí.
Sonia.- Y tenemos apañado también lo del Rico Pérez [estadio de fútbol del Hércules].
Ortiz.- Muy bien, pues eso quiero que me lo expliques eso.
Sonia.- Es que el otro día, ayer tuvimos la reunión, dice Jesús ¿habló ya de la propuesta? y digo no, no, no. Y entonces lo que vamos a hacer es hablarlo contigo.
Ortiz.- Sí.
Sonia.- Porque claro, si te parece bien llevarlo. Porque mira lo que no quiero es que lo presentemos, que nos parezca bien, que después lo vea el alcalde o Enrique, que empiecen con cositas, a modificar aquí…
Ortiz: Pues seguro.
Sonia.- ¡Claro! Digo, mejor que lo vean, oye, ¿va bien así?
Ortiz.- Pero antes de llamarme inicialmente.
Hace justo un año declaró ante el juez el redactor del PGOU de Alicante, Jesús Quesada. Él confirmó los indicios de posibles delitos de tráfico de influencias y revelación de información privilegiada por parte de técnicos y políticos del Ayuntamiento que tuvieron en su poder documentación durante el proceso de elaboración del plan y el planeamiento íntegro durante 3 meses y medio, en el verano de 2008, sin sacarlo a exposición pública.
Las grabaciones policiales demuestran que durante ese tiempo el empresario Enrique Ortiz, principal cabecilla de la trama Brugal, tenía en su poder información de la que se podía beneficiar mientras el resto de propietarios de suelo o promotores tuvieron que esperar meses a conocer dicha información.
El Mundo