No se trata de la justa conmemoración de los caídos en contiendas bélicas, de quienes perdieron o ganaron guerras en nombre de ideales o motivos más o menos razonables o incluso de precarias excusas, y casi siempre por orden de terceros, sino de la celebración de la violencia institucionalizada. El Monumento al Soldado de Reemplazo que se levantó en Alicante en la concurrida Puerta del Mar no es un memento fúnebre: es una pieza propagandística del cuerpo estatal que cuenta con menos simpatías entre la ciudadanía, a juzgar por las encuestas que abordan preferencias de ésta para la distribución del gasto público. El Ejército lo donó a la ciudad por haber hospedado en 2001 los actos del Día de las Fuerzas Armadas.
Las seis personas que el 1 de febrero de 2003 mostraron activamente su desacuerdo con la simbólica ocupación militar del entorno urbano en el que está emplazado dicho monumento se vieron sometidas a una contundente represión policial (que incluyó la amenazante, irresponsable e ilegal exhibición de una pistola a cargo de un agente de paisano, como se recordó en el Congreso de los Diputados), y estos días se enfrentan a penas que podrían llegar a ser de una año de cárcel y multa por un delito de daños al patrimonio. La protesta consistió en la demolición simulada del grupo escultórico a base de martillazos, la exposición de una pancarta con el lema «Ningún ejército, ninguna guerra. Desobedece a las guerras» y lo que terminó siendo el lanzamiento de pintura sobre el conjunto escultórico.
Más allá de la evaluación del grado de violencia admisible en una acción de protesta que se quiere «no violenta», parece claro que la batalla que aquí se libra concierne fundamentalmente al plano simbólico. Está en juego la propiedad semántica de los espacios de convivencia: qué es lo que queremos que signifiquen los lugares en los que se despliega nuestra existencia, así como quién y cómo ha de decidir los contenidos de estos mensajes tridimensionales que son nuestra ciudades. Cuando el «patrimonio» es, como en el caso del grupo escultórico militarista, portador de unos valores en conflicto con la voluntad de paz presente en el Preámbulo de la Contitución de 1978 y-lo que es más importante- con el espíritu de una ciudadanía que en meses recientes se manifestó masivamente en contra de la guerra, cabe considerar que es un grave ejercício de violencia simbólica el ocupar la frecuencia semántica de un espacio civil con un homenaje al Ejército. Podría argumentarse que las Fuerzas Armadas de una nación democrática como la nuestra cumplen funciones más allá de la guerrera, y que éstas merecen nuestros aplauso: también lo merecen médicos, bomberos, maestros, barrenderos y cupletistas, pero, a diferencia del Ejército, ninguno de estos gru0pos es un colectivo asesino en potencia por definición, ni lo ha sido nunca a lo largo de la historia.
Ante la agresión simbólica (por no hablar de la estética) que supone forzar un monumento de estas características en la vida de los ciudadanos, y dada la sordera de los munícipes, es preciso alzar la voz y exigir la negociación de los sentidos que han de tener los espacios comunitarios, o al menos no acatar su imposición desde arriba. Los alcaldes no son los responsables últimos de las ciudades: lo son quieren las habitan, y hay que tener el coraje de aceptar lo que ello implica. Principalmente, dar más guerra en la arena pública, en lugar de pacer y regurgitar la paz o el descontento privada y bovinamente. Quizás vaya siendo hora de que la democracia española desacralice la noción de consenso en la que se apoyó durante la Transición y deje paso a un sano disenso desde el cual articular una convivencia en la que los valores guerreros que el franquismo usó para legitimarse sean sustituidos por los de un civismo pacífico, activo y siempre crítico consigo mismo.
Luis Martín Estudillo
Universidad de Minnesota
Publicado el viernes 29 de abril en el Diario Información de Alicante en la sección de Opinión de los Lectores.