MANRIQUE C. SÁNCHEZ | ALICANTE.
La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, admitió en su declaración como imputada ante el juez Juan Climent del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que Enrique Ortiz posee actualmente un 70% del suelo urbanizable de la ciudad. Aportó esa cifra a preguntas del fiscal anticorrupción, Felipe Briones, según se recoge en la grabación de su comparecencia, a la que ha tenido acceso este periódico.
«¿Conoce usted a una persona física o jurídica que tenga más intereses urbanísticos en el sentido de metros de suelo disponibles, aprovechables, recalificables…, en ese sentido, con los sinónimos que se puedan añadir, que el señor Ortiz y sus empresas?», le preguntó Briones el pasado 19 de octubre, durante la primera jornada del interrogatorio. «A día de hoy, con el actual Plan General, el vigente, que es el de 1987, el señor Ortiz posee aproximadamente un 70% del suelo del término municipal de Alicante».
El fiscal interpretó, por tanto, «por pura estadística y matemática» que no había «nadie más interesado» que el constructor en el nuevo PGOU, el que investiga el juez Climent a partir de las conversaciones telefónicas intervenidas por la Policía Nacional n el marco de la ‘Operación Brugal’.
Castedo, sin embargo, rechazó la deducción del fiscal: «No comparto esa opinión. Significa que no hay nadie con más suelo que él, pero otra cosa es que puedan tener más o menos intereses».
Briones preguntó a la alcaldesa alicantina por las propiedades de Ortiz después de someterla a un intenso e incisivo interrogatorio sobre la relación existente entre ambos y sus respectivas familias. Castedo admitió que conoce al empresario imputado en esta causa «desde hace 16 ó 17 años» y le une a él una «amistad».
Tras escuchar numerosas conversaciones telefónicas, la alcaldesa reconoció que Ortiz y su esposa le compraban todos los años por Navidades «un detalle», coincidiendo con su cumpleaños, que es el 23 de diciembre. En la de 2008 fue una cazadora cuyo coste «no llegaba a los 200 euros». Como ella ya tenía una igual, la cambió en El Corte Inglés por una gabardina, un jersey y una camisa de Carolina Herrera.
Días después, su familia y la del constructor compartieron un viaje a Andorra. Los «dos mil y pico» euros que costó su estancia, la de su marido y la de su hija en el hotel la pagó «en efectivo» a la agencia de viajes, pues suele tener cantidades en metálico como esa habitualmente en casa «por si surge algún imprevisto». «Mi vida es una vida normal», señaló Castedo, «no pienso en que se me está investigando y que tengo que hacer las cosas para tener que justificarme después». El fiscal deslizó luego que la factura del viaje a Andorra del año siguiente, 2009, se la habían «fabricado artificiosamente» para «cubrir las apariencias», lo que ella negó tajantemente. De acuerdo con su versión, Ortiz no le ha pagado «ningún viaje» ni ella le ha facilitado «jamás» información privilegiada sobre el PGOU.
Respecto al viaje de ambas familias a Ibiza en el verano de 2009, en el yate del constructor, afirmó que ella pagó la mitad de las comidas y las cenas que realizaron en tierra, así como de los 400 euros que costó la «tomatera, una fumigadora» que les llevó por aire de regreso a Alicante para asistir al funeral del conseller García Antón. El fiscal le preguntó por qué expresó su temor a que Ortiz pretendiera reservar un vuelo a Ibiza con los DNI de ella y su marido y él le tranquilizara porque no iba a hacerlo a su nombre. «No sé. No recuerdo esa conversación, pero problema no había ninguno. Me da mucho miedo el avión, pero tampoco hubiera sido un problema viajar en avión a Ibiza», contestó.
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