Porque claro, los beneficios obtenidos de los leoninos intereses no los cuentan en el cálculo que hacen. Los think tanks que proveen al negocio bancario de discursos para defenderse de su crecentísima impopularidad deben estar echando humo. «Quedarse con la vivienda de sus hipotecados es lo último que quiere un banco», lo que hay que oír. Nota de Tortuga.
Los desahucios le han costado a la banca 7.500 millones de euros
La patronal recuerda que cargará con los gastos de los que se paralicen
R. L. Vargas
MADRID- Quedarse con la vivienda de sus hipotecados es lo último que quiere un banco. Es la peor opción para todas las partes. Para el particular, porque se queda sin casa y, en la mayoría de los casos, debiendo dinero a la entidad. Y para el banco, porque casi nunca recupera todo lo que prestó y mete en su balance un activo muy difícil de vender y que le genera gastos. ¿Cuántos? Cuantiosos, según un estudio de la compañía especializada en gestión de activos inmobiliarios Alteba. La banca ha soportado unos costes de, al menos, 7.500 millones de euros en la gestión de los procedimientos de gestión hipotecaria desde 2007, asegura. Los gastos asociados a la adjudicación de inmuebles derivan de varios aspectos. Para empezar, de los recursos que emplea la entidad para la gestión judicial, administrativa, técnica y comercial del piso. Además, debe pagar servicios de recobro para el seguimiento y recuperación de la mora, abogados, procuradores, tasas judiciales, el mantenimiento y la comercialización del inmueble. También debe hacerse cargo de los impuestos y comunidades de propietarios.
Alteba calcula el importe medio ponderado de las hipotecas españolas entre los años 2007 y 2011 en 127.000 euros. Con unos gastos que se sitúan entre el 15% y el 20% de este importe, las 400.000 ejecuciones realizadas entre 2007 y el primer semestre de 2012 habrían costado a la banca más de 7.500 millones.
La estimación de Alteba podría quedarse incluso corta porque, según explica el estudio, si se computaran todas las partidas que se destinan a gestionar el patrimonio adquirido por vía judicial, por el aumento de la morosidad, la cantidad podría llegar hasta los 10.000 millones.
A la vista de que el problema de los desahucios sigue avanzando, la compañía apuesta por la introducción de un tercer actor independiente que pueda certificar llegado el caso del lanzamiento el cumplimiento de unos mínimos requisitos de carácter socioeconómico para proceder a la toma de decisiones, tales como aceptar la dación en pago, la preferencia de acceder a viviendas sociales, la moratoria en la ejecución… que permitirían frenar los desahucios «sin necesidad de alterar las normas hipotecarias en un momento tan delicado para el país».
La consultora no es partidaria de cambiar la Ley Hipotecaria con prisas pese a la gravedad del problema. Supondría, advierte, «un riesgo muy alto», por cuanto el 40% de las hipotecas residenciales españolas están en manos de inversores extranjeros y una alteración de las normas «podría afectar seriamente al riesgo país».
Para captar capital, las entidades emiten deuda usando como garantía las hipotecas, que ofrecen a los inversores la doble garantía para recuperar su dinero del inmueble y los bienes del titular del crédito. Eliminar este último mediante la generalización de la dación en pago como muchos pretenden alteraría las reglas del juego y colapsaría el crédito para las entidades y, por ende, para los particulares y empresas.
Más gastos
La patronal bancaria (AEB) añadió ayer que la paralización de desahucios que autorizó el Gobierno también le costará un dinero que saldrá exclusivamente de sus fondos. No obstante, apoyó unas medidas que protegen a las familias más débiles.
LAS ASOCIACIONES DE AFECTADOS
Un «parche» en la «herida sangrante»
Madrid- La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Madrid, Tatiana Roeva, afirmó que las medidas urgentes contra los desalojos, aprobadas por el Consejo de Ministros este jueves, suponen «poner un parche sobre una herida muy sangrante». A su juicio, son «un tipo de ampliación del código de buenas prácticas» del ministro de Economía, Luis de Guindos y «no son suficientes». No obstante, reconoció que sólo ha visto «parte» de estas medidas y que le gustaría conocerlas en «más profundidad». Roeva manifestó que le gustaría ver «de verdad» que el Gobierno ponga en funcionamiento, tal y como anunció, el parque de viviendas de alquiler a un precio social para las personas que se hayan quedado sin vivienda tras una ejecución hipotecaria. «Me gustaría verlo de verdad, porque yo llevo ya dos años con la solicitud de vivienda de extrema necesidad presentada. Estoy ya desahuciada y no me han dado vivienda. Me gustaría verlo y vivirlo», aseveró.
La troika será informada de las medidas
C. Herrero
bruselas- La Comisión Europea fue consultada por España antes de aprobar las medidas extraordinarias que permitirán una moratoria para los desalojos de las familias más vulnerables.
España se vio en necesidad de realizar esta consulta «ex ante» de acuerdo a lo establecido en el Memorándum de Entendimiento (MOU) pactado en el marco del rescate financiero de hasta 100.000 millones de euros ofrecido por el Eurogrupo. «La Comisión Europea es consciente de las graves consecuencias sociales de la crisis, en especial para los hogares particulares con un elevado endeudamiento consecuencia de las hipotecas», señaló el portavoz del comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn.
Según las condiciones pactadas para el saneamiento de la banca española, la denominada «troika» –CE y BCE con la asesoría del FMI– tiene que ser informada de todos los cambios legales que afecten al sector financiero.
La Razón