No sabemos si tanta generosidad del gobierno hacia conductores homicidas tiene que ver con el caso Carromero, o si es simple interés profesional y crematístico de la familia Gallardón. En cualquier caso este indulto resulta de lo más curioso, sobre todo si se compara con casos de infinita menor gravedad que el gobierno rechaza indultar consejo tras consejo. Nota de Tortuga.
Un hijo de Ruiz-Gallardón trabaja en el bufete que defendió al kamikaze indultado
La medida de gracia para el conductor que mató a un joven en la AP-7 al circular en sentido contrario fue propuesta por el ministro de Justicia pese a los informes en contra del tribunal, que le condenó a 13 años de prisión, y del fiscal.
M. Gallego/J. A. Martínez
José Ruiz-Gallardón Utrera, uno de los cuatro hijos de Alberto Ruiz-Gallardón, trabaja en el mismo despacho de abogados que ha llevado la defensa del conductor condenado a 13 años de prisión por matar a un joven en Valencia tras circular más de 4 kilómetros en sentido contrario por la AP-7 y quien el pasado diciembre fue indultado por el Gobierno a propuesta del ministro de Justicia. La conmutación de la pena, reducida ahora al pago de 4.200 euros, se produjo «a propuesta del titular de Justicia previa deliberación del Consejo de Ministros», según recoge el BOE del 5 de enero, pese a los informes contrarios del tribunal de la sección cuarta de la Audiencia de Valencia que le juzgó y del ministerio fiscal. Prueba de la postura de los magistrados ante la medida de gracia fue la orden de ingreso en prisión del condenado (donde ha estado diez meses) oponiéndose a suspender la pena en tanto se resolvía el indulto.
La fiscal jefe de Valencia, Teresa Gisbert, también rechazó la concesión de esta medida sin que tampoco se tuviera muy en cuenta su opinión. Aún así, en el Real Decreto por el que se concede el indulto se recoge textualmente que «se han considerado los informes del tribunal sentenciador y del ministerio fiscal», sin aludir a la oposición de ambos.
De la defensa del ahora indultado, vecino de Almoradí y delegado de postventa de Opel en la Comunidad cuando se produjeron los hechos, se ha ocupado el letrado Esteban Astarloa Huarte-Mendioca, del bufete Uría Menéndez.
Uno de los grandes despachos del país en el que además del hijo del ministro (quien regresó a la sede de Madrid desde la oficina de Sao Paulo después de que unos atracadores mataran en su presencia a un amigo y compañero en la ciudad brasileña) trabaja también la letrada que representó a la compañía automovilística, citada como responsable civil subsidiaria dado que el vehículo con el que se produjo el siniestro era de la empresa.
El letrado del kamikaze es hermano de Ignacio Astarloa, subsecretario de Justicia de 2000 a 2002, secretario de Estado de Seguridad los dos años siguientes y cuyo nombre llegó a sonar con Rajoy para la cartera de Interior e incluso para la de Justicia que ahora ocupa Gallardón.
Este diario se puso ayer en contacto con Uría Menéndez donde indicaron que no se iba a hacer declaración alguna sobre este tema.
Ramón Jorge Ríos Salgado fue condenado a 13 años de prisión el 17 de enero de 2011 por la Audiencia de Valencia, sentencia ratificada posteriormente por el Tribunal Supremo, por «un delito de conducción con grave desprecio para la vida de los demás en concurso ideal con un delito de homicidio, un delito de lesiones, una falta de lesiones y una falta de daños». La oposición, no vinculante, de los magistrados a la medida de gracia impide al Gobierno conceder un indulto completo, es decir, sin conmutarlo por una multa.
Según ha considerado probado el tribunal, el 1 de septiembre de 2003 Ríos Salgado conducía a gran velocidad a la altura de la salida Torrente-Calicanto en sentido a Alicante cuando se aproximó al coche que le precedía, al que embistió tras circular pegado a él hasta que le obligó a apartarse. A continuación el kamikaze accedió a la autopista, donde recogió su ticket, «hasta que llegó a la altura del punto kilométrico 551-552 donde, tras parar en el arcén derecho, efectuó un cambio de sentido comenzando seguidamente a circular en sentido contrario entre los dos carriles a gran velocidad». Durante esos cuatro kilómetros se cruzó con varios vehículos cuya señales de aviso ignoró para acabar estrellándose contra un Golf en el que viajaba una pareja. Un joven falleció sufriendo su novia heridas de consideración.
Los jueces aseguraron no entender este comportamiento ya que, además de no responder al perfil de conductor suicida, «es una persona social y familiarmente integrada, que desarrolla una actividad profesional de responsabilidad y prestigio. Sus superiores, incluso tras los hechos, creen que es responsable y digno de crédito», según el fallo.
Ríos Salgado alegó problemas de epilepsia que le hicieron conducir «de manera automática (…) privado totalmente de conciencia y voluntariedad», patología que no consideró probada el tribunal.
En esta información también han colaborado T. Domínguez, R. Ferrando y P. Cerrada.
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Jorge Fernández dice que «no es política del Gobierno» indultar a condenados por delitos contra la seguridad vial y precisa que en el futuro el Ejecutivo «tendrá que estar atento a algunas cuestiones»
M. Gallego/ E. P.
El indulto a Ramón Jorge Ríos, el kamikaze que mató a un joven e hirió de gravedad a su novia tras colisionar contra ellos cuando circulaba en sentido contrario por la AP-7, le ha valido una reprimenda pública por parte del ministro del Interior a su colega de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, quien propuso la medida de gracia. El conductor, defendido por el bufete en el que trabaja un hijo de Gallardón, fue condenado a 13 años de prisión, pena que ha quedado reducida a 4.200 euros de multa. Tanto el tribunal de la Audiencia Provincial de Valencia que le juzgó como la Fiscalía informaron en contra del indulto que el Gobierno concedió al finales del pasado año, cuando el kamikaze llevaba menos de un año en prisión, tal y como ayer publicó este diario.
Al ser preguntado por este tema, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aseguró que no es la «política» del Gobierno indultar a condenados por delitos contra la seguridad vial, señaló que el caso de este kamikaze es «excepcional» y agregó que «en el futuro» el Ejecutivo tendrá «que estar más atento a algunas cuestiones».
Solidario pero…
Habida cuenta de que la decisión se tomó previa deliberación del Consejo de Ministros, tal y como recoge el Real Decreto publicado el sábado 5 de enero, Fernández Díaz añadió que como ministro es «miembro del Gobierno y, por lo tanto, solidario con esa decisión» pero, matizó,»evidentemente esto pone de manifiesto que en el futuro tendremos que estar más atentos a algunas cuestiones».
El ministro precisó que del mismo modo que el Ejecutivo no indulta a condenados por delitos de violencia de género tampoco lo hace en casos de delitos contra la seguridad vial. Pese a estas declaraciones, BOE ha publicado desde enero de 2012 hasta seis indultos a condenados por delitos contra la seguridad del tráfico, dos más de los que se concedieron en toda la legislatura anterior aunque lejos de los 18 concedidos entre 2004 y 2007 (primera legislatura de Zapatero) y mucho más dejos de los 313 otorgados entre los años 2000 y 2004 del Gobierno de Aznar.
Este tipo de indultos han despertado las críticas de asociaciones de víctimas de accidentes. La presidenta de Stop Accidentes, Ana Novella, lamentó que se concedan «teniendo en cuenta que cuesta mucho que se dicten este tipo de sentencias» mientras que desde la asociación DIA consideran que «no existe ningún motivo que a simple vista» aconsejara conceder esta medida de gracia.
Un bufete con muchos letrados
Desde el Ministerio de Justicia también se produjeron reacciones a la información publicada ayer por este diario pero fueron para desvincular al hijo del ministro de la concesión del indulto después de que el PSOE haya solicitado que la Fiscalía investigue si se ha producido tráfico de influencias.
Fuentes del departamento que dirige Gallardón informaron de que su hijo no tuvo ninguna relación con el indulto y que éste no estaba en España cuando se produjo la tramitación, ya que se encontraba destinado en Brasil, además de que trabaja en el área Mercantil, no en Penal. Las mismas fuentes explicaron que el hijo del ministro es uno de los 538 abogados que trabajan en las 15 oficinas que tiene en el mundo el bufete de Uría y Menéndez, despacho al que pertenece el abogado que defendió al condenado, Esteban Astarloa Huarte-Mendioca, hermano de quien fuera secretario de Estado de Seguridad con Aznar Ignacio Astarloa. Las fuentes antes citadas argumentan que si se aparcaran todos los indultos que solicitan los condenados que son defendidos o asesorados por abogados relacionados con el despacho de Uría por el simple hecho de que el hijo del ministro trabaja en él se estaría negando el derecho a los clientes de ese bufete a la posibilidad de obtener una medida de gracia y sería discriminatorio.
Informes favorables de la prisión
Desde Justicia explicaron que la medida de gracia se adoptó al tener en cuenta el informe favorable de la prisión y los condicionantes «médicos y personales» del condenado. Los informes, según E. Press, reflejaban factores de adaptación como el ingreso voluntario en prisión, el abono de las responsabilidades civiles a los perjudicados, la buena conducta penitenciaria, el apoyo familiar, la cualificación laboral, la ausencia de adicciones, el hecho de que fuera su primer delito, la antigüedad de los hechos delictivos, el que fuese un delito ocasional, el largo periodo en libertad provisional sin que constasen nuevos delitos y un pronóstico de reincidencia muy bajo. También se tuvo, aseguran, en cuenta el trato educado, respetuoso y responsable, la ausencia de sanciones y expedientes disciplinarios, las muestras inequívocas de arrepentimiento y la participación activa en programas de tratamiento relacionados con la seguridad vial. El Gobierno también consideró el episodio de epilepsia que alegó el abogado del condenado, algo que el tribunal no consideró probado. Las fuentes citadas señalaron que el fin reeducador y de reinserción social que deben tener las penas de prisión implican un fin humanitario del sistema punitivo que, dicen, debe evitar el ingreso en prisión, si ello es posible, de las personas rehabilitadas. Y en este caso, afirman, se trata de una persona rehabilitada y eso se ha tenido en cuenta.
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