Los números que echan a las personas a la calle

Más de una decena de familias de Valladolid que están a punto de ser desahuciadas decidieron ayer protestar plantando sus tiendas de campaña a las puertas de las entidades financieras que pretenden desahuciarlas.

A la puerta de las sedes de Caja España-Duero, Banco de Santander, BBVA, y Caja Laboral sitas en la calle Santiago, una de las principales vias comerciales del centro de la ciudad, los afectados, arropados por la plataforma ‘Stop Desahucios’ y el movimiento 15M, muestran su indignación y ponen cara a una fría y desoladora estadística ante la atenta mirada de un más que nutrido despliegue policial: sólo en el mes de enero se han tramitado en Valladolid 91 ejecuciones hipotecarias, lo que significa que, de seguir este ritmo, este año se cerrará con el doble de desahucios que el año pasado (alguno más de 500 en 2012).

«Ni un, ni un, ni un desahucio más», «no son suicidios, son asesinatos» o » cada vez que se salva un banco se condena a miles de familias» son algunos de los lemas con los que los acampados tratan de llamar la atención al resto de ciudadanos que transitan por la concurrida calle Santiago.

«Mientras la banca privada en los últimos meses ha recibido cerca de 42.000 millones de dinero público por un agujero que ella misma ha generado, miles de viviendas permanecen vacías en sus manos. Desde el inicio de la crisis se han producido 350.000 desahucios en todo el país», reza una de ellas. Paralización inmediata de procedimientos judiciales hipotecarios, que los jueces controlen de oficio los abusos de las entidades financieramente la dación en pago retroactiva y que no se de más dinero público a la banca, son sus exigencias.

Vigilar bien al enemigo es una estrategia elemental en un momento de tensión, casi de guerra. A muchos de los acampados hoy en la Calle Santiago les declararon la guerra hace tiempo: con hijos, sin empleo y con procesos hipotecarios por delante, por diversos motivos, fundamentalmente porque se han quedado sin empleo, no pueden hacer frente al pago de sus viviendas. Y, como la ley avala a los bancos, estos presentan la correspondiente demanda de Ejecución Hipotecaria, la vivienda se subasta, la adquiere la propia entidad financiera generalmente a un precio que equivale al 60% sobre el valor de tasación inicial y, además, exigen la cantidad que resta por pagar al hipotecado. Es decir, a la calle, sin vivienda y con una gran deuda, que puede ser extensible a los familiares que avalen con sus propiedades al hipotecado.

Algo así le ocurrió a R.E. cuando en 2007 le fue concedido un préstamo hipotecario de 89.000 euros para adquirir una vivienda en la zona de Las viudas, en Valladolid. Sin trabajo y con dos hijos (uno de 2 años y otra de 6), no pudo hacer frente a la hipoteca de su casa tasada en 96.038 euros. Después de que el banco (BBVA) presentara la demanda de Ejecución Hipotecaria que ascendía a 90.526 euros más 27.158 por intereses y derivados, éste se hizo con la vivienda en la subasta por 57.622 euros, el 60% sobre el valor de tasación. La cantidad reclamada a R.E. era de 1.459 euros y ya había pagado, en tres años, 13.862. Tras solicitarse la condonación de la deuda (60.000) y el permiso del banco para que esta persona continuase viviendo en su casa a través de un alquiler social, el BBVA se negó a todo. En este caso, el llamado “lanzamiento”, es decir, cuando literalmente echan a la persona de su casa, logró pararse en verano de 2012. La ley permite al ex propietario vivir durante dos años en la vivienda, puesto que tiene un hijo menor de tres años.

Este mismo banco se cerró en banda con A.D.V. y A.F. y comprometió a parte de su familia. Tras conceder una hipoteca de 165.000 euros para una vivienda tasada en 174.000 y al que accedieron después de que familiares de ambos les avalasen, al cabo de 6 años la entidad financiera les reclamó impagos de 2.491 euros. Ya habían abonado 40.872. El acuerdo al que llegaron con el BBVA consistía en la entrega de la vivienda, ubicada en la localidad vallisoletana de Cigales, y el pago de un préstamo de 40.000 euros para evitar problemas con los familiares que avalaron a la pareja, que tiene un niño de 4 años. Se ha pedido la extinción de la deuda hipotecaria, que ascendió a 70.000 euros después de que el banco rompiera el acuerdo –tres días antes de la subasta, negándose a suspenderla- y se negase a escuchar otras propuestas.

Lo que le ha pasado a R.S.J.A. lo sufre también su madre. Serán ‘daños colaterales’ que pueden costar las viviendas de ambos. Esta persona, que vivía en Alicante en 2006, adquirió una vivienda en la ciudad valenciana por valor de 180.000 euros. Entraron en juego dos hipotecas: la de su casa y la de su madre, ubicada en Valladolid, para hacer más asequible la compra de la casa. R.S.J.A. no pudo hacer frente a los pagos y el banco, otra vez BBVA, presentó la correspondiente demanda de Ejecución Hipotecaria en 2012, pero, además, solicitó la salida a subasta de la vivienda de la madre. Los afectados han solicitado la dación en pago para la casa de Alicante y la cancelación de la hipoteca, para evitar que su madre se quede sin hogar.

Negocio redondo de Caja Laboral en Valladolid a costa de R.B.M., quien, tras acceder a un crédito de 130.000 euros para comprar una casa tasada en 142.000 y apoyado con la vivienda de sus padres como aval, ha perdido la suya –la caja se la quedó mediante subasta por 71.000, un 60% sobre el valor de tasación-, y le resta una deuda de 90.000 euros. R.B.M. había pagado 17.000 euros de hipoteca desde 2006 y, aun habiendo perdido la casa, siguió pagando 200 euros al mes para evitar que sus padres se quedasen sin la suya. 4.000 euros en total. Bien: la entidad cobró esas cantidades, se ha quedó con la casa y, posteriormente, la vendió, por lo que ha ganado más dinero por la vivienda fruto del desahucio. El afectado, en paro y con una hija de 3 años, pide la condonación de la deuda.

Hay otras entidades, como Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), que no son bancos al uso, pero que también realizan ese tipo de jugadas permitidas por la ley. B.A.A. había pagado 37.000 euros en 5 años de una casa tasada en 267.924 euros y había recibido un préstamo hipotecario por valor de 161.000 euros. Pero resulta llamativo que, en los últimos 3 años, esta persona, en paro, sólo ha pagado por los intereses, por lo que no se ha descontado nada de cuota hipotecaria durante ese periodo. Pide la dación en pago.

Al igual que el anterior caso, G.G.M. compró una casa en Valladolid en 2005 a través de UCI, quien le concedió una hipoteca de 290.000 euros para adquirir esa vivienda que costaba 270.455 y que fue tasada en más de 330.000. La madre y hermanos del afectado, que es titular junto a otra persona, hipotecaron también su vivienda y los padres de éste y de su pareja aparecían en la hipoteca como “fiadores solidarios”. Deben 284.188 euros pero, lo curioso, es que en los últimos 3 años y con una cuota mensual de 1200 euros, sólo han pagado intereses.

Para más inri, además del fallecimiento de uno de los titulares, el otro sufre una incapacidad permanente. No puede hacer frente a la hipoteca. Han solicitado la dación en pago para poder sacar del embrollo a la vivienda hipotecada a mayores, la de su madre. 41.000 euros ha pagado desde 2003 V.S.F. de su vivienda en Delicias (Valladolid), que costó 75.126 euros, fue tasada en más de 88.000 y para la que tuvo que pedir un préstamo hipotecario de 83.540 euros.

Esta persona, actualmente, no puede vivir en su casa, pues padece una minusvalía tras sufrir un accidente laboral. Su vivienda se sitúa en un 4º sin ascensor. Ha solicitado la dación en pago a Santander Consúmer, puesto que el afectado no va a poder hacer frente al pago de la vivienda: no tiene trabajo y, además, es minusválido.

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