Se ha devuelto a estas personas sin permitirles asistencia letrada, a pesar de que todos ellos habían solicitado asilo.
Gabriela Sánchez
Tras una operación dirigida por la Delegación del Gobierno de Melilla caracterizada por la falta de información, los siete inmigrantes que alcanzaron una de las islas españolas de Chaparinas han sido expulsados a Marruecos, según ha confirmado la institución. Todos habían comunicado su intención de solicitar asilo y a ninguno de ellos se le ha abierto el proceso administrativo que contempla la ley cuando un inmigrante pisa suelo español.
La Delegación del Gobierno justifica que «todo se hizo bajo la legislación vigente y en el marco de cooperación del estado alauí». Sin embargo, según la Ley de Extranjería, «si una persona accede a España de forma irregular, los encargados de la custodia de costas y fronteras que hayan interceptado a los extranjeros los conducirán a la mayor brevedad posible a la correspondiente comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, para que pueda procederse a su identificación y, en su caso, a su devolución». Además, el extranjero «tendrá derecho a la asistencia jurídica, así como a la asistencia de intérprete». Nada de esto se ha cumplido.
Las siete personas alcanzaron el islote deshabitado en una embarcación neumática: uno es de Mali, tres de Guinea Conakry, dos de República Democrática del Congo y uno de Costa de Marfil. Tras comunicar a los medios y activistas su intención de solicitar asilo, la ONG Coordinadora de Barrios formalizó la solicitud en representación de estas personas. No ha sido atendida, lo que incumple tratados internacionales como la Convención sobre el Estatuto de los refugiados de Ginebra.
Cuatro de los siete inmigrantes que se declaraban menores fueron trasladados a Melilla durante unas horas para efectuarles las pruebas de determinación de la edad. El resultado de estas derivó en que todos superaban los 18 años, no obstante todas las pruebas realizadas tienen un elevado margen de error que ha sido denunciado por la Defensora del Pueblo durante ante años, instando a que se efectuen pruebas más rigurosas.
Acogiéndose al resultado de estas pruebas, la Delegación del Gobierno acusa en su comunicado a los inmigrantes de mentir. «A todos los inmigrantes se les ha aplicado escrupulosamente la legalidad vigente e incluso cuatro de ellos, que se declararon falsamente menores, han sido, con carácter previo a su devolución, sometidos en Melilla a pruebas periciales que finalmente han dictaminado su mayoría de edad y la falsedad de los datos iniciales facilitados a la Policía con el fin de forzar su entrada en España», especifica en un comunicado.
«Los mentirosos son ellos. El Gobierno es el que no se ajustan a la legilidad. Hay una demanda de asilo. Los pruebas de edad tienen un margen de error, y lo saben porque la Defensora del Pueblo ha efectuado ya muchas quejas. No hay ley en la frontera sur, no hay leyes en Melilla, no hay leyes en Ceuta», denuncia la activista Helena Maleno, notablemente emocionada, después de estar pendiente durante más de 24 horas del paradero de las siete personas que querían solicitar asilo. «Vulneran continuamente los derechos de los migrantes».
Algunos de los familiares han mostrado su total incomprensión ante «la forma que tiene España» para aplicar la ley. «¿Esta es la Europa de las garantías? ¿esta es la España con la que soñamos? Nosotros hemos huido de una guerra. Esto es como en nuestros países», se ha preguntado, atónita uno de los familiares del migrante costamarfileño que pisó suelo español, aguantó durante horas la sed y el hambre, fue retenido durante un día en una base militar, se le retiró el teléfono móvil para, finalmente, ser expulsado a Marruecos de forma irregular.
El Diario