Adjuntamos un comunicado elaborado por Amnistía Internacional.
Mujeres de Negro de Madrid, que también participó en la reunión con las
ONGs, la Secretaria de Estado de Cooperación y el Ministro de Asuntos
Exteriores, suscribe el texto de Amnistía Internacional.
Mujeres de Negro de Madrid
*Colombia: el Gobierno español ignora las consecuencias de su política
exterior en los derechos humanos*
Reunión de ONG y el Ministro de Asuntos Exteriores
Madrid.- Después de una reunión celebrada ayer entre varias ONG y el
Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos,
Amnistía Internacional lamenta que la posición del Gobierno español
continúe siendo ambigua sobre si apoya o no la Ley de “Justicia y Paz”
de Colombia.
Amnistía Internacional insiste en que la Ley de “Justicia y Paz”
garantiza la impunidad de quienes han cometido abusos contra los
derechos humanos y afirma que sin justicia no es posible un final
definitivo para la crisis de derechos humanos colombiana que dura más de
40 años. “Sin una investigación imparcial y el procesamiento de los
culpables será imposible alcanzar la paz”.
Por un lado, Leyre Pajín, Secretaria de Estado de Cooperación, afirmó
que “España ni apoya ni financia la desmovilización” y por otro el
Ministro transmitió a las ONG que “el Presidente español insistió al
Presidente Uribe sobre la necesidad de un mecanismo de vigilancia a la
aplicación de la ley y por eso sugirió que la Unión Europea crease una
comisión para llevar adelante el proceso con todas las garantías. El
Presidente Uribe lo aceptó. España quiere convencer a sus socios
europeos respecto de esta Comisión de Vigilancia”.
Amnistía Internacional ha enviado recientemente al Presidente Zapatero
más de 25.000 correos electrónicos con una petición muy clara: que no
apoye ni política ni económicamente la Ley de “Justicia y Paz”. Sin
embargo la iniciativa del mecanismo de vigilancia de seguimiento de la
aplicación de esta Ley, constituye una legitimación de la misma.
“Es preocupante el desconocimiento del Gobierno español sobre las
consecuencias que tiene apoyar este instrumento jurídico para las
víctimas de un conflicto que en los últimos 20 años se ha cobrado la
vida de más de 70.000 personas y ha provocado el desplazamiento de tres
millones y medio de civiles”, ha declarado Amnistía Internacional.
La organización insiste al Gobierno español que no apoye ninguna
desmovilización de grupos armados ilegales hasta que el gobierno
colombiano haya impuesto garantías que aseguren que todos los miembros
de estos grupos responsables de abusos contra los derechos humanos y los
que los han apoyado militar y económicamente, comparecen ante la
justicia. Estas garantías son parte de las obligaciones internacionales
contraídas por el Estado colombiano con la verdad, la justicia y la
reparación y no están reconocidas en la Ley de “Justicia y Paz”.
*Desmovilización sí, pero de verdad*
Miguel Ángel Moratinos afirmó ayer: “desmovilizar no es malo, es una
buena señal para todo el mundo”. Por ello Amnistía Internacional ha
pedido repetidas veces a los sucesivos gobiernos colombianos que
desmantelen los grupos paramilitares y rompan los vínculos que existen
entre ellos y las fuerzas de seguridad y otros agentes estatales. Sin
embargo desde que las Autodefensas Unidas de Colombia declararon un alto
el fuego unilateral el 1 de diciembre 2002, son más de 2.200 los
homicidios y desapariciones que Amnistía Internacional tiene
documentados por paramilitares.
Hay pruebas recogidas por la organización que demuestran que las
estructuras paramilitares permanecen intactas tras la “desmovilización”,
los paramilitares siguen cometiendo violaciones de derechos humanos en
las zonas donde supuestamente se han desmovilizado, muchos se están
“reciclando” en calidad de informadores a sueldo del ejército, y
continúa la connivencia entre los paramilitares y algunos sectores de
las fuerzas de seguridad.
“La desmovilización no tendrá éxito si el dominio político, económico y
criminal que ejercen los paramilitares en muchas partes del país no se
desmantela y sustituye por el Estado de Derecho. La Ley de Justicia y
Paz no tiene ese objetivo. Es una ley que garantiza la impunidad de los
paramilitares o guerrilleros implicados en violaciones de derechos
humanos, incluidos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, no
hace nada para que sean sometidos a investigaciones judiciales completas
e imparciales y no contribuye a la rendición de cuentas”.
Para Amnistía Internacional, la única forma de conseguir una
desmovilización real es obligar a los paramilitares a cooperar
plenamente con las autoridades judiciales y revelar información sobre
los delitos que ellos y otros combatientes han cometido, los bienes que
han adquirido gracias a sus actividades ilegales y el papel desempeñado
por las fuerzas de seguridad y otros agentes estatales y privados en las
violaciones de derechos humanos.
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*Más información: Gabinete de prensa de la Sección Española de Amnistía
Internacional, Ángel Gonzalo ó Carmen López, Telf., 91 310 12 77 ó 630
746 802. **Documentos y comunicados de prensa: www.es.amnesty.org