CEAR recibe con extrema alarma la noticia de que España suministrará a Colombia
varios carros de combate y obuses valorados en más de seis millones de dólares,
convirtiéndose en el segundo país que le presta ayuda en militar, por detrás de
Estados Unidos. Como organización que da asistencia a los refugiados España y
desde nuestro compromiso con los derechos humanos, no entendemos cómo el
Gobierno español accede a prestar apoyo armamentístico al presidente Uribe,
contribuyendo al recrudecimiento de la guerra y a incrementar la espiral de
represión y violencia que atenaza a la población civil.
La lucha contra el terrorismo no es un argumento con el que se pueda pasar por
encima de la escalofriante realidad colombiana. Según estudios de organizaciones
no gubernamentales (ONG), casi tres millones de colombianos han sido víctimas de
desplazamiento forzado desde 1985 como efecto del conflicto armado, en el que
están implicados grupos guerrilleros, paramilitares de ultraderecha y la fuerza
pública. Con esta decisión, España está armando a un ejército señalado por las
organizaciones humanitarias y organismos internacionales como uno de los
principales agentes responsables de violaciones de los derechos humanos. Un
ejército que, además, se encuentra estrechamente vinculado con los grupos
paramilitares, a quienes el Gobierno garantiza total impunidad frente a sus
crímenes, en virtud del proyecto de ley de «alternatividad penal», además de
reconocerles la apropiación de tierras obtenidas mediante el desplazamiento
forzoso de poblaciones y la práctica del terror.
El Gobierno español se alinea con las tesis de Uribe al repetir que en Colombia
no hay conflicto armado sino «una lucha del pueblo contra bandidos y
terroristas», lo que supone no reconocer el principio de distinción de las
partes que garantizaría el cumplimiento del derecho internacional humanitario.
Curiosamente, este discurso va unido a un ataque del presidente Uribe contra los
defensores de los derechos humanos, a quienes acusa en sus discursos de
«defensores del terrorismo», cuando constituyen una de las principales víctimas
de la violencia.
CEAR hace suya la reivindicación de las organizaciones de derechos humanos en
Colombia, así como de la Federación Internacional de Derechos Humanos, al
reivindicar una política de seguridad que no vaya en detrimento de los derechos
y libertades fundamentales y el fin de la estrategia militar para buscar vías
dialogadas de solución y una paz con justicia social que acabe con cinco décadas
de guerra civil. La llamada política de seguridad democrática del presidente
Uribe, que fue rechazada masivamente por el 75% de los electores colombianos en
el referéndum del pasado 25 de octubre, y con la que supuestamente se trata de
combatir el terrorismo, supone una extensión del conflicto armado a la población
civil, a quien se delegan funciones de seguridad que son propias del Estado.
Dicha política se tradujo el pasado año en casi dos mil detenciones arbitrarias,
situación que se agrava con el establecimiento del Estatuto Antiterrorista
(consignado en el Acto legislativo 223 de 2003) que permite capturas sin orden
judicial, restringe la libre circulación de personas y otorga a los militares
facultades de policía judicial.
El balance de esta «política de seguridad» no puede ser más desolador: durante
el mandato del presidente Uribe van asesinados 13 defensores de los derechos
humanos, 72 sindicalistas y más de 50 líderes comunitarios y campesinos. Entre
junio de 2002 y junio de 2003 se produjeron más de diecinueve asesinatos diarios
en Colombia. La violencia se ejerce cotidiana e impunemente contra los
defensores de derechos humanos, sindicalistas, líderes sociales, campesinos,
indígenas y periodistas, lo que empuja a miles de personas a huir del país cada
año.
El presidente Aznar, conociendo esta realidad, no solamente ha decidido desoír a
la Federación Internacional de Derechos Humanos cuando recientemente recomendaba
al Parlamento Europeo que no contribuyera a la estrategia de guerra del
presidente Uribe, con motivo de su gira europea. Además de avalar la política
del gobierno colombiano, con lo que implica de impunidad, de recorte de derechos
y libertades, de extensión del conflicto a la población civil y de ataques a los
defensores de derechos humanos, España opta por alimentar el conflicto armando a
una de las partes, ciega y sorda ante el clamor internacional que exige el fin
de la guerra civil que ha convertido a Colombia en uno de los principales países
emisores de refugiados del mundo.
Solamente en el año 2003 buscaron protección en terceros países 6.808
colombianos, de los cuales 524 llegaron a nuestras fronteras. No podemos dejar
de señalar que el envío de armas a Colombia por parte del Gobierno español
coincide con una política de cierre de fronteras y de exigencia de visado de
entrada a los ciudadanos colombianos que obstaculiza enormemente su llegada y la
posibilidad de solicitar asilo en nuestro país, inadmitiendo a trámite una gran
cantidad de solicitudes bajo el argumento de que Colombia es un «país seguro».
CEAR denuncia esta política inmoral, irresponsable y contraria al más elemental
respeto a los valores de la paz y los derechos humanos y exige al Gobierno
español que rectifique y prohíba la venta de armas a Colombia, así como al resto
de países en los que existe un conflicto armado o que sufren violaciones de
derechos humanos, y que garantice el acceso al procedimiento de asilo y una
adecuada protección a las personas que llegan a nuestro país huyendo de la
persecución en Colombia, en cumplimiento de los acuerdos y pactos
internacionales suscritos por España.
Para ampliar información, contactar con:
Patricia Rivas, Comunicación Servicios Centrales de CEAR (669 848 098)
Enrique Santiago, Secretario General de CEAR (629 723 548)