Sobre el papel eran dos de las unidades de élite de la Policía Local de Palma, destinadas a controlar el cumplimiento de la ley en los locales de ocio nocturno. En la práctica, según el juez, el GAP y la Patrulla Verde se habían convertido en «una clara y contrastada asociación para delinquir, una organización criminal». Una trama que, como reconoció el propio Ayuntamiento, ya suma al menos 25 agentes imputados y que actuaba «protegida por mandos policiales y ciertos cargos políticos».
El auto dictado el pasado martes por el titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma realiza una descriptiva radiografía sobre un Cuerpo investigado por colaborar con los Ángeles del Infierno, amañar las oposiciones para ascender en el escalafón -todo por «perpetuarse en el tiempo»- y formar una trama de corrupción que incluye extorsión a empresarios de la noche «hasta la asfixia económica» y cohechos que se cobraban con «prebendas» como alcohol y sexo gratuito pagado por los propios empresarios a cambio de hacer la vista gorda en las inspecciones.
El escrito decretaba el ingreso en prisión de cinco de los nueve detenidos la semana pasada, en un nuevo capítulo de la lucha contra esta poderosa «trama delictiva» que contaba, como destaca el magistrado, con la protección «de mandos policiales y ciertos cargos políticos». Actuaban al servicio de sus intereses, en bastantes ocasiones ni lícitos ni legales. Sin embargo, no suponían que iban a ser descubiertos: tenían la «absoluta convicción y seguridad» de que podían cometer delitos impunemente.
Los agentes estaban instalados «de manera permanente en el delito, en sus múltiples y variadas manifestaciones». La conocida causa de la trama de Playa de Palma, sobre la que pesa el secreto de sumario, investiga si durante años favorecieron a determinados empresarios de la noche palmesana y extorsionaron a otros en función de si cumplían o no con unas obligaciones que podían pasar, por ejemplo, por contratar a las empresas de tapicería o aseguradoras que tenían los propios agentes en una doble actividad más que sospechosa.
El auto revela que la Policía fue más allá para instaurar su propio impuesto revolucionario con pagos que podían alcanzar los 500 euros semanales en sobres para que los empresarios pudieran estar tranquilos en sus negocios. El sexo y alcohol gratuitos en los clubes de alterne eran otra forma de pago. Luego estaba la cocaína, que consumían en los locales y que, según declara un testigo, quitaban a «personas de raza negra para después venderla por su cuenta».
El Ayuntamiento de Palma ha reconocido esta semana que, pese a que la causa está secreta, al menos 25 agentes están imputados por una corrupción instalada desde hace años en el Cuerpo. Los agentes honrados que cuestionaron o denunciaron estas prácticas fueron «perseguidos, vilipendiados, amenazados y coaccionados». Los capítulos más esperpénticos hablan de policías acosados «por bandas de rumanos». El más desquiciado, el día que uno de los encausados irrumpió en una reunión de mandos. «Vais a conseguir que con la pistola haga una tontería contra el mariconazo del fiscal y la hija de puta de la juez», espetó.
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