ANA ROMERO
La excarcelación de los drogodependientes permitiría descongestionar las masificadas prisiones y prestar una atención más adecuada a miles de toxicómanos. Así lo entienden el centenar de letrados de 22 colegios de abogados de España que se han reunido en el VII Encuentro de Servicios de Orientación y Turnos de Derecho Penitenciario, coordinado por el Colegio de Abogados de Córdoba y que se clausuró ayer en la Diputación.
En las conclusiones del encuentro, que aún deben ser aprobadas por el Consejo General de la Abogacía Española, los letrados critican el nuevo plan de inversiones en infraestructuras penitenciarias que prevé la creación de 46 nuevas prisiones. En este sentido, los abogados piden al Gobierno que «la inversión económica de dicho plan se destine a la aplicación adecuada del tratamiento a drogodependientes en el exterior». Estos tratamientos, según el escrito de conclusiones al que ha tenido acceso este periódico, «permitirían la excarcelación de miles de personas» y la descongestión de los establecimientos penitenciarios.
ABUSO DE FARMACOS
Los letrados también constatan que «no se están utilizando las figuras penales y penitenciarias que permiten cumplimientos terapéuticos» como alternativa a la pena privativa de libertad e instan a «su aplicación efectiva». En este sentido, consideran que «no puede realizarse distinción alguna en el tratamiento de los drogodependientes, según se encuentren privados o no de libertad».
Asimismo, los abogados denuncian «la dispensa abusiva de medicación, la falta de control que provoca adicciones y el tráfico interno» y reclaman que haya «una adecuada asistencia médico psiquiátrica individualizada y un control efectivo de prescripción de la medicación».
El encuentro también ha abordado los problemas de salud mental y, a este respecto, los letrados exigen a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias la creación de unidades de psiquiatría en prisión, «con dotación suficiente de medios y personal», y también de unidades externas sociosanitarias de tratamiento ambulatorio para enfermos mentales y discapacitados intelectuales. Además, los abogados demandan que «el sistema público de salud se haga cargo de la asistencia y atención médica» dentro de las prisiones.