A finales de 2019, el PSOE y Unidas Podemos formalizaron su acuerdo programático para gobernar juntas durante los próximos cuatro años. Los medios progres se hicieron eco del mismo, ilusionados, asegurando que se habían pactado medidas tan necesarias como regular los precios de los alquileres, derogar la reforma laboral e impulsar una Ley del Clima. Por su parte, los medios fachas y conservadores también lo difundieron, atemorizados, asegurando que se habían pactado medidas tan catastróficas como regular los precios de los alquileres, derogar la reforma laboral e impulsar una Ley del Clima.
Si bien no podemos ocultar la gracia que nos genera el pánico que provoca en la derecha más rancia el gobierno socio-comunista-bolivariano-filoetarra (sic), debemos poner de manifiesto que no nos creemos ni una tercera parte de ese mágico programa que supuestamente modernizará el país, ayudará a la España vaciada y acabará con la brecha salarial, la desigualdad y el patriarcado de un plumazo. Menos de tres semanas después del día en que Pablo Iglesias lloró de alegría en el Congreso tras lograr la investidura de Pedro Sánchez, la vicepresidenta Nadia Calviño ya ha rechazado controlar los precios del alquiler y la ministra de trabajo, Yolanda Díaz, ya ha dejado claro que aquéllo de “derogar la reforma laboral” era un decir.
«Bolivariano», «pro etarras» y «golpistas». Rosa Díez se quedó a «comunistas» de cantar bingo
Evidentemente, hay una buena porción del programa que no se llevará a cabo, porque nunca existió una intención real de que fuera así. Pero también hay una parte que, sencillamente, nunca se recogió en el acuerdo pero que, gracias a una elaborada estrategia de marketing, se coló en el imaginario popular.
Por ejemplo, el pasado 30 de diciembre todos los medios publicaron que el nuevo gobierno derogaría la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza. Sin embargo, leyendo el punto 5.6 del programa resulta evidente que esto nunca se dijo. Se reformará la ley existente, con vistas a que la nueva legislación se encuentre “basada en una concepción progresista de la seguridad ciudadana y priorizará la garantía de derechos y la protección de la ciudadanía, y en particular regulará, entre otros, el Derecho de reunión, la identificación y registro corporal, la identificación de los agentes, y la derogación del artículo 315.3 del Código Penal”.
La falta de seriedad del documento es llamativa. En primer lugar, porque habla de derogar el 315.3 del Código Penal (artículo que permite condenar a un huelguista a 3 años de prisión por impedir acudir a trabajar a esquiroles), una norma penal ajena a la de Seguridad Ciudadana (la cual es administrativa). En segundo lugar, porque “priorizar los derechos de la ciudadanía” realmente no significa nada: quienes tienen que valorar si se están respetando sus derechos siguen siendo policías, a quien la Ley Mordaza dota de amplios poderes (un dato: la policía impone 80 multas diarias por faltas de respeto a sus agentes, lo cual se genera en 3 millones de euros anuales). Y más cuando el encargado de que esta reforma vea la luz del día es el ministro Fernando Grande Marlaska.
Incluyendo en la letra de la Ley que se deberán respetar los derechos fundamentales y que los agentes solo podrán identificar y registrar en casos tasados no pondrá fin a los abusos. Pero vender estos retoques como una victoria desde ciertos sectores de la izquierda genera el riesgo de legitimar una de las normas que más daño ha hecho a los movimientos sociales. Pero no podemos caer en ese error, porque las mordazas son mordazas, con independencia de quién nos tape la boca con ellas.
Fuente: https://www.todoporhacer.org/mordazas-progresistas/