Las autorizaciones para exportar armamento al régimen de Riad pasaron de 13,2 millones de euros en 2018 a 392 millones el año siguiente.
El destino de las armas españolas: la investigación de eldiario.es que desvela el lado más oscuro de una pujante industria.
Pol Pareja
Las buenas intenciones que mostró Pedro Sánchez al llegar a la Moncloa sobre limitar las exportaciones de armamento a regímenes que vulneran los derechos humanos duraron pocos meses. En verano de 2018, el Gobierno congeló de facto las exportaciones de armamento a Arabia Saudí y no autorizó ni un solo contrato de venta a este país durante el resto del año. Los datos de exportaciones de 2019, sin embargo, muestran como tras ese primer semestre el Ejecutivo multiplicó por 30 las autorizaciones para exportar a Riad: de los 13,2 millones autorizados en 2018 -todos durante el primer semestre, cuando el PSOE aún no estaba al frente del Ejecutivo- se pasó a más de 392 millones en 2019.
Así se muestra en las estadísticas españolas de exportación de material de defensa de los últimos dos años, que presentará este lunes por la tarde en el Congreso la secretaria de estado de comercio, Xiana Margarida Méndez. La documentación indica que entre 2018 y 2019 las autorizaciones de exportaciones de armas españolas a todo el mundo alcanzaron una cifra récord: 21.825 millones de euros. Las exportaciones realizadas en este periodo alcanzaron un valor de 7.880 millones, siendo 2019 el tercer año con más exportaciones de la historia.
La decisión del Gobierno de no autorizar nuevas exportaciones a Arabia Saudí se enmarcó en una tendencia que lideró Alemania tras el asesinato del columnista del Washington Post, Jamal Kashoggi, en el consulado saudí de Estambul (Turquía) en marzo de 2018. Durante ese año se siguió exportando armamento a ese régimen desde España, pero porque correspondía a contratos anteriores autorizados por el gabinete de Mariano Rajoy.
En octubre de 2018, Sánchez compareció en el Congreso para justificar la venta de 400 bombas de guiado láser a Arabia Saudí frente a las fuerzas y organizaciones que le pedían que se sumara al embargo anunciado por Alemania. El presidente defendió entonces que lo hacía para cumplir con un contrato firmado en 2015 cuando el PP estaba en el Gobierno y apeló a la obligación de velar por la seguridad jurídica.
En el turno de réplica, Sánchez se desmarcó del régimen de Riad. «El Gobierno no ha vendido armas a Arabia Saudí, no hay nada pendiente, en trámite, ni firmado», aseguró, aunque posteriormente desde el Ejecutivo se aclaró que se refería a ventas directas de material del Ministerio de Defensa y no a las operaciones comerciales de empresas privadas, que suelen suponer más del 90% de las ventas de armamento.
Los datos que se presentarán este lunes en el Congreso, analizados por la campaña Armas bajo control, muestran que la suspensión duró apenas unos meses. En 2019, el Ejecutivo autorizó 22 licencias para exportar armas a Riad por valor de 392,78 millones, divididos en 76,2 millones en munición, 1,3 millones en bombas y 315 millones en aeronaves. El 97% de estos contratos fueron para las Fuerzas Armadas saudíes y el resto para empresas privadas.
Sí que se desplomaron en 2019 las exportaciones que acabaron llegando al régimen saudí, debido a que el año anterior el Gobierno había congelado nuevas autorizaciones. España pasó de ser el sexto vendedor (235,3 millones) al decimoquinto en 2019 (35,4 millones), una tendencia que se revertirá en 2020 tras los nuevos contratos que se autorizaron el año pasado.
Arabia Saudí encabeza la coalición internacional -formada también por Emiratos Árabes, Kuwait, Bahrein, Egipto y Jordania- que interviene en Yemen desde 2015. Diversas organizaciones humanitarias han acusado a esta coalición de llevar a cabo bombardeos indiscriminados sobre la población civil y de violar los derechos humanos reiteradamente desde que se inició el conflicto.
Una investigación de eldiario.es de noviembre de 2019 probó como aviones de fabricación española o con componentes españoles se utilizan para bombardear Yemen o para reabastecer en el aire a aeronaves que después tiran bombas sobre el territorio.
La posición común de la Unión Europea, el Tratado sobre el Comercio de Armas y la ley española 53/2007 establecen que no se debe autorizar la venta de armas a otros regímenes que cometan atrocidades. Sin embargo, las reuniones en las que se toma la decisión sobre si se permite o no exportar, en la que participan representantes de varios ministerios, son secretas y sus actas inaccesibles para la ciudadanía.
El Ejecutivo apuesta por un mayor control
El Ejecutivo ha mostrado su intención de mejorar el control de las exportaciones de armamento español para evitar que se acaben utilizando para vulnerar derechos humanos o fuera del país de destino. El pasado 28 de abril se aprobó un Real Decreto que supone la adopción de un protocolo de verificación para poder controlar mejor el uso y destino de las armas españolas, aunque según el texto este protocolo de verificación no será obligatorio.
Las organizaciones internacionales de control de armamento consideran la medida del Gobierno como un paso positivo, pero señalan que todavía queda mucho margen de mejora e insisten en la necesidad de transparencia del JIMDDU, el organismo interministerial que autoriza las exportaciones cuyo secreto se ampara en la ley de secretos oficiales aprobada en 1968.
A pesar de las autorizaciones a Arabia Saudí descritas en este artículo, desde la llegada de Sánchez a la Moncloa el Ejecutivo sí ha rechazado autorizar algunos contratos para vender armamento e incluso llegó a cancelar algunos que ya habían sido autorizados debido a los riesgos de que se utilizaran contra la normativa internacional.
A finales de 2018 se denegó un acuerdo previo de exportación a la Fuerza Aérea de Emiratos Árabes de 16.000 cuerpos de bombas de aviación (por valor de 176,7 millones) y en octubre de 2019 se denegaron nuevas licencias de exportación a Turquía porque el material era susceptible de acabar siendo utilizado en Siria.
En 2019 también se denegaron exportaciones de grilletes a Israel y de granadas lacrimógenas a Tailandia. El Ejecutivo de Sánchez también rechazó ampliar una licencia de exportación de repuestos y partes de carros de combate para el Gobierno de Venezuela que había sido autorizada por el Ejecutivo de Rajoy durante el primer semestre de 2018.
El Gobierno también vetó la exportación a Nicaragua de 600.000 cartuchos de escopeta unos meses antes de que eldiario.es revelara que el régimen de Daniel Ortega utilizó este tipo de munición de una empresa española para reprimir las protestas estudiantiles de 2018.
El gobierno justifica las exportaciones de armas a Arabia Saudí por la ausencia de embargos internacionales
La secretaria de estado de comercio, Xiana Méndez, asegura que la guerra en Yemen es una «preocupación esencial» para el Ejecutivo.
Pol Pareja
La secretaria de estado de comercio, Xiana Méndez, ha defendido este lunes en la comisión de defensa del Congreso el giro realizado por el Gobierno de Pedro Sánchez respecto a las exportaciones de armas a Arabia Saudí. Según informó este periódico, el Ejecutivo pasó de suspender las autorizaciones para exportar armas a Riad en 2018 a multiplicarlas por 30 al año siguiente. Méndez ha justificado estas exportaciones alegando que no existe ningún embargo internacional que impida realizar ventas al régimen saudí, responsable de la vulneración sistemática de los derechos humanos en la guerra de Yemen.
«No nos consta ni en la Secretaría de Estado de Comercio ni en la JIMDDU [el organismo que aprueba las exportaciones] que haya indicios de utilización de material de empresas españolas fuera de Arabia Saudí», ha señalado Méndez, a pesar de que tanto investigaciones periodísticas como destacadas ONG han probado lo contrario, un aspecto que le han recordado los representantes de grupos como EH Bildu o ERC.
«La situación en Yemen es una preocupación esencial de la JIMDDU», ha proseguido la secretaria de estado de comercio. «La ONU estableció un embargo a las personas y entidades implicadas en el golpe de estado en Yemen, pero no estableció un embargo a los países citados [Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos]».
Méndez ha insistido en que, para el Ejecutivo, la principal prioridad a la hora de autorizar exportaciones de armamento es siempre la preservación de los derechos humanos. «No hay ningún otro elemento que tenga más peso que este, ni siquiera el interés económico o de preservar empleos», ha asegurado.
A pesar de que la comparecencia en el Congreso para detallar las exportaciones y autorizaciones de armamento español se debe realizar anualmente, hacía ya dos años que el comercio de armas no se sometía al control parlamentario por culpa de la repetición electoral y el periodo en funciones en el que estuvo el Ejecutivo durante 2019.
Los únicos grupos parlamentarios que han cuestionado las relaciones comerciales con Arabia Saudí han sido EH Bildu y ERC, mientras que el resto de fuerzas han apoyado al Ejecutivo en este aspecto y han centrado sus críticas en la falta de transparencia a la hora de informar sobre las exportaciones de armamento.
«¿Cuál ha sido el criterio para pasar de suspender autorizaciones a multiplicarlas por 30?», ha preguntado en varias ocasiones Jon Iñarritu (EH Bildu). «Siguen apareciendo armas españolas en conflictos de todo el mundo, ya sea Libia o Yemen», ha remachado el diputado. «Me preocupa que diga que no le consta».
Méndez ha reiterado que las exportaciones a estos países son objeto de un «análisis más reforzado» desde mediados de 2018 y ha señalado que las autorizaciones de 2019 se deben al interés del Gobierno en «mantener la competitividad y especialización de la industria española» en el sector.
Críticas a la falta de transparencia
Tanto los grupos de la derecha -PP, VOX y Cs- como Unidas Podemos y PSOE se han alineado con el Ejecutivo a la hora de defender las exportaciones de armas a países que están inmersos en conflictos, como el caso de Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos.
Las únicas críticas en las que han coincidido todos los grupos parlamentarios -con la excepción de los que están en el Gobierno- ha sido en la necesidad de que haya una mayor transparencia del Ejecutivo a la hora de informar sobre las exportaciones de armamento.
Las críticas se han dirigido al hecho de que hacía dos años que no se celebraba esta sesión en la comisión de defensa y también al hecho de que las actas de la Junta Interministerial de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU) son secretas a día de hoy gracias a la ley de secretos oficiales.
Méndez ha respondido que la autorización de licencias para exportar son un «acto administrativo» y que el control parlamentario de estas licencias ya se realiza mediante la comparecencia anual ante la comisión de defensa. Ha destacado, además, las nuevas medidas tomadas por el Gobierno para reforzar el control del material español una vez se ha exportado a países donde hay riesgo de que se utilicen para vulnerar los derechos humanos.
El Diario