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«Quieres que me confine cuando regrese a mi casa después de atravesarme todo Madrid en un metro atestado para limpiar tus calles, para cuidar a tu padre enfermo, para servirte comida, para dejarte el paquetito de Amazon en tu alfombra». La frase de los vecinos del sur de Madrid es ilustrativa. No creen que el «confinamiento selectivo» sea una casualidad y lo achacan a la «desigualdad, a la inequidad y a décadas de olvido».
Por ello, este domingo saldrán a la calle para protestar contra las restricciones, para reclamar una mayor inversión en sanidad y para exigir la dimisión de la presidenta autonómica. El lema de las manifestaciones, convocadas a mediodía en varios escenarios, será Por la dignidad del sur, paramos Madrid. «Los barrios obreros», advierte un manifiesto al que se han adherido diversas asociaciones, «no pagarán las consecuencias de su nefasta gestión». Y obreros son los migrantes y las minorías que viven en el sur de la capital y que sufren una doble exclusión.
«Este confinamiento es un ataque a la población migrante y gitana del sur de Madrid, pero no es algo nuevo. Simplemente, estas medidas han dejado ver el ataque y odio tan brutal de las políticas de Isabel Díaz Ayuso», critica Silvia Agüero, vallecana y responsable de la asociación Pretendemos Gitanizar el Mundo. «Lo que quiere la presidenta madrileña es controlar sin tener que gastarse mucho dinero. ¿Y cómo hace eso? Pues por la fuerza, recurriendo a la Policía», añade la activista del Comité de Emergencia Antirracista, convencida de que deberían «cerrar» todo Madrid. «Sin embargo, señala a los barrios del sur, donde hay una mayor proporción de contagios de coronavirus porque se hacen más PCR», cree Agüero, quien considera que así se refuerzan «guetos creados por el poder que relegan a la miseria a todas las personas racializadas».
Adriana Zumarán, miembro de Peruanxs en Madrid, tampoco se queda en la superficie e intenta profundizar en una situación que trasciende este confinamiento. «Forma parte de un proceso sistemático. La extrema derecha hace su papel de estigmatizar y señalar a determinadas comunidades, colocando en otros un problema que debería ser colectivo y pensado de una manera integral. Lamentablemente, desde el Gobierno tampoco hay una actitud decidida para frenar los delitos de odio, que es precisamente lo que está haciendo Ayuso: incitar al odio», añade la activista, que forma parte de diversas entidades en defensa de los migrantes, más vulnerables tras las restricciones que afectan a su movilidad. «No hay políticas públicas de atención a los extranjeros y a los que trabajan en condiciones de explotación, quienes no pueden trabajar ni tampoco acceder a ayudas».
Obrero, migrante y sin papeles. Ese sería, según las asociaciones, el más perjudicado por las normas dictadas por la Comunidad de Madrid, que han llevado a más de ochenta asociaciones sociales y de inmigrantes a firmar un manifiesto para exigir la dimisión de Ayuso. «Ha desatendido los barrios que sufren los efectos de la pandemia. Barrios en la que la población en general —y no sólo la migrante— vivimos hacinadas, con centros de salud cerrados o colapsados, sin inversión en la sanidad pública. Las políticas públicas son determinantes de la salud. En nuestro caso, la Ley de Extranjería es el instrumento que permite la explotación laboral, la falta de acceso a una vivienda digna y hace posible la discriminación institucional que impide que accedamos a recursos sociales incluso en el contexto de pandemia», reza el texto, al que se han adherido trescientos ciudadanos y personalidades de diversos campos.
Los firmantes exigen su dimisión «por sus declaraciones racistas, que incitan al odio y no guardan ningún respeto ni consideración a la población que compone una parte importante del tejido social de Madrid», en referencia a su intervención el pasado martes en el Parlamento autonómico, donde culpó a los migrantes residentes en el sur de la capital de la alta tasa de contagios de coronavirus en la región. «Se están produciendo, entre otras cosas, por el modo de vida que tiene nuestra inmigración y por la densidad de población en estos distritos y municipios. Es una forma de vivir en Madrid», afirmó Ayuso, quien según Adriana Zumarán ha descargado «la responsabilidad de proteger a toda la población en un determinado colectivo, de modo que lo estigmatiza, algo que resulta muy peligroso».
Por ello, Peruanxs en Madrid considera que es necesario regularizar a las personas sin papeles por su vulnerabilidad. «Las personas sin contrato no pueden salir de sus barrios, ni protegerse ante los despidos, ni acceder a los subsidios por desempleo ni a las ayudas. Si no se encuentran bien y son obligados a trabajar, estarán más expuestos al coronavirus y sufrirán el colapso de la sanidad. Han limitado su circulación sin darle alternativas», denuncia la activista, quien se queja de los controles que establecerán las fuerzas de seguridad para evitar la movilidad. «Para los migrantes, esta situación de persecución policial no es nueva, pero sí bastante diferente a la que puede vivir una persona con papeles», añade Zumarán, quien asegura que embarazadas y niños se están viendo afectadas. «Su acceso a la salud siempre está condicionado, pero ahora está peor, porque hay gente a la que no están atendiendo por no tener papeles».
Un millón de pruebas PCR
La Comunidad de Madrid realizará esta semana un millón de tests rápidos PCR en 37 áreas sanitarias con más incidencia de coronavirus para identificar nuevos contagios. Fuentes de la Consejería de Sanidad no explican el procedimiento. «El operativo se detallará en su momento», explican desde el departamento, que remite a la reunión de coordinación en el ámbito del Plan Territorial de Protección Civil (PLATERCAM). Prevista para este domingo, en el encuentro se decidirán cuáles son las condiciones de actuación. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ofrecido la ayuda del Ejército para efectuar las pruebas y la respuesta de la Consejería a Público es que contarán con los militares «progresivamente, según se vayan formando».
En paralelo, la Policía vigilará que no se produzcan desplazamientos sin causa justificada (trabajo, colegio, médico, trámites administrativos…), aunque las excepciones podrían suponer un coladero a la hora de atajar la transmisión del virus. «Así se ha hecho en otras comunidades y, si se cumplen, ayuda a doblar la curva», justifican fuentes de Sanidad, que no ven discriminación alguna respecto a los migrantes y las minorías de los barrios del sur de Madrid. «Se ha establecido por criterios técnicos», responden, sin especificar qué sucederá con los trabajadores sin papeles o sin contrato laboral, una economía sumergida que corre el riesgo de ahogarse. «Esto se establecerá en el operativo. Hablamos de una decisión técnica sin ningún otro tipo de connotaciones», insisten desde la Consejería.
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