Ayer, tercer día hábil de enero y tras una reunión de más de hora y media con el presidente de la Generalitat Francisco Camps y su equipo de la Conselleria, presentó las líneas maestras de lo que van a ser sus objetivos de gestión en 2006. Sostenibilidad, restricción y proteccionismo conjugarán este año con desarrollo urbanístico e impulso al sector de la construcción como generador de «riqueza y empleo», dijo Blasco.

El conseller presentó la nueva Ley Urbanística Valenciana -que finiquita la LRAU- como el instrumento que completa el mapa legislativo que permitirá al Consell disponer de un modelo «completo integrado y coherente» para «liderar» la política urbanística territorial. Anunció que en el plazo de tres meses se aprobarán tanto el reglamento de la LUV como de la Ley de Ordenación del Territorio (LOTPP); avanzó que este ejercicio se completarán las declaraciones de la Tinença de Benifassà y el macizo del Penyagolosa como parques naturales; y mostró una faceta «más restrictiva» incluso que la de la Confederación Hidrográfica del Júcar al asegurar que no se autorizará ninguna actuación urbanística que no acredite que cuenta con recursos hídricos.

Tras la exposición de sus planes principales se sometió al examen de los periodistas. Fue entonces cuando dijo que el desarrollo del urbanismo en la Comunidad goza todavía de buena salud. Tras manifestar que apenas se ha urbanizado un 3,9% del suelo valenciano, aseguró que el territorio autonómico todavía puede llegar a urbanizar hasta un 6% o un 7%, casi el doble actual, cifra que equiparó a las de otras regiones como Baleares, Almería, Cataluña o Madrid, esta última autonomía con un 11% de su suelo urbanizado. El titular de Territorio reconoció sí que la Comunidad está sufriendo una notable presión sobre el litoral y ha experimentado un «desarrollo urbanístico acelerado».
Preguntado sobre la avalancha de PAIs presentados en los últimas semanas, antes de que expire el 30 de enero la disposición transitoria que permite a los planes presentados regirse por la LRAU antes de esa fecha, Blasco aseguró que «nadie se va colar por 15 o 20 días», pero hasta en tres ocasiones evitó concretar cómo impedirá que planes presentados antes de fin de año se tramiten por la LUV. Se limitó a decir que ningún PAI romperá «los criterios de sostenibilidad». Sobre la posibilidad de que esa disposición transitoria, cuestionada por la Comisión Europea, termine en el Tribunal Europeo, Blasco aseguró que no le cabe en la cabeza que nadie alcance a ese extremo, dijo que su departamento ha cumplido y responsabilizó a la legislación estatal de posibles apercibimientos.