Ante las últimas masacres de los paramilitares en Colombia

Lamento lo duro de las imágenes, pero es así de dura, violenta la situación
del país, e impunes tantas violaciones, así que hay que verlo como es y lo
importante es dar respuesta a tanto atropello. Por favor no nos dejen solos; una
carta, mensaje nos ayudaría mucho, por lo menos a no sentirnos abandonados en
tantas formas de muerte e indignidad. Las muertes y demás atropellos se suceden
a diario y en diferentes departamentos de ese bello país, así que ahí le dejamos
esta nueva inquietud… Gracias de antemano

Paramilitares asesinan a veintidós campesinos en Curumani

Bogotá D.C., diciembre 9 de 2005

La Asociación Para la Promoción Social Alternativa Minga, informa a la opinión
nacional e internacional, que paramilitares en proceso de negociación con el
gobierno nacional, retuvieron, torturaron y ejecutaron a veintidós (22)
campesinos en las veredas La Más Verde y Nuevo Horizonte, municipio de Curumaní,
Cesar.

Los hechos son los siguientes:

1.. Los días 4 y 5 de diciembre de 2005, un grupo de aproximadamente 200
hombres armados y uniformados, que se presentaron como integrantes del Bloque
Norte de las Autodefensas, bajo el mando de alias Jorge 40, incursionó en las
veredas La Más Verde y Nuevo Horizonte, corregimiento de Santa Isabel, municipio
de Curumaní, Cesar; lugares donde cometieron todo tipo de atropellos y vejámenes
contra la población civil y retuvieron a un número indeterminado de personas, de
las cuales veintidós fueron, hallándose en estado de indefensión, asesinadas con
armas de fuego y corto punzantes.

2.. Los paramilitares, antes de ejecutar a estas personas, las sometieron a
suplicios y humillaciones. Igualmente hurtaron ganado y otros bienes de los
pobladores de esa zona rural de Curumaní.

3.. Entre las campesinos asesinados se ha identificado a: el señor CARLOS
JULIO HERNANDEZ TRIANA, de 64 años de edad, cuyos restos mortales fueron
inhumados en una fosa común en la vereda La Más Verde dado el estado de
descomposición en el que se hallaban; y los labriegos ELIDEZ RAMIREZ PINEDA y
HECTOR JULIO MANZANO, cuyos cadáveres, junto a dos N.N., fueron levantados por
el ejército nacional y traslados a la cabecera urbana de Curumaní. Los otros 17
cadáveres permanecen expuestos, desde hace cinco días, a la acción de la
intemperie y los animales de carroña, en las veredas La Más Verde y Nuevo
Horizonte, sin que autoridad judicial o policia haya realizado esfuerzo alguno
para recuperar e identificar esos restos.

4.. Los paramilitares, que ingresaron y salieron de esas zonas sin haber
hallado oposición alguna de la fuerza pública, mantuvieron bloqueados hasta el 7
de diciembre de 2005 a los residentes de las regiones agredidas, impidiendo el
ingreso y salida de personas; para luego retirarse a las bases que tienen
ubicadas en los municipios de Curumaní y Pailitas, Cesar.

5.. Los habitantes de las zonas rurales del corregimiento de Santa Isabel,
Curumaní, soportan altos grados de ansiedad y temor por los hechos sucedidos, y
dificultades para abastecerse de alimentos y medicinas.

Bogotá D.C., diciembre 9 de 2005

RED DE HERMANDAD Y SOLIDARIDAD – COLOMBIA

redher@redcolombia.org
redeuropea@redcolombia. www.redcolombia.org

Carta a Uribe

A/A de Dr. Álvaro Uribe Vélez, Presidencia de la República

Sr. Presidente Uribe,

Le enviamos esta carta abierta todavía afectados por las noticias de los
sucesos del municipio de Curumani, de los que damos cuenta y relación más abajo.

No por la frecuencia en que nos llegan este tipo de hechos desde hace años, las
ya incontables e inolvidables víctimas de la violencia social y política que
vive Colombia, están dejan de afectarnos. A algunos de ellos y ellas les hemos
recibido en nuestra tierra, alguno vino para denunciar las amenazas y acoso
sobre su comunidad y, efectivamente, fue asesinado a su regreso y su comunidad
tuvo que «desplazarse»; hemos escuchado sus testimonios, sabemos de su
sufrimiento. A algunas las hemos visitado en su País, Colombia, hemos podido
comprobar el testimonio que han dado, incluso como las amenazas de que eran
objeto se han cumplido más tarde y como algunas de las personas que nos han
acogido en sus casas han sido posteriormente asesinadas; hemos comprobado y
filmado las objetivas circunstancias de injusticia, hemos profundizado nuestro
conocimiento acerca de las causas y las consecuencias de una de las
confrontaciones más desgarradoras en el planeta.

Por ello ahora, ante esta nueva prueba de la violencia paramilitar que no cesa
pese a sus promesas, de la impunidad en que siguen produciéndose acosos,
amenazas y matanzas entre los campesinos. Ante nuestra responsabilidad como
ciudadanos de un Estado, España, cuyo Gobierno acaba de comprometer con el suyo,
Colombia, una «ayuda» en aviones militares (que denunciamos como venta de
armamento a un país en conflicto armado y donde se vulneran los Derechos
Humanos). Ante estos últimos hechos que relatamos, según nos han llegado, más
abajo les pedimos su atención a las siguientes y justas demandas:

– Al gobierno nacional: a) garantizar la vida, integridad personal,
libertad y bienes de los pobladores del corregimiento Santa Isabel, municipio de
Curumaní; b) brindar asistencia psicosocial y material a las víctimas de la
incursión paramilitar, c) neutralizar y combatir al grupo paramilitar
responsable de esta masacre; y d) informar a la opinión pública si el grupo
responsable de los hechos denunciados, ha roto las negociaciones con la
administración del presidente Uribe Vélez e incumplido el cese de hostilidades.

– A la Fiscalía General de la Nación, enviar de manera urgente a la
zona de consumación de la masacre, una comisión judicial que se encargue de
hacer los levantamientos, identificar y entregar a sus familiares los cadáveres
de las víctimas, y juzgar y sancionar a los responsables de los hechos
denunciados.

– Al Dr. SERGIO CARAMAGNA, encargado de La Misión de Acompañamiento
de la OEA al Proceso de Paz con los paramilitares, verificar la denunciada
violación al cese de hostilidades por parte de la estructura delincuencial
dirigida por alias Jorge 40 y emitir un informe público sobre este hecho.

Atentamente,

Antonio Arnau

Carta a las autoridades colombianas sobre el asesinato de un bebé por paramilitares

Città di Narni, Città per la Pace

Capofila Rete Italiana di Solidarietà con le Comunità di Pace Colombiane

Ufficio per la Pace

Para vuestro conocimiento enviamos la carta escrita por el Alcalde de Narni
sobre la denuncia de Justicia y Paz relativa al asesinado de una bebé del
Cacarica de tan solo un mes, al parecer por manos de paramilitares .

Carla Mariani ( oficina por la paz, tel y fax 00 39 0744 747269)

From: CARLA MARIANI

To: Vicepresidente de Colombia – dr. Francisco Santos
Cc: Defensoria nacional del Pueblo ; Defensoria Nacional del Pueblo ;
reygon@procuraduria.gov.co ; dgil@procuraduria.gov.co ; Fiscal General de la
Nacion dr. MARIO IGUARAM ; Fiscal General de la Nacion ;
llermi.reina@fiscalia.gov.co ; Director Programa presidencial DDHH carlos Franco
Echevarria ; fabio.messineo@esteri.it ; Ambasciata Colombiana in Italia
biancamaria Morichelli ; Corte Interamericana dei Diritti Umani ; Mision
permanente de Colombia ONU Ginevra ; Alto Commissario ONU DDHH Director Adjunto
; jmonge@hchr.org.co ; maria.gotsi@cec.eu.int ; AGNOLETTO Vittorio ; AGNOLETTO
Vittorio ASSISTANT ; Enrico Pianetta – Pres. Commissione diritti umani Senato ;

LA MUERTE INOCENTE POR PARAMILITARES

“Un clamor se ha oído, mucho llanto y lamento: esa madre que llora a sus hijos, y no quiere consolarse, porque ya no existen”. Mateo 2, 16-18

RESUMEN

El pasado 27 de noviembre en horas de la madrugada tres paramilitares asesinaron a un bebe que se encontraba con sus padres en un hospedaje en el municipio de Río Sucio, los “civiles” armados de la estrategia paramilitar acusaron a su padre, habitante del Cacarica, WILBER GASPAR de ser guerrillero. WILBER se encontraba con su mujer a quién intentaron forzar violentamente, cuando este miembro del Consejo Comunitario del Cacarica defendió a su mujer, los paramilitares intentaron ahorcarlo y golpearon a su bebe hasta que este murió. Posteriormente WILBER fue llevado con custodia de autoridades a una instalación oficial, argumentando que lo hacían para protegerlo.

Mientras tanto, los victimarios continuaron moviéndose por el casco urbano sin que se conociera alguna actuación efectiva de detención de los responsables de los múltiples delitos. Días atrás, estos mismos paramilitares participaron en las reuniones que se vienen desarrollando con habitantes de la región del Bajo Atrato para conformar Cooperativas de Seguridad y Cooperativas Agroindustriales en sustitución de las estructuras paramilitares que se desmovilizarán. Simultáneamente se conoció el anunció de la creación de una nueva estructura paramilitar “Héroes del Atrato” que tendría el propósito de incentivar a marchadas forzadas el control poblacional y territorial para los proyectos agroindustriales de palma, de banano, de madera.

Días después, en desarrollo de las operaciones cívico militares, denominadas de Impacto Rápido, en Bocas de El Limón en la Cuenca del Cacarica, el funcionario del Ministerio del Interior, del Programa de Comunidades en Riesgo, GERMAN SANCHEZ, descalificó la postura de los habitantes de las Zonas Humanitarias del Jiguamiandó, que se negaron a recibir la ayuda humanitaria con presencia militar y como condicionamiento para la respuesta a las medidas provisionales y se puso en tela de duda la honestidad de las ONG que acompañan en el Cacarica.

Mientras la postura del Gobierno Nacional continúa siendo cuestionante frente a la propuesta de Zonas Humanitarias y las Zonas de Reserva de la Biodiversidad, continúa una actitud tolerante en el Cacarica con el desarrollo ilegal de proyectos agroindustriales de banano primitivo o “baby” por parte de la empresa Multifruit en caseríos que han sido de absoluto control paramilitar donde se implemento una contrarreforma agraria entre 1.997 y el 2005 y en los que ahora se desarrolla una estrategia de control social y territorial. En desarrollo de las prácticas de privatización territorial se ha realizado una serie de reuniones en Necoclí, la última de ellas, al parecer el domingo 18 de diciembre, en el marco de actividades del Plan Colombia en el que se estás definiendo propuestas dentro del Territorio Colectivo del Cacarica que no consultan las propuestas de las comunidades. Mientras tanto se intensificó la compra ilegal de tierras en Barranquilla, y en Bogotá.

SOLICITUD

A las organizaciones de Estados Unidos de iglesias y derechos humanos

Solicitar al Gobierno de su país, a los organismos de control internos, además del condicionamiento de derechos humanos, un control y condicionamiento urgente al apoyo al programa de protección en Comunidades en Riesgo, seriamente cuestionado por este tipo de intervención y la veeduría a la ayuda de los Estados Unidos dirigida en la región del Bajo Atrato la que podría estar siendo utilizada para afianzar la impunidad, el desconocimiento de los derechos de las víctimas y la contrarreforma agraria.

Ver adjunto hechos en detalle y líneas de interpretación

Bogotá, D.C Diciembre 28 de 2005

COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ

HECHOS EN DETALLE

* Domingo 27 de noviembre, a la 1:00 a.m. irrumpieron al Hospedaje Casablanca del municipio de Riosucio, tres “civiles” armados de la estrategia militar encubierta, quiénes ingresaron a la habitación de WILMER GASPÁR y su esposa BARTOLA ROLDAN y su niña de 31 días de nacida, habitantes del Cacarica, que se encontraban allí en espera de una atención médica.

Los paramilitares intentaron acceder carnalmente por la fuerza a ALBERTINA, ante las reacciones de la mujer y de su marido WILMER, a este lo acusaron de guerrillero. WILMER grito solicitando ayuda y forcejeo con los victimarios, quiénes por la ubicación de la bebe en la cama, la golpearon y segundos después el campesino fue sometido por los tres hombres y ahorcado con su propia camisa.

Ante el bullicio, la reacción del resto de los ocupantes del hospedaje no se hizo esperar, logrando que la policía hiciera su aparición minutos después, mientras los paramilitares salieron en pasmosa tranquilidad y se ubicaron en una tienda de bebidas. Entre tanto, WILMER fue llevado por las unidades policiales en medio de la presencia de los victimarios, afirmando: “no los llevamos por su seguridad”. La policía posteriormente informó a la Fiscalía de lo sucedido para que se le recepcionara una declaración.

En horas de la mañana WILMER y su esposa regresaron al Cacarica.

* Sábado 10 de diciembre durante el día se produjeron cuatro aterrizajes de helicópteros desembarcando alimentos y medicinas en el caserío de Bocas de El Limón.

* Domingo 11 de diciembre, a las 9:30 a.m. aproximadamente en un helicóptero militar del que desembarcaron entre otras personas GERMAN SANCHEZ, funcionario del Ministerio del Interior, del Programa de Comunidades en Riesgo financiado con cooperación de la ayuda de los Estados Unidos y la funcionaria de la cancillería JANETH LOZANO.

El funcionario del Ministerio del Interior buscó en el lugar a uno de los integrantes de CAVIDA, entre ellos a MARCO VELASQUEZ, a quién abordó expresando que era importante que la jornada de impacto pudiera acceder a las Zonas Humanitarias Nueva Vida” y “Nueva Esperanza en Dios”. El líder afrodescendiente expresó que esos no eran los procedimientos, la aceptación de la ayuda con presencia militar no genera protección y va contra lo que se está afirmando desde las Zonas Humanitarias y los involucra en el conflicto armado, “tenemos muchas necesidades, es deber del Estado responder, pero la manera como se hace pone en riesgo a la población”(…) nNinguna definición en CAVIDA la asumo yo solo, pero es claro desde el Proyecto de Vida, que nosotros no aceptamos ese proceder”

El funcionario del programa de Comunidades en riesgo expresó: “propongo una reunión el 15 o 16 de enero para elaborar una agenda para todo el año” agregó que, “la decisión de terminar la Comisión Mixta de Verificación se envió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH” (…) El gobierno no puede parcializarse en los conflictos, afirma que ha habido mucha inversión, muchos euros por cada familia pero no se ve

El afrodescendiente expresó, es claro que no hay imparcialidad del gobierno, que ellos de tiempo atrás tienen una postura de respaldo a lo que es conveniente a la política de seguridad, y en relación con los proyectos agregó que si se refería a los productivos y de de vivienda y la canalización las interventorías eran las que se quedaban con el dinero. El funcionario de las Comunidades en Riesgo expresó: “ es igual que las ONG, entra mucha plata para las comunidades y se queda en las ONG que ejecutan”

MARCO VELASQUEZ expresó: si hubiera llegado plata para ellos y no se hubiera ejecutado bien ellos lo sabrían. De CAVIDA y de Justicia y Paz, se dicen muchas cosas, que son mentiras. Si usted tiene dudas actúe, investigue, verifique sí es verdad o mentira, lo que nosotros decimos y lo que dice de nosotros y de CAVIDA. Y espero que todo esto quede por escrito, y que usted promueva esas investigaciones y dejen tantas falsas acusaciones

GERMAN SANCHEZ se refirió a las Zonas Humanitarias del Jiguamiandó expresando: allá se veían las caras de tristeza y hambre, la gente se veía que querían recibir la ayuda y que los coordinadores no los dejaban”. El afodescendiente expresa: “nosotros somos comunidades hermanas, estamos en lo mismo, ni en el Jiguamiandó ni en Cacarica Cavida vamos a recibir nada con esos procedimientos y esa militarización. Nosotros estamos de acuerdo en muchas cosas, pero así no se hacen las cosas. Tenemos Proyecto de Vida, tenemos principios de vida, estamos en las Zonas Humanitarias Nosotros la empezamos en el 2001, fue la primera en Colombia y así se fueron creando nuevas y más, y por eso sentimos lo mismo, nosotros sabemos de la guerra, usted viene y se va”

GERMAN SANCHEZ, cambiando la actitud expresó que se iba a realizar un Seminario o sobre Zonas Humanitarias, agregando creo que sería bueno que a ustedes los inviten a hablar, eso está dando resultados a la población. El afrodescendiente expresó:.“no sabemos qué es, pero nadie ha consultado sobre ese seminario, eso es de espaldas a nosotros y es un nuevo desconocimiento.

* Martes 20 de diciembre, delegados del Gobierno Nacional adscritos en el programa del Plan Colombia, en horas de la mañana manifestaron que se encuentran desarrollando una serie de reuniones en el municipio de Necoclí en lo que están participando delegados de las comunidades del Bajo Atrato para la implementación de diversos proyectos.

Ese mismo día, los afrodescendientes del Cacarica conocieron que la empresa, al parecer de nombre Multifruit, es la que se encuentra implementando el proyecto agroindustrial de primitivo, o “baby”. Este proyecto se desarrolla en La Balsa, San José La Balsa, por pobladores foráneos de la región, sin que los Consejos Comunitarios del Cacarica hayan sido consultados o se conozca la existencia de alguna autorización real para que este proyecto de más de 1000 hectáreas de siembra se implemente, al lado de ganadería extensiva. En la actualidad se encuentra sembradas 100 hectáreas del primer plan de siembra, y se expresa que se encuentran por operar 33 asociaciones campesinas empresariales dentro del Territorio Colectivo del Cacarica.

La siembra coincide con los lugares de deforestación de la empresa maderas del Darién, filial de Pizano S.A, y en los que hasta hace menos de un año y medio operó con uniformes, vestidos de camuflado una base paramilitar que ahora se transformó en esquemas de seguridad paramilitar que combina armas cortas y largas pero vestidos de civil. Caseríos del Territorio Colectivo del cual los paramilitares desplazaron hace menos de dos años a las comunidades que allí habitaron entregando las propiedades a otros pobladores venidos de Córdoba y Urabá

* Miércoles 28 de diciembre, nuestra Comisión de Justicia y Paz conoció de una inusitada compra de mejoras familiares ilegales en la comunidad de Barranquillita, Territorio Colectivo del Cacarica, sin que se surtan los trámites que contempla la ley 70. Igualmente se rumora que la misma situación se presenta en el caserío de Bogotá.

LINEAS DE INTERPRETACION

En silencio, sin asombro, parte de la costumbre es la muerte violenta. Muerte de una bebe de 31 días de nacida, a manos de tres paramilitares que actúan en el Bajo Atrato en medio de la complacencia institucional civil, policial y militar. Nada escandaliza, por eso la reedición de nuevas formas paramilitares están a la orden del día a través de cooperativas de seguridad promocionadas por las estructuras paramilitares que se piensan desmovilizar o a través de nuevas estructuras armadas no institucionalizadas a través de las cuales se desarrollará una nueva fase de violencia selectiva y de presión familiar para imponer el desarraigo o modelos de desarrollo agroindustrial disfrazados como mecanismo de paz -pacificación- y de reconciliación. Eso significa la dualidad que se proyecta a través de la desmovilización con nuevas estructuras legales de seguridad y la nueva estrategia ilegal los “Héroes del Atrato”.

No deja de causar entonces extrañeza, el cinismo con que se abordan los problemas estructurales del conflicto armado y las prácticas que pretenden humanizar las condiciones en que habitan los afrodescendientes. La atención humanitaria se convierte en un mecanismo de refrendación de la legalidad, ocultando los abusos, negando la memoria. Bajo la pretensión del consentimiento de la población se niegan las causas reales de lo que sucede, de lo que ha sucedido y de lo que sucederá. A cambio de una acción integral sobre los factores de riesgo que se acuñan en la misma institucionalidad que ha inspirado las estructuras paramilitares y o que convive con la siembra de coca y con el desarrollo ilegal de proyectos agroindustriales como el banano, la palma, la ganadería extensiva en caseríos dentro del Territorio Colectivo, pero sobre los que existe un absoluto control paramilitar, los programas, y las acciones gubernamentales cuestionan a las comunidades, deslegitiman la función de las organizaciones acompañantes. La absoluta inversión de los principios, de los valores y de los deberes de los funcionarios sustenta acciones humanitarias, en realidad el humanitarismo, bajo el cual se pretende sustituir el deber de garantías para que los pueblos afrodescendientes sean quiénes definan su modo de habitar, de vivir, de sembrar en el Territorio. Los pueblos afrodescendientes son sujetos de derecho no sujetos de mendicancia, son sujetos de libertad no de nuevas formas de dominación militar, territorial y económica.

Muchas de las siembras ilegales que desconocen los derechos de los afrodescendientes, las existentes y las que se proyectan se realizan con recursos del Plan Colombia. Estos a su vez se proyectaran como el mecanismo de reconciliación entre las víctimas y los victimarios, sin importar un proceso auténtico de verdad, de justicia y de reparación y el desarme estructural del paramilitarismo. No hay paz, hay una apariencia bajo la cual se oculta el crimen, se legaliza la ilegalidad, y se financia a través de impuestos pagos por ciudadanos de los Estados Unidos, por lo que hoy se requiere una mirada vigilante, que evite la repetición de nuevos crímenes, la institucionalización de la impunidad, la destrucción de vidas humanas con imposición de medidas de fuerza cuando las estructuras criminales se burlan de las víctimas, y se recrean las nuevas formas de colonización. En el bajo Atrato el Estado de Hecho es una realidad. Allá no hay Derecho. Solo fuerza, solo corrupción, solo impunidad, solo silencio. Solo progreso teñido de sangre, de olvido y destrucción ambiental. Ahí solos, sitiados, marginales los afrodescendientes de las Zonas Humanitarias afirman su derecho a la vida y al Territorio. Ahí solos, ante la imposición, se niegan a mercantilizar su vida su territorio, a negociar en escenarios humanitarios, la construcción que realizan desde el 2001 y desde la cual algunos buscan usufructuar reconocimientos y prestigios. Ahí juntos entre ellos y con unos pocos acompañantes afirman sus planes, sus iniciativas y propuestas. Ellas y ellos hablan, denuncian, se asombran ante la barbarie disfrazada con nuevos nombres y palabras.

Bogotá, D.C 28 de diciembre de 2005

COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ